El
presidente Juan Manuel Santos se reunirá con el presidente de Estados
Unidos con el principal objetivo de “agradecer” a Trump y al
bipartidismo norteamericano el respaldo al proceso de paz con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC)[1].
Una señal de retribución ante el apoyo militar y político de los
Estados Unidos durante los 54 años de guerra, en especial, por la
determinante participación del país del norte durante los últimos veinte
años, con la asistencia militar y económica en “el desarrollo” del Plan
Colombia – reemplazado en febrero de 2016 por el plan Paz Colombia-
que tenía por objetivo “luchar contra el narcotráfico y la guerrilla”.
Esta
es una reunión apresurada para superar el impase por el supuesto
encuentro en un exclusivo club de Miami-Florida, el pasado mes de abril,
entre el presidente Trump y los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro
Uribe, quienes suman a haber aplicado el Plan Colombia en su máxima
expresión, el detalle -no menor- de estar ambos abiertamente en contra
del acuerdo de paz[2]. Si el encuentro fue planificado en lugar de casual[3],
se trataría de un gesto ajeno a la formalidad diplomática y hostil al
actual gobierno colombiano, que siempre se ha mostrado obsecuente frente
a la potencia del Norte. Otro dato que le agrega condimentos al tenso
ambiente que rodea el encuentro de los presidentes, es la iniciativa del
gobernador de Florida, el republicano Rick Scott, de incitar a Trump
que recibiera primero a Álvaro Uribe (en lugar de a Santos). Esto no
solo da cuenta del lobby de la ultraderecha colombiana para erosionar el
apoyo de Estados Unidos a la paz, sino que muestra la apuesta política
del sector republicano más reaccionario para inmiscuirse en las
desavenencias entre la derecha colombiana[4].
Del Plan Colombia al Paz Colombia
Aunque
el Plan Colombia fue evaluado como exitoso por los funcionarios y el
complejo industrial militar estadounidense y colombiano -según
declaraciones del ex vicepresidente estadounidense Joseph Biden[5] y el ex Comandante del Comando Sur, John F. Kelly, haciendo referencia al “milagro colombiano”[6]-,
el 4 de febrero de 2016 el entonces presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, después de analizar la petición del gobierno colombiano,
anunció una suerte de “giro” político sobre el papel de los Estados
Unidos en Colombia, inaugurando el nuevo plan “Paz Colombia” orientado a
consolidar el acuerdo de paz firmado con las FARC – EP y a iniciar una
nueva etapa pacífica de lucha contra los cultivos de usos ilícitos[7].
Este
giro viene siendo cuestionando desde aquel momento por los
Republicanos, liderados por el senador cubano-americano Marco Rubio[8],
que con la llegada de Trump a la presidencia, han ganado en intensidad y
capacidad de influencia. El objetivo de este sector es presionar para
que se continúe la “lucha contra las drogas” a través de la asistencia
militar para la erradicación de los cultivos (es decir, en contra del
campesinado y no de los narcotraficantes) y condicionar la paz según las
exigencias pautadas por la ultraderecha colombiana. El centro del
debate está en la política antidrogas que debe implementarse, de la que
Colombia es un actor principal.
Razones del debate en torno a la política antidrogas
Los
datos sobre asistencia militar y económica en el marco del Plan
Colombia denotan las razones económicas y políticas por las cuales
resulta de gran tensión dar un giro en función del desarrollo de los
acuerdos de paz. Esto implicaría una merma importante en la injerencia
del complejo industrial militar en el relacionamiento de Estados Unidos
con Colombia, un asunto al que se resiste la ultraderecha colombiana y
el sector del Partido Republicano liderado por el senador Marco Rubio.
La
orientación de la política antidroga norteamericana ha sido punitiva y
su intervención en Colombia ha tenido énfasis en la movilización de
recursos militares, asesores, tecnología, capacitación y “contratistas”
militares privados en terreno.
Acciones de la asistencia militar
- Haciendo caso omiso de las críticas y los pedidos de organismos de DDHH de cortar o limitar el componente militar del Plan Colombia[9], la asistencia militar y policial de Estados Unidos a Colombia en 2017 sigue siendo la más importante: asciende a los 204 millones dólares. En ese contexto, la venta de armas de Estados Unidos, en el 2014, llegó a los 125 millones de dólares[10]. El total del Plan Colombia fue de 14 mil millones de dólares.
- A esto se suma el entrenamiento de 4.569 miembros de las fuerzas de seguridad colombiana, en el marco de un “nuevo” rol asumido por las Fuerzas Armadas colombianas de suplantar a las de EEUU en el entrenamiento de Fuerzas de Operaciones Especiales, tanto para operar en México (en el marco de la Iniciativa Mérida) como en Afganistán[11], y la asociación de colaboración de Colombia como miembro de la OTAN[12].
- Más preocupante aún, es la existencia del rol de las fuerzas militares colombianas en abonar a la acción de fuerzas de seguridad privadas en países intervenidos[13]. Es de público conocimiento que militares colombianos renuncian a sus puestos para ofrecer sus servicios de forma privada a ejércitos de otros países[14].
Costo Humano (o efectos reales del Plan Colombia)
- Solo en el 2016 fueron asesinados 136 líderes sociales y políticos colombianos.
- Víctimas de Colombia publicó en 2014 un informe en el que indicaba que el número de víctimas de la guerra civil de Colombia había superado 7.000.000 (incluyendo a los asesinados, desaparecidos o desplazados desde 1956). El informe destacaba también “que la mayoría de la victimización se produjo después del 2000, con un pico en el 2002 con 744.799 víctimas”, en plena operación del Plan Colombia[15].
- Durante la presidencia de Pastrana (1998-2002), inicio del Plan Colombia, alrededor de 1.700.000 personas fueron desplazadas de manera violenta de sus hogares[16].
- Durante los 8 años de la presidencia de Uribe (2002-2010) el desplazamiento forzado se transformó en una crisis humanitaria que afectó a 3.312.483 de personas[17].
- Surgió la tenebrosa práctica de los “Falsos Positivos”: asesinatos de civiles para reportarlos como guerrilleros muertos en combate, a cambio de premios y estímulos económicos para los militares. En la actualidad la fiscalía general de la nación investiga más de tres mil casos de jóvenes asesinados en esta modalidad[18].
- El Plan Colombia también asistió en la fumigación con glifosato de más de 1.6 millones de hectáreas para intentar erradicar plantaciones de coca. Esto, además de generar efectos negativos en la salud de pobladores, la destrucción del medio ambiente y condicionar la supervivencia material de miles de campesinos, ni siquiera funcionó como medio de lucha contra el narcotráfico[19].
Costo material del Plan Colombia (hasta hace un año):
- Desde el año 2000, EEUU ha destinado 10.000 millones de dólares a Colombia[20]
- En el mismo periodo, el gobierno colombiano ha desembolsado 120.000 millones de dólares en el marco del plan[21].
Paramilitarismo
Uno
de los lastres del conflicto interno exacerbado con el Plan Colombia,
es la organización de paramilitares y el asesinato de líderes sociales.
Las organizaciones de la sociedad civil colombiana están denunciando la
existencia de un plan paramilitar de escala nacional que viene atentando
contra líderes sociales, con el sostenido apoyo de las Fuerzas
Militares[22].
De la misma manera, las guerrillas de las FARC-EP y el ELN manifiestan
el peligro que representan estas fuerzas paramilitares en la
construcción de la paz. En el encuentro sostenido por ambas guerrillas
en La Habana afirmaron que “hasta hoy no vemos voluntad en una lucha
frontal por parte del Estado y del Gobierno contra el paramilitarismo”.
No
se trata de una percepción aislada. Se trata de un hecho ratificado por
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algunos de cuyos
integrantes visitaron recientemente Colombia y alertaron sobre la
situación que viven los líderes sociales en el país, principalmente en
zonas que estuvieron afectadas por la guerrilla de las FARC – EP y pidió
que se tomen medidas más enérgicas para garantizar la seguridad y
protección de estos colectivos[23].
Paz Colombia y la reconstrucción de posguerra
En
los temas de la agenda, es probable que Santos también trate de
contrarrestar el intento del uribismo para detener el apoyo de los
Estados Unidos a Colombia de cara al proceso de implementación de los
acuerdos de paz, además de convencer a Trump de continuar con el
respaldo para financiar el proceso de paz. Un asunto que será
relacionado con la situación de la región y el papel de Colombia en la
situación venezolana.
- El Congreso estadounidense aprobó en su presupuesto de 2017 una partida de 391 millones de dólares para financiar el Plan Paz Colombia[24].
- Estos fondos en pleno esfuerzo de transición a la Paz deben llevar a indagar quiénes y cómo están financiando la transición a la paz, pues recordando lo sucedido a inicios de los ’90 en Centroamérica (con las salvedades del caso), es probable que sean los intereses de estos grupos y sectores los que condicionen el escenario de la paz y los alcances reales de la democracia y la justicia social.
Por último, y a
pesar de no figurar en la agenda oficial, es de esperarse que Santos y
Trump conversen sobre la situación en Venezuela. El pasado 20 de abril,
Santos invocó a la ONU a que prestara atención a la “preocupante
militarización” del país vecino[25],
un acto más de cinismo e hipocresía si consideramos la situación que
vive Colombia, descrita mínimamente a lo largo de este escrito.
Asimismo, el rol geoestratégico asumido por Colombia, como base política
y militar de la doctrina de seguridad hemisférica, viene claramente
demarcado (al menos) desde la presidencia de Uribe, quien sigue
detentando gran influencia en cuanto a los sucesos en Venezuela,
participando en proyectos concretos de desestabilización del país vecino[26].
Notas
[9]http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1235737; http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15163817
[11]“Hora
de escuchar: tendencias en asistencia de seguridad de los EEUU hacia
América Latina y el Caribe”. Oficina de Washington para América Latina,
Centro para las Políticas Internacionales, Grupo de Trabajo para Asuntos
Latinoamericanos, Washington DC, 2013, pp 24-27.
Javier Calderón y Silvina Romano
Investigadores CELAG
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