No todos los días una
guerrilla en Colombia, toma la decisión de dejar las armas y convertirse
en un partido político; la última vez fue en 1.991 y ahora parece
tocarle el turno a las FARC, organización nacida el 27 de mayo de 1.964.
Digo que parece corresponderle el turno a las FARC, porque su Dirección
tiene esta decisión tomada, pero es claro que el régimen colombiano, no
tiene la misma decisión, porque la mitad afirma que si quieren ver a
las FARC como un partido político, mientras que la otra mitad se opone a
esta transformación. Ambas facciones coinciden en que la solución
política del conflicto interno, consiste en que desaparezca la
resistencia guerrillera, es decir que deje de existir la rebelión armada
revolucionaria, pero sin acabar las causas que la generan.
Si la
elite dominante considera correcto acabar las consecuencias del
conflicto, dejando intactas las causas, habría que hacerles una medición
de inteligencia para entender cómo piensan; pero no, no se trata de
falta de inteligencia, es más bien de falta de voluntad política para
cambiar, sin ceder en sus privilegios, porque así se encuentran cómodos.
Varios pensarán que el actual gobierno de Santos, si quiere cambiar las
causas del conflicto, pero no puede hacerlo. Lo mismo le dijeron en
1.957, a Juan de la Cruz Varela, el último guerrillero liberal:
“Incorporar
su gente al ejército, darles tierra a los que quisieran volver al campo
y además dinero para la vaca y el caballo. (Son) peticiones excesivas,
una cosa imposible” [1].
Las peticiones excesivas
Los guerrilleros que se desmovilizaron en 1.991, contribuyeron a hacer
una Asamblea Nacional Constituyente, que supuestamente consagró a
Colombia, como un Estado social de derecho; pero un cuarto de siglo
después, las elites gobernantes le han introducido varias docenas de
cambios, a favor de las corporaciones multinacionales y de las minorías
privilegiadas... estos son los cambios que le gustan al régimen.
Ahora las FARC piden al régimen tres seguridades: física, jurídica y
socioeconómica. Ante las cuales, otra vez desde las clases dominantes
dicen que son “peticiones excesivas”. Porque la realidad está
demostrando, que las bandas paramilitares proliferan y ya llevan 60
líderes sociales asesinados este año; además, la Corte entregó los
acuerdos con las FARC al Congreso, donde sufren una nueva andanada de
cambios, ¿adivinen a favor de quiénes?; y en cuanto a los proyectos
socieconómicos, de todos es sabido que las finanzas de los banqueros
patrocinadores de Santos van bien, pero el tesoro público va mal.
Incumplimientos S.A.
Es notable el esfuerzo que hacen las FARC para seguir cumpliendo lo
acordado, mientras el gobierno apurado logra llegar al 13 por ciento de
cumplimiento de lo que le corresponde. Pero el asunto de fondo es de
falta de voluntad del régimen para cumplir; por ejemplo, el Proyecto de
ley sobre tierras, presentado recientemente por el gobierno, sirve al
agronegocio multinacional y a los grandes propietarios nacionales,
desconociendo abiertamente lo pactado con las FARC sobre este asunto.
El panorama en cuanto a justicia no es mejor, porque en lo pactado
sobre verdad y asumir responsabilidades por los hechos del conflicto;
mientras las FARC se apegan a lo acordado, en las clases dominantes y
sus agentes, realizan un verdadero campeonato por quién saca más
ventajas de la Jurisdicción Especial de Paz, en términos de quién elude
mejor su responsabilidades y se las achaca a niveles inferiores de
mando. Lo peor de todo, es que los sectores de la derecha extrema, hacen
política gritando que van a “hacer trizas” los acuerdos de paz, que les
conceden una supuesta impunidad a las FARC.
Las elites
gobernantes mantienen la tradición centenaria de incumplirle al pueblo y
sólo cumplirse a sí mismas y a extranjeros poderosos; por esto está en
curso una oleada de protestas sociales que van desde los 250 mil
educadores, pasando por paros en regiones como el Chocó, Buenaventura,
Cauca y Barrancabermeja; las que son las más excluidas y empobrecidas,
al estar pobladas por minorías negras e indígenas.
¿Y el ejército?
Para terminar la comparación con los acuerdos hechos por la elite con
la guerrilla hace 6 décadas, debo decir, que en esta coyuntura, está en
duda si el gobierno cumplirá sus promesas de entregar tierra, vacas y
caballo, a quienes dejen de ser guerrilleros. De incorporación de los
guerrilleros al ejército estatal no se habló en estos acuerdos, porque
es algo inconcebible para el régimen.
En cualquier país normal,
el ejército se dedica a cuidar las fronteras, pero en Colombia desde
antes del asesinato de Gaitán en 1.948, las clases dominantes
involucraron al ejército y a la policía en el conflicto interno; por
esto volver a colocar a las fuerzas militares en la función para la que
Bolívar las creó, requiere mucha presión desde la sociedad.
En
vez de pensar en reducir el ejército y los presupuestos de guerra, el
régimen decidió afiliar a Colombia a la máquina bélica de la OTAN,
decisión poco conocida por las y los colombianos, pero rechazada por
nuestros vecinos; como lo expresan decenas de intelectuales de
Latinoamérica y el Caribe:
“Al ser Colombia parte de la OTAN
inmediatamente se convierte en un objetivo de la guerra inhumana que la
misma OTAN ha fomentado lo que pone al mismo tiempo a todo nuestro
continente en riesgo.
Creemos que Colombia y todos
nuestros países deben avanzar para hacer realidad plena el objetivo que
América Latina y el Caribe sean una Zona de Paz como proclamó la CELAC,
en enero de 2014, en La Habana, Cuba.
Pedimos que Colombia revierta esta dec
No hay comentarios:
Publicar un comentario