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Se empieza poniendo
en duda que hayan sido 30.000 los desaparecidos-asesinados de la última
dictadura militar; se sigue después propiciando que los condenados por
crímenes de lesa humanidad cumplan condena en su domicilio, y se termina
buscando subterfugios legales como la ley del “2×1”, la 24.390, para
reducir drásticamente las penas de cárcel de los genocidas condenados y
dejar a muchos de ellos libres.
“No tengo ni idea si fueron
30.000 o 9.000 los desaparecidos”, “Me parece una discusión que no tiene
sentido”. Las declaraciones de Mauricio Macri a BuzzFeed en
agosto de 2016, demostraban ya una sensibilidad similar a la que tuvo el
pepeísta Pablo Casado años antes hacia las víctimas del franquismo y
sus familiares, cuando dijo que los de izquierda estaban “todo el día
pensando en la guerra del abuelo”. O cuando el portavoz del PP, Rafael
Hernando, dijo aquello de “Esto de estar todos los días con los muertos
para arriba y para abajo supongo que será el entretenimiento de
algunos”. Este mismo martes Hernando declaró: “A mí no me importa lo que
pasó hace ochenta años, sino lo que pasa ahora”, en relación al debate
en el Congreso para retirar los restos de Franco del llamado Valle de
los Caídos.
Reducción de penas, el 2×1
Mientras
Macri hace campaña por la liberación del opositor golpista venezolano
Leopoldo López, mantiene en la cárcel a la dirigente social Milagro
Sala, diputada del Parlasur (Parlamento de MERCOSUR), a pesar de las
críticas de la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
Sin embargo, el Gobierno sí se preocupa por los cientos
de militares condenados por el genocidio argentino, al igual que la
jerarquía argentina de la Iglesia Católica -cómplice de la dictadura-
que ha recuperado protagonismo tras la llegada de Macri al poder hace
casi un año y medio.
Macri nombró a dos nuevos miembros de la
Corte Suprema, a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rossati, y permitió a su
vez a la jueza Elena Highton de Nolasco, de 75 años, seguir en su cargo
aunque la Constitución Nacional prohíbe expresamente que un magistrado
ejerza a esa edad. Han sido nombramientos y favores que rápidamente
parecen haber convertido a los tres jueces en fieles acérrimos del
presidente.
Varias sentencias de esta nueva Corte Suprema ya
fueron anticipando un cambio importante de doctrina, pero ninguna de
ellas provocó tantas polémicas y contradicciones hasta en las propias
filas del macrismo como la llamada ley del “2×1”.
La nueva
mayoría de ese tribunal decidió reflotar dicha ley aprobada en 1994
durante el Gobierno de Carlos Menem para “descongestionar las cárceles” y
que fue derogada en 2001 por su ineficacia. Esta ley beneficiaba a los
detenidos que se encontraban en prisión preventiva a espera de sentencia
firme un tiempo superior a dos años, el máximo marcado por la ley,
contabilizándoles doble cada día de prisión preventiva que superara ese
plazo. Dada la complejidad de los juicios a los militares y la cantidad
de testigos existentes, la prisión preventiva superó en muchos casos
ampliamente esos períodos.
En ningún caso, sin embargo, se
consideraba que tal beneficio, la condena “más benigna”, pudiera
aplicarse a casos complejos que justificaran los retrasos en las
condenas, ni que se aplicara a crímenes de lesa humanidad, juicios que
ni estaban abiertos mientras estuvo vigente la ley dado que aún estaban
vigentes las leyes de impunidad aprobadas durante el gobierno de Raúl
Alfonsín (1983-1989), reforzadas por los indultos de Carlos Menem
durante su presidencia (1989-1999).
Sin embargo, la Corte
Suprema, en una decisión inédita en un país que se enorgullece de tener
abiertas más causas judiciales por crímenes de lesa humanidad que ningún
otro país en el mundo, decidió aplicar esa ley del “2×1”
retroactivamente, aunque ya estaba derogada, a un conocido represor,
Luis Muiña, abriendo así las puertas para que cerca de 300 represores
puedan apelar ahora para acogerse a ella. Ya varios de ellos lo han
hecho.
Muiña, al frente de un grupo paramilitar, secuestró a
varios empleados del Hospital Posadas en 1976 y los trasladó a un centro
de detención clandestino conocido como ‘El Chalet’ donde sufrieron
brutales torturas, y fue condenado en 2011 a 13 años de prisión, diez
años después de que se derogara la polémica ley. A pesar de ello, la
Corte Suprema decidió ahora, en 2017, aplicársela retroactivamente.
