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Puerto Rico afronta una de las crisis más agudas de toda su historia, la deuda pública para el año 2017 es de aproximadamente 74.000 millones de dólares, lo cual representa con respecto al PIB el 99% del mismo; es decir, que la deuda pública es semejante a la producción anual de la isla, evidenciando la insostenibilidad de esta y la catástrofe económica que se cierne.
La deuda pública con respecto a la población actual de Puerto Rico |1| es aproximadamente de 19.867 dólares; es decir que cada individuo en Puerto Rico lleva en sus espaldas una deuda de aproximadamente 20.000 dólares, lo que representa un poco más de lo que percibe un trabajador anualmente en el país.
Frente a estos datos surge el interrogante sobre cómo Puerto Rico ha llegado a tal crisis económica. Para poder responderla es necesario remitirse a la historia del país caribeño y su relación colonial de más de un siglo con Estados Unidos tras el traspaso del poder colonial desde España en el año 1898.
1. Mirando atrás: Permanencia del colonialismo, traspaso entre hegemonías.
A finales del siglo XIX, Estados Unidos evidencia su fuerza militar y económica en el mundo imponiendo a España la negociación del Tratado de París de 1898, en donde España manifestó su declive como hegemonía colonial y el traspaso de esta hacia Estados Unidos y el Reino Unido.
Aunque la nueva hegemonía colonial de finales del siglo XIX y principio del siglo XX partió de la parcial autonomía de los estados de América Latina, tanto Estados Unidos como Reino Unido -en una estrategia geopolítica- mantuvieron ciertas colonias determinadas y subordinadas directamente, como Puerto Rico entre otros ejemplos.
Ya en la segunda mitad del siglo XX “Puerto Rico obtuvo una autonomía parcial en 1952, pero esta isla nunca logró la independencia ni tampoco su incorporación plena a Estados Unidos” |2|. Aunque esta autonomía parte de ciertas libertades democráticas concretadas en la Constitución de 1952, que establece que el poder reside en el pueblo -claro está teniendo en cuenta lo acordado entre el pueblo de Puerto Rico y Estados Unidos-, evidenciando la permanencia de la subordinación colonial de Puerto Rico hacia Estados Unidos.
En los temas económicos el poder colonial es mucho más evidente como lo demuestra la llamada Ley de Cabotaje: “La Ley de Cabotaje obliga desde principios del siglo XX a transportar la carga marítima entre Puerto Rico y EE.UU. en barcos fabricados en ese último país, y que sean propiedad y de bandera estadounidense” |3| Según varios estudios, la ley de Cabotaje aumenta en aproximadamente 20% el valor del trasporte de mercancías hacia el país; es decir, que por medio de esta ley Puerto Rico debe pagar 20% más por las importaciones de mercancías y por ende Estados Unidos mantiene un poder directo en el ingreso de mercancías y ocasiona así mismo un mercado virtuoso en detrimento de la economía puertorriqueña.
La ley de Cabotaje y su cercanía con Estados Unidos generó una fuerte determinación en la producción de la isla conllevando a una alta tasa de dependencia a las exportaciones de Estados Unidos, en particular con las necesidades básicas de la población puertorriqueña, como la importación de aproximadamente el 85% de los alimentos que se consumen en el país. |4|
El libre flujo de capital entre Puerto Rico y Estados Unidos ha generado “La salida hacia el exterior de parte importante de las ganancias que se generan en Puerto Rico ha sido otra constante de su economía durante el Siglo XX y lo que va del siglo XXI. Esa fuga de ganancias, consecuencia del dominio del capital externo, en la actualidad alcanza la cifra de cerca de $35 mil millones anuales. Esto es cerca de 35% del PIB. Para que se tenga otro punto de referencia, lo recaudos anuales del gobierno de Puerto Rico por concepto de impuestos no alcanzan los $10 mil millones” |5|
Las políticas tendientes a la Industrialización por sustitución de exportaciones en Puerto Rico, llevó a la incorporación de la eliminación parcial de la tributación de las empresas multinacionales y trasnacionales en el país, esto como fuente de atracción a la inversión extranjera directa.
