Cristina Fontenele
Adital
Después de 14 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la
Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Estado de Guerrero, México,
después de mucha presión nacional e internacional, la Procuraduría General de
la República (PGR), conjuntamente con autoridades federales y familiares de los
estudiantes, acordaron trabajar de manera estrecha en la segunda fase de la investigación
del caso. En reunión realizada recientemente, la titular del Ministerio Público
de la Federación, Arely Gómez González, reiteró que la investigación del caso,
ocurrido en la ciudad de Iguala, continúa abierta y se desarrolla con el apoyo
técnico del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (Giei).
En entrevista con Adital, Jesús Mendoza Zaragoza, sacerdote de la Arquidiócesis de Acapulco, en Guerrero, afirma que la "verdad histórica”, propagada por el gobierno federal sobre Ayotzinapa, cayó por su propio peso. Según él, a pesar del acuerdo con la PGR, continúa muy complicado el esfuerzo de los padres de los desaparecidos para presionar al gobierno por sus demandas. "Hay que tomar en cuenta que en el país hay más de 26.000 desaparecidos en los últimos 10 años y que los familiares de muchos de ellos, organizados en decenas de colectivos, se encuentran con las mismas dificultades”.
Zaragoza, que también es responsable de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Acapulco, señala las condiciones de inseguridad y violencia existentes en México, especialmente en Guerrero. Situación que indica, para él, una continuidad del número de desapariciones, sea por razones políticas o por acciones del crimen organizado. "No vemos en el horizonte una mejora sustancial en este tema, ni en la prevención ni en la atención a los miles de casos que ya tenemos”.
El sacerdote observa que las instituciones públicas no están preparadas ni presentan voluntad política de avanzar en este tema de los desaparecidos. "El gobierno responde solo a presiones, y no ha asumido sus obligaciones, al menos las que le impone la Ley General de Víctimas, aprobada hace más de dos años.”. Él dice que, en el caso de Ayotzinapa, hubo resistencia del gobierno para aceptar las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero recuerda que la Ley sobre la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares está en curso y que las organizaciones de los familiares de desaparecidos están apoyando la causa.
El gobierno mexicano y la CIDH firmaron, en octubre último, 10 acuerdos para reiniciar la búsqueda por los 43 estudiantes. São ellos:
1.Sacar la investigación de la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Crimen organizado). La CIDH propone la conducción por la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
2.Realizar un nuevo peritaje sobre el fuego, en Cocula, estableciendo de común acuerdo los objetivos, condiciones y los peritos.
3.Un nuevo equipo de investigación, con experiencia y confianza de la PGR y del Giei.
4.Integrar el informe del Giei, siguiendo las recomendaciones del Grupo, presentadas en el informe del caso de Iguala.
5.Planificar una ruta de indagación, con las autoridades mexicanas trabajando en conjunto con el Giei.
6.Relanzar la búsqueda, con tecnología de punta y un mapa de fosas.
7.Mejorar la relación con la PGR, mediante una reunión conjunta con el Giei.
8.Seguimiento del plan de trabajo del Giei.
9.Alinearse a los criterios de atención a las víctimas, con el Giei y los representantes de las víctimas valorizando el progreso del daño y la debida reparación.
10.Confidencialidad de la información, informando primero a los parientes de las víctimas sobre los resultados de la nueva investigación.
Escuela Rural de Ayotzinapa
Las escuelas rurales en México surgieron al final de la Revolución Mexicana, de 1910, proponiendo un proyecto de educación popular, de espíritu revolucionario. Constituyen resquicios de la conquista del pueblo en su lucha contra gobiernos corruptos. Para los gobiernos conservadores, esas escuelas son consideradas fuente de problemas y de oposición.
El proyecto de las escuelas rurales está orientado hacia la formación crítica de los estudiantes e incluye un sistema de internado, comedor, becas para los alumnos, talleres de carpintería y herrería, clubes culturales y deportivos. Los recursos de mantenimiento vienen del gobierno federal, por el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Faeb), que transfiere los fondos para las finanzas públicas de los estados, Distrito Federal y municipios de México.
Según el Padre Zaragoza, el modelo educacional de las escuelas normales rurales vincula los estudios académicos con la problemática social y comunitaria, y busca soluciones. Promueve el perfil de un profesor, que ofrece también, además de conocimientos, prácticas de organización social, y que pueda ser líder comunitario, generando las transformaciones necesarias, en beneficio de la propia comunidad.
Sobre la actual política de Estado para las escuelas normales, el sacerdote cree que el Estado mantiene una actitud de abandono del proyecto, ya que no correspondería al modelo educacional promovido por el gobierno, siendo esas instituciones solamente toleradas.
Fundada en 1926, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el Estado de Guerrero, se convirtió en símbolo de resistencia, a partir de la inconclusa historia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace más de un año. Actualmente, la institución alberga a 500 jóvenes, en una estructura precaria, y lucha por sobrevivir. El Padre Zaragoza dice que la escuela continúa con su programa escolar normal, y que recientemente admitió nuevos grupos de estudiantes, recibiendo promesas de apoyo de parte del gobierno para mejorar las instalaciones.
