Es
más que evidente que el gobierno de la Nueva Mayoría, al cabo de 14
años de gobierno, ha perdido justamente aquello que dice tener, es un
mal gobierno de la minoría. Un gobierno que perdió la dirección que se
había trazado al momento de iniciar su gestión: impulsar y realizar
reformas estructurales; estás apenas son "reformitas". Un gobierno que
está comprometido e inmerso en la mayor crisis de desconfianza y
credibilidad política verifica en Chile desde el supuesto "regreso" de
la democracia en 1990. Un gobierno que no logra, a pesar de su giro
hacia la derecha con el cambio de gabinete, salir de la crisis
política. Ese giro, ha profundizado su desorientación gubernamental. En
definitiva, la palabra que resume y sintetiza todo es, simplemente,
fracaso. Un total y completo gobierno fracasado.
Sí, en Chile,
existiera, por ejemplo, la "revocación del mandato" de las autoridades
electas, las y los ciudadanos debieran estar, a parte de movilizarse
como lo han hecho los estudiantes secundarios y universitarios en los
últimos días, exigiendo la salida de la presidenta en ejercicio, por
incompetente. Y, sobre todo, por la generalizada desconfianza que la
ciudadanía tiene de su conducción gubernamental.
Pero todos
sabemos que lo anterior no será posible, fundamentalmente, porque la
institución de la "revocación del mandato" no existe. Y, la ciudadanía
descontenta, hastiada y desconfiada deberá espera largos 34 meses para
que el actual gobierno abandone La Moneda, en marzo de 2018. ¿No será
mucho tiempo?
Lamentablemente, son los tiempos de la
democracia electoral. Nos podemos preguntar: ¿esos tiempos se pueden
modificar o alterar?. Si, se puede. Una de la forma de acelerar el
tiempo político-institucional en un régimen democrático, es y ha sido a
por medio de la movilización social y política de la ciudadanía,
masiva, activa y responsable dirigida a destituir al mal gobierno y de
esa manera acortar los tiempos de espera. Se destituye al gobierno y se
modifica caudadamente, el cronograma político-electoral, convocando,
por ejemplo, a elecciones presidenciales y parlamentarias, en el más
corto plazo.
La historia reciente de la democracia en América
Latina y el Caribe registra varias destituciones de "malos gobiernos"
por la presión política y social de la ciudadanía movilizada, sin
esperar, los tiempos electorales. Ejemplos, son los casos de Fernando
de La Rúa (2001) en Argentina; Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa
(2005) en Bolivia; Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005) en
Ecuador; Alberto Fujimori (2000) en Perú.
La destitución de
esos "malos gobiernos" abrieron procesos de cambios políticos
democráticos que posibilitaron modificar aspectos centrales tanto del
régimen político como de las formas sociales y económicas y culturales
vigentes. No todos los cambios, por cierto, apuntaron a cuestionar el
capitalismo neoliberal. En el caso de Perú, la salida de A. Fujimori,
no implicó un cambio del rumbo económico que el mismo presidente
destituido había implementado durante su gestión. Sin embargo, en
Bolivia y Ecuador, se iniciaron procesos de cambios políticos. Aunque,
en ninguno de los dos países se ha verificado una revolución social.
Pero si, una revolución política democrática de vastas dimensiones
estructurales.
En ambas sociedades se cambio la Constitución
Política del estado, modificando estructuralmente la relación
institucional entre el Estado, la Sociedad civil y el Mercado
(economía). Por esa razón, los analistas consideran que dichas
sociedades han entrado en una fase pos-neoliberal de desarrollo, pero
no anticapitalista. Lo fundamental, que esos cambios constitucionales
des-mercantilizaron y desprivatizaron los derechos ciudadanos. Hubo una
total re-significación social y política de ellos. Sumándose a ellos,
de manera muy revolucionaria, por las implicaciones que ello tiene para
la relación entre Estado, Sociedad Civil y Mercado, los derechos de la
naturaleza.
Todo ello fue posible, por la destitución del mal
gobierno. Como dice el dicho popular no se puede "hacer tortillas sin
quebrar huevos". La ciudadanía nacional descontenta con el actual
gobierno. La ciudadanía opositora no solo al gobierno, sino también al
capitalismo neoliberal y las y los ciudadanos anticapitalistas, no
pueden seguir esperando que institucionalmente el mal gobierno impulse
el cambio político institucional o constitucional ni tampoco esperar 34
meses para cambiar a las actuales autoridades, todas ellas
deslegitimadas por su activa complicidad con los diversos casos de
corrupción política. La ciudadanía debe movilizarse para destituir al
mal gobierno, o sea, quebrar la institucionalidad, para construir la
nueva institucionalidad política o, la nueva sociedad.
Una de
las dos alternativas, deberá ser la elegida por la ciudadanía. Pero,
también elegir esperar. Lo cual constituiría una mala elección. Y, lo
más seguro que las muertes de Exequiel y Diego como la lucha que hoy
libra con ella, Rodrigo, serán en vano. Tampoco sería justo con los
miles y miles de jóvenes estudiantes secundarios y universitarios que
se han movilizado por hacer realidad no solo sus derechos sino tal vez
algo más importante sus sueños y anhelos de construir en sociedad
libre, justa, igualitaria y solidaria. Anhelo, que hace más 35 años
postergado.
Juan Carlos Gómez Leyton, Ph.d en Ciencia Política - Académico Universitario FACSO-UCENTRAL
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