Tras ser postergada un
par de veces, la cumbre productiva “Sembrando Bolivia” está prevista
para el 21 y 22 de abril en Santa Cruz de la Sierra. Esta cumbre
pretende constituirse en una instancia decisiva para perfilar los
pilares de la política agraria nacional de los próximos años. Dado que
se desprende de un esfuerzo de planificación más amplio, como es la
Agenda Patriótica 2025, este es un evento sin precedentes en la historia
reciente del país. Empresarios, campesinos e indígenas compartirán
criterios y demandas con el Estado a fin de potenciar la actividad
agropecuaria a nivel nacional.
No obstante, no será la primera
vez que el conjunto de actores productivos debata bajo el auspicio
estatal. A finales de los años 90 y principios de los 2000, los
gobiernos de turno facilitaron una seguidilla de “diálogos nacionales”
para abordar un conjunto de temas, entre los que también figuraba la
problemática agropecuaria. En aquellas ocasiones, tanto la organización
como el contenido de los eventos reflejaba el sesgo neoliberal de la
época. Para empezar, la inclusión de los sectores campesinos e indígenas
era marginal y en esencia se buscaba simplemente legitimar estos
espacios. Dada la urgencia de reducir la pobreza bajo la iniciativa de
condonación de la deuda (HIPC), los tecnócratas debían lucir renovados y
cercanos a la ciudadanía marginada, aunque en la práctica continuaban
con sus lecturas conservadoras, reduciendo la participación de los
sectores populares a los ámbitos culturales y simbólicos.
De
igual manera, las propuestas dominantes reproducían preceptos de corte
neoliberal. Por un lado, primaba la articulación de las llamadas
“alianzas público-privadas” que, como argumenta el geógrafo David
Harvey, terminan concentrando las ganancias en el sector privado,
mientras el sector público es el que asume los riesgos.
Consecuentemente,
el aparato estatal era puesto al servicio del empresariado bajo la
creencia de que el éxito de este último garantizaría el bienestar de la
sociedad en su conjunto. Se planteaba que la reducción de las brechas
sociales podría lograrse a través del famoso “efecto de goteo”, algo que
la historia se encargó de desmentir. Por otro lado, el llamado
“crecimiento económico hacia afuera” era el enfoque transversal a las
estrategias planteadas. Para encontrar nichos en los mercados
internacionales, los asesores de ese entonces planteaban como desafío
último el apostar por las exportaciones de ventaja comparativa. Frases
como: “producir lo que toca, en el momento que toca y en el lugar que
toca” y el recordado “exportar o morir” sintetizaban claramente la
apuesta en el plano económico. Existía una fe cuasi religiosa en el
mercado como el instrumento más eficiente para asegurar el crecimiento
económico, aunque se enfatizaba que la condición necesaria para su
correcto desempeño era la no intervención del Estado.
Sin duda
las condiciones sociales, políticas y económicas han cambiado
radicalmente desde ese entonces y, por tanto, una cumbre productiva en
tiempos de Evo Morales debería reflejar estas transformaciones de manera
inequívoca. De hecho, la cita venidera debería constituirse en una
especie de antítesis a los eventos del pasado. De este modo, la
participación