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Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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| En reunión, la Procuraduría General de la República (PGR) acordó trabajar en conjunto con familiares, en la próxima fase del caso de los "43 de Ayotzinapa”. |
En entrevista con Adital, Jesús Mendoza Zaragoza, sacerdote de la Arquidiócesis de Acapulco, en Guerrero, afirma que la "verdad histórica”, propagada por el gobierno federal sobre Ayotzinapa, cayó por su propio peso. Según él, a pesar del acuerdo con la PGR, continúa muy complicado el esfuerzo de los padres de los desaparecidos para presionar al gobierno por sus demandas. "Hay que tomar en cuenta que en el país hay más de 26.000 desaparecidos en los últimos 10 años y que los familiares de muchos de ellos, organizados en decenas de colectivos, se encuentran con las mismas dificultades”.
Zaragoza, que también es responsable de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Acapulco, señala las condiciones de inseguridad y violencia existentes en México, especialmente en Guerrero. Situación que indica, para él, una continuidad del número de desapariciones, sea por razones políticas o por acciones del crimen organizado. "No vemos en el horizonte una mejora sustancial en este tema, ni en la prevención ni en la atención a los miles de casos que ya tenemos”.
El sacerdote observa que las instituciones públicas no están preparadas ni presentan voluntad política de avanzar en este tema de los desaparecidos. "El gobierno responde solo a presiones, y no ha asumido sus obligaciones, al menos las que le impone la Ley General de Víctimas, aprobada hace más de dos años.”. Él dice que, en el caso de Ayotzinapa, hubo resistencia del gobierno para aceptar las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero recuerda que la Ley sobre la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares está en curso y que las organizaciones de los familiares de desaparecidos están apoyando la causa.
El gobierno mexicano y la CIDH firmaron, en octubre último, 10 acuerdos para reiniciar la búsqueda por los 43 estudiantes. São ellos:
1.Sacar la investigación de la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Crimen organizado). La CIDH propone la conducción por la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
2.Realizar un nuevo peritaje sobre el fuego, en Cocula, estableciendo de común acuerdo los objetivos, condiciones y los peritos.
3.Un nuevo equipo de investigación, con experiencia y confianza de la PGR y del Giei.
4.Integrar el informe del Giei, siguiendo las recomendaciones del Grupo, presentadas en el informe del caso de Iguala.
5.Planificar una ruta de indagación, con las autoridades mexicanas trabajando en conjunto con el Giei.
6.Relanzar la búsqueda, con tecnología de punta y un mapa de fosas.
7.Mejorar la relación con la PGR, mediante una reunión conjunta con el Giei.
8.Seguimiento del plan de trabajo del Giei.
9.Alinearse a los criterios de atención a las víctimas, con el Giei y los representantes de las víctimas valorizando el progreso del daño y la debida reparación.
10.Confidencialidad de la información, informando primero a los parientes de las víctimas sobre los resultados de la nueva investigación.
Escuela Rural de Ayotzinapa
Las escuelas rurales en México surgieron al final de la Revolución Mexicana, de 1910, proponiendo un proyecto de educación popular, de espíritu revolucionario. Constituyen resquicios de la conquista del pueblo en su lucha contra gobiernos corruptos. Para los gobiernos conservadores, esas escuelas son consideradas fuente de problemas y de oposición.
El proyecto de las escuelas rurales está orientado hacia la formación crítica de los estudiantes e incluye un sistema de internado, comedor, becas para los alumnos, talleres de carpintería y herrería, clubes culturales y deportivos. Los recursos de mantenimiento vienen del gobierno federal, por el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Faeb), que transfiere los fondos para las finanzas públicas de los estados, Distrito Federal y municipios de México.
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| En la cancha de básquet de la Escuela Isidro Burgos, 43 asientos naranjas con fotos de los estudiantes de Ayotzinapa recuerdan los 14 meses de desaparición de los normalistas. |
Según el Padre Zaragoza, el modelo educacional de las escuelas normales rurales vincula los estudios académicos con la problemática social y comunitaria, y busca soluciones. Promueve el perfil de un profesor, que ofrece también, además de conocimientos, prácticas de organización social, y que pueda ser líder comunitario, generando las transformaciones necesarias, en beneficio de la propia comunidad.
Sobre la actual política de Estado para las escuelas normales, el sacerdote cree que el Estado mantiene una actitud de abandono del proyecto, ya que no correspondería al modelo educacional promovido por el gobierno, siendo esas instituciones solamente toleradas.
Fundada en 1926, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el Estado de Guerrero, se convirtió en símbolo de resistencia, a partir de la inconclusa historia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace más de un año. Actualmente, la institución alberga a 500 jóvenes, en una estructura precaria, y lucha por sobrevivir. El Padre Zaragoza dice que la escuela continúa con su programa escolar normal, y que recientemente admitió nuevos grupos de estudiantes, recibiendo promesas de apoyo de parte del gobierno para mejorar las instalaciones.
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Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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