Esta dinámica se propago al capital financiero generando la reducción y/o eliminación de la tributación de los flujos financieros y de los bonos de deuda pública, consolidando un mercado virtuoso para los inversionistas que no tienen que pasar por la incertidumbre de la inversión de capital industrial para recibir ganancias, ya que por medio del capital financiero y los bonos de deuda pública estos reciben una tasa de ganancia pactada de antemano.
Esta dinámica propia de la globalización financiera conllevó a que los capitales pasaran de la economía real hacia la economía ficticia debido a la dinámica de seguridad y especulación, esto tiene graves consecuencias para la economía de los países y sus poblaciones, puesto que los dineros que entran a la economía no generan ninguna inversión en la realidad, sino que viven de la transferencia de capital por medio de la desposesión de presupuestos públicos, privatizaciones de sectores productivos estratégicos, enajenación de propiedades de la sociedad y mayores cargas impositivas de corte regresivo e indirecto, entre otras medidas totalmente odiosas.
En este círculo vicioso de competencia entre estados por la atracción de la inversión extranjera directa, se llevó a Puerto Rico ha aumentar sus tasas de interés con relación a otras naciones hasta el punto de pagar aproximadamente entre 8 y 10% -conocido como competencia desastrosa-, con lo cual Puerto Rico vivió una bonanza de créditos; es decir de compra de bonos de deuda pública soberana constante, llevándolo a la dependencia e invisiblización del financiamiento fiscal del Estado y a la póstuma crisis económica que se vive hoy en día.
Pero para llevar al país a la dependencia de los flujos financieros se debía arrumar la economía real del país, por lo cual Estados Unidos por medio de la eliminación de los incentivos y/o subsidios de las fábricas y/o sectores económicos bajo la sección 936 del código de rentas internas federales en el año 1996 -que conllevó a una transición hasta el año 2000- generó la quiebra de varias empresas y con ello la transición hacia el capital financiero implicando la caída de los indicadores económicos de la isla, como se puede observar en la siguiente grafica que evidencia como desde el final de la transición de los subsidios a dichas empresas o sectores económicos en el año 2000 los índices de la deuda pública con respecto al PIB aumentaron exponencialmente. |6|
Gráfica 1. Proporción Deuda Pública total sobre Producto Nacional Bruto.
Grafica extraída de |7|
El fin de los subsidios a las empresas manufactureras que tenían un peso del 42% del PIB y que creaba aproximadamente el 17% del empleo en la isla, originó una crisis en el sector manufacturero y por ende el aumento de la tasa de desempleo y de los indicadores económicos en el país a partir del año 2000. |8|
2. La COFINA: Un instrumento al servicio de los acreedores.
Estas dinámicas llevaron a la exponencial crisis de deuda publica en el país con lo cual se han dado instrumentos y actos totalmente odiosos, ilegítimos y totalmente especulativos como es la COFINA -Corporación del Fondo de Interés Apremiante- en el año 2006 la cual tiene la potestad de emitir bonos de deuda para el pago y/o amortización de diferentes deudas soberanas del estado de Puerto Rico.
Este instrumento de emisión de deuda para pagar deuda vieja es completamente odioso y oneroso para con la sociedad puertorriqueña y ha llegado a ser para el año 2014 aproximadamente más de una quinta parte de la deuda total de Puerto Rico.
Como expuso Reinaldo Carcanholo, existen dos diferentes tipos de capital ficticio que se pueden evidenciar debido a su destinación: el primero tiene como objetivo la emisión de bonos de deuda pública con el fin de inversión y/o gasto social en palabras de James O’connor, mientras que el segundo tiene como destinación el pago de la deuda publica vieja con lo cual este capital ficticio es mucho más oneroso y conlleva una alta tasa de especulación debido al aumento del total de la deuda pública y de la transferencia de valor desde la sociedad y el estado deudor al prestamista.
Esta transferencia de valor por medio del capital ficticio de tipo 2 es totalmente especulativo e irreal y conlleva a graves consecuencias para con la sociedad, debido a que los nuevos créditos amortizan los viejos, lo cual en el mayor de los casos con elevadas tasas de interés y con graves consecuencias a corto y mediano plazo.
La estrategia de desposesión de COFINA se puede evidenciar en el siguiente extracto: “Estos y otros usos provocó que el crecimiento anual (año fiscal 2007-14) del balance de la deuda de COFINA alcanzara en promedio un 19.0%, 10.0% por encima del crecimiento de las obligaciones generales y de los bonos de los municipios de Puerto Rico. Este el valor total de la deuda emitida bajo COFINA ascendía a $15.2 mil millones” |9|
Este aumento de la deuda pública desde el año 2014 estan dirigidas casi en su totalidad a la amortizacion de la deuda pública y/o al pago parcial con lo cual se evidencia le ilegitimidad de dichos creditos, concatenado con el aumento exponencial de la deuda total de Puerto Rico que pasó de 46.183 millones de dolares en el 2007 a rondar 74.000 billones de pesos en el 2017.
En los ultimos años se pone de manifiesto la reduccion drastica de los presupuestos destinados hacia los derechos sociales, economicos y culturales de los puertoriqueños, mientras que el aumento del servicio de la deuda publica sigue en aumento, evidenciando la transferencia de valor desde el Estado y la sociedad hacia los prestamistas que en muchos casos son fondos buitres que viven del derecho coorporatista controlado y/o influenciado por ellos mismos para hacer pagar la totalidad de los bonos de deuda, cuando estos fueron comprados a bajos precios en el mercado financiero, un ejemplo es la reduccion del presupuesto de educacion y cultura en los ultimos años que se puede evidenciar en la siguiente tabla.
Tabla No. 1 Presupuesto consolidado de gastos del Gobierno de Puerto Rico en sectores de Educación y Cultura.
Tabla extraída de Deuda Pública, Política Fiscal y Pobreza en Puerto Rico |10|
El poder coorporativista de las grandes multinacionales y trasnacionales dueñas de los grandes fondos buitres tiene importantes poderes e influencias en las altas cortes tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, lo que ha mantenido la situacion de la isla y de su poblacion a una crisis humanitaria.
Un ejemplo de esto son las trabas que impusieron los fondos buitres por medio de diferentes acciones legales y comunicacionales a la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, más conocida como la Ley de Quiebras Criolla que debido a la exclusion del capitulo 9 de la Ley Federal de Quiebra impidió que Puerto Rico generara su propio mecanismo de bancarrota, enunciando cada vez mas la posicion subordinada y determinada de Puerto Rico por el poder colonial de Estados Unidos que privilegia a los grandes prestamistas y por ende a los fondos buitres antes que los derechos humanos de la sociedad.
Este limbo juridico para actuar sobre las dinamicas propias de la bancarrota economica dentro de los margenes de la globalizacion neoliberal, llevó a Estados Unidos a la proclamacion de la ley PROMESA en ingles “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act de 2016” que trae consigo la imposición de la llamada Junta de Supervisión Fiscal que tiene entre otras potestades “(…) en cualquier momento, someta recomendaciones al gobernador o a la legislatura en cuanto a acciones que deba tomar el gobierno territorial para garantizar el cumplimiento del plan fiscal o para, de cualquier otra manera, promover la estabilidad financiera, el crecimiento económico, la gerencia responsable y la prestación de servicios eficientemente” |11|
Estas recomendaciones desde la Junta de Supervision Fiscal se vuelven obligatorias cuando de alli dependen el visto bueno de la restructuracion de la deuda, claro esta que el gobierno de Puerto Rico tiene gran responsabilidad en los recortes presupuestales, aumentos impositivos regresivos e indirectos, privatizaciones y deterioro de las condiciones de vida de la población y de los trabajadores publicos y privados en el pais.
Esta junta esta compuesta “por siete miembros, de los que cuatro son nombrados por el grupo republicano de la Cámara de Representantes y los otros tres por el grupo demócrata. También es miembro de la Comisión el gobernador de Puerto Rico, pero sin ningún poder de decisión ni derecho a voto” |12|. Esta junta evidencia fehacientemente la condición colonial de Puerto Rico con respecto a Estados Unidos cuando se impone una estructura independiente a la soberanía del país, que claramente tiene interés en la preservación de los intereses privados antes que los intereses de la sociedad puertorriqueña.
Ante esta nueva estructura a pricipios de este año 2017 el gobierno de Rosselo Nevares emitió un plan fiscal para Puerto Rico totalmente denigrante para con la sociedad, el cual trae consigo:
- La expansion del Impuesto sobre las Ventas y Usos -IVU-, que tiene como fin la mayor imposicion tributaria tanto indirecta como regresiva en la sociedad puertorriqueña.
- El aumento de las tarifas de consumo a diferentes mercancias como el tabaco, con lo cual se golpea con mayor intensidad a las capas con menor poder adquisitivo debido al cobro igual del tributo en una de las sociedades mas desiguales de America Latina.
- Emitir una Reforma estructural del sistema tributario, con el fin de aumentar el caudal fiscal, aumentar los impuestos regresivos e indirectos y dar mayores facilidades a la inversion extranjera directa.
- Eliminar al máximo la regulación del sector privado con el objetivo de generar un aumento de la inversion en el pais, sin contar con controles ni auditorias estatales y ciudadanas con lo cual se genera una total entrega del pais y los territorios al capital trasnacional y sus relaciones odiosas.
- Inversión en proyectos de infraestructura como fuente de choque contra cíclico a la crisis económica; claro está que estos proyectos se llevarán en conjunto con el sector privado en la estructura de Asociación Publico Privado que conlleva el aumento del capital para el sector privado y por ende una desposesión tanto de presupuestos públicos como una mayor imposición de peajes y cobros privados.
- Reforma energética con el fin de facilitar la producción de energía por el sector privado. Este principio de reformas concatenado con la eliminación de las regulaciones del sector privado conllevará a la limitación social a la defensa de sus derechos y al posterior despojo de sus territorios y relaciones de vida por la implementación de estos megaproyectos.
- Congelamiento de los salarios con el fin de generar una mayor atracción de la inversión extranjera que verán realizada una ganancia extraordinaria en detrimento de la sociedad y en recrudecimiento de la violación de los derechos humanos.
- Congelamiento de los presupuestos públicos, es decir límite del crecimiento de los presupuestos, aunque se permite la reducción de los mismos a excepción del pago de la deuda publica la cual se debe respetar como fuente de sobre determinación del pago de la deuda sobre los derechos de los puertorriqueños.
Estas dinámicas entre otras fueron emitidas por el gobernador Ricardo Roselló con el fin de acercar el país a las reformas estructurales de corte neoliberal que permitan la refinanciación de la deuda pública de Puerto Rico, también se debe recalcar que la mirada colonial y la subordinación de su gobierno llevó a que este plan fiscal se elaborara en ingles cuando gran parte de la población no tiene acceso a este idioma, lo cual ejemplifica hacia quien fue dirigido y en expensas de quien.
Este plan fiscal fue revisado por la Junta de Supervisión Fiscal y profundizado por la misma con algunas propuestas como son:
- Eliminación del Bono navideño con el fin de generar una mayor tasa de explotación laboral en el país recrudeciendo la crisis social y económica en la sociedad.
- Reducción de la planta y jornada laboral con el fin de aminorar los salarios y prestaciones.
- Reforma pensional con el fin de reducir en aproximadamente un 10% de las pensiones de los puertorriqueños.
Como se ha evidenciado las reformas de ajuste estructural profundizan la crisis económica del país y de sobremanera en la sociedad. Estas reformas tienen como propósito hacer viable un país para el saqueo económico y no para la reestructuración de una economía puesta al servicio de los derechos de la sociedad.
Hace algunos días, ante estas dinámicas del gobierno la Junta de Supervisión Fiscal admitió la restructuración de la deuda bajo el acápite tercero de la Ley PROMESA, esta restructuración de la deuda no trae ninguna favorabilidad a la sociedad puertorriqueña contrariamente esta restructuración se basa en la intensificación del neoliberalismo en el país a las necesidades de un capital que vive de la intensificación de la explotación, opresión y despojo de la sociedad.
Esta restructuración de la deuda parte de la viabilización del pago de la deuda por el país deudor y no de la preservación de los derechos de la sociedad, con lo que podemos observar como calificadoras como Moody´s ve la decisión como positiva y aplaude las acciones tomadas por el gobierno puertorriqueño.
Ante este escenario de recrudecimiento de la crisis económica en Puerto Rico y el papel trascendente que juega la deuda pública en esta, las auditorias surgen como una propuesta necesaria y urgente en vía de la consolidación de una población que reclame su soberanía en independencia de las relaciones coloniales. Se hace necesario profundizar los estudios sobre el origen de las deudas y cuestionar la legitimidad de las mismas, además de evidenciar cuáles han sido los efectos que ha conllevado para el conjunto de la sociedad.
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