Las
centrales sindicales opositoras de Argentina, convocadas por el gremio
de transportistas, llevaron a cabo ayer el segundo paro nacional del
año y el quinto en lo que va de la presidencia de Cristina Fernández de
Kirchner. La medida paralizó a todo el país, dejándolo sin transporte
terrestre, marítimo ni aéreo por 24 horas. Con este paro se exigió,
entre otras cosas, un aumento salarial mayor al 27 por ciento ofrecido
por el gobierno, la eliminación del impuesto a las ganancias
(equivalente al impuesto sobre la renta de México) y lograr
negociaciones paritarias (entre trabajadores y patrones)
libres.
Este paro se suma a las acciones de acoso contra el gobierno
emprendidas desde diversos sectores de la oligarquía argentina y
extranjera: la rebelión del grupo mediático Clarín, que ha impedido en
los hechos la aplicación de la Ley de Medios, y el paro agropecuario
patronal de 2008 muestran la reticencia de los sectores acaudalados y
empresariales a aceptar la existencia de un gobierno progresista, con
sentido social y opuesto a la globalización financiera ordenada por el
Consenso de Washington. Por otro lado, la Casa Rosada enfrenta el
chantaje que desde tribunales estadunidenses ejercen los fondos buitres
–y que impide el acceso de Argentina a los mercados financieros
globales– y las presiones de intereses trasnacionales afectados por la
recuperación de bienes estratégicos.
El ánimo desestabilizador que recorre Argentina se inscribe, además,
en un contexto de hostilidad injerencista contra los gobiernos
latinoamericanos que, de distintas maneras, han conformado un bloque
progresista desmarcado de las políticas económicas antipopulares
impuestas en la región por los gobiernos occidentales y los organismos
financieros internacionales tras el fin de las dictaduras militares y
la restauración de la formalidad democrática. No debe olvidarse que en
años recientes las oligarquías locales han intentado derribar gobiernos
que rompieron con el dogma neoliberal y el sometimiento político
tradicional, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, y que en Honduras y
Paraguay el golpismo resultó triunfante.
Por lo que hace a la coyuntura argentina, resulta ominoso el
respaldo de los medios de comunicación proempresariales al paro del
transporte, pues deja ver una alianza perversa entre cúpulas sindicales
gangsteriles. Es pertinente recordar que Hugo Moyano, líder del
sindicato de camioneros y secretario general de la Confederación
General del Trabajo de la República Argentina (CGT) Azopardo, comenzó
su carrera como delator de guerrilleros y llegó a ser líder sindical
durante la dictadura cívico-militar. Por su parte, Luis Barrionuevo,
dirigente de la CGT Azul y Blanca, tiene un pasado delictivo y una
cauda de acusaciones penales que van desde asalto a mano armada hasta
desvío de recursos en una licitación de prótesis médicas. A su vez,
Pablo Micheli, dirigente de la Central de Trabajadores de la Argentina
(CTA) Autónoma, pasó de la lucha contra el neoliberalismo a organizar
grupos de choque al servicio de la derecha sindical. Otro hecho
incongruente y extraño, por decir lo menos, es el que dirigencias
supuestamente obreras demanden la supresión de impuestos a los sectores
de ingresos medios y altos.
En
términos generales, esta ofensiva en contra del kirchnerismo remite de
manera inevitable al acoso golpista en Chile en tiempos del gobierno de
Salvador Allende. Ahí, los grupos patronales decretaron un paro total e
indefinido del transporte y del comercio que dejó completamente
paralizado al país, mientras medios de comunicación afines al golpismo,
como el periódico El Mercurio, aplaudían la
desestabilización. Entonces como ahora, estos paros resultan
injustificables desde una perspectiva sindical, dadas las políticas en
favor de los trabajadores que han caracterizado al actual gobierno
argentino.
En suma, la embestida de líderes gremiales desprestigiados en contra
de un gobierno que, con todo y sus contradicciones y defectos, ha sido
solidario con las conquistas populares y con los esfuerzos por la
integración latinoamericana, no puede ser vista como un hecho aislado.
La lucha de los trabajadores podría ser desvirtuada e instrumentada en
favor de los grandes capitales y los sectores oligárquicos que van
tomando posiciones rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 25
de octubre.
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