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, votó en contra de
aplicarle a Muiña ese beneficio, al igual que el otro miembro del
tribunal, Rodolfo Yanzón, abogado querellante en la macro causa ESMA
(Escuela Mecánica de la Armada), quien denunció que al aplicar una ley
no vigente desde hace 16 años, se estaba ante un manifiesto caso de
“amnistía encubierta”.
La ofensiva judicial que ha provocado
una conmoción en Argentina y contra la que se han pronunciado fiscales,
juristas y contra la que se han convocado manifestaciones, se produce
simultáneamente a un nuevo llamamiento de la jerarquía de la Iglesia
Católica argentina a favor de la “reconciliación” de los argentinos tras
“los acontecimientos” que tuvieron lugar en la década de los ’70 y ’80.
La propia ACNUDH (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos), que no suele tomar posición ante este tipo de
veredictos, advirtió a los jueces argentinos: “Los crímenes de lesa
humanidad agravian no solo a las víctimas, sino a todos los seres
humanos. Por ello no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad
requiere de una sanción proporcional”.
Rosenkrantz, un defensor de los poderes fácticos
El
revuelo político, jurídico y social provocado en Argentina con esa
sentencia de la Corte Suprema ha colocado en una situación embarazosa al
Gobierno de Macri, que ha intentado desvincularse de la decisión del
alto tribunal, aduciendo que respeta “la separación de poderes”.
Macri intenta relativizar ahora su estrecha relación con el juez
Rosenkrantz, quien ha pasado a ser su hombre fuerte -y el de los poderes
fácticos de Argentina- en la Corte Suprema. Fundador a inicios de los
años ’90 del despacho de abogados Bouzart, Rosenkrantz & Zbar -desde
2001 Bouzart, Rosenkratz & Asociados- este magistrado ha tenido
como clientes al Grupo Clarín, el poderoso holding mediático derechista
argentino; Cablevisión, al diario La Nación , La Rural S.A. -que reúne a los mayores terratenientes del país- o a McDonald’s.
Rosenkratz defendió como letrado a Hernestina Herrera de Noble,
directora de Clarín, cuando fue acusada por las Abuelas de Plaza de Mayo
de adoptar a dos bebés hijos robados a militantes ‘desaparecidas’, y
provocó también una polémica jurídica al rechazar los argumentos
judiciales por los cuales en la era Kirchner el Congreso declaró nula
las leyes de impunidad, la ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto
Final.
El Gobierno Macri y la jerarquía eclesiástica han
quedado en evidencia al mostrar su gran disposición a favorecer las
reivindicaciones de los cientos de genocidas presos.
Hoy
también comienzan las acusaciones políticas, incluso dentro de las filas
del kirchnerismo. El propio Frente para la Victoria (FpV), coalición
kirchnerista creada en 2003, ha mostrado sus grandes contradicciones al
facilitar que fueran nombrados los jueces Rosenkratz y Rossati, ya que
fue el Senado quien tuvo que refrendarlos, y muchos de los senadores de
esta formación le dieron su apoyo.
El Frente para la Victoria
mantiene una mayoría aplastante en el Senado y sin su apoyo no se
hubiera logrado ratificar a los dos polémicos jueces propuestos por
Macri, cuyos antecedentes eran bien conocidos.
De los 60
legisladores que votaron a Rosatti 29 eran del FpV y 8 senadores de esta
formación votaron en contra, mientras que en el caso de Rosenkratz, de
los 58 senadores que votaron a favor, 26 eran del FpV, y 10 de ese
partido votaron en su contra. Hoy el FpV se distancia del fallo dictado
por los jueces a quienes ayudaron a nombrar y los senadores de esa
formación que no los votaron critican a quienes sí lo hicieron.
Varios fiscales y jueces han rechazado aplicar el “2×1” a los
represores presos que se han apresurado a reclamarlo, mientras
constitucionalistas reclaman una revisión del fallo; se presentan en el
Congreso proyectos de ley para enmendar la sentencia de la Corte
Suprema, y numerosas víctimas de la dictadura se plantean apelar ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El hastag
#2x1AGenocidas ha inundado las redes sociales y los organismos de
derechos humanos convocan para esta semana actos de repudio. En
Barcelona se ha convocado también una concentración en Plaça de Sant
Jaume este miércoles a las 19 h, y en Madrid, en Puerta del Sol, este
jueves 11 a las 20 horas.
Roberto Montoya, coautor de “El caso Pinochet y la impunidad en América LatinaFuente: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/8741/macri-y-la-iglesia-catolica-quieren-perdonar-a-los-genocidas-argentinos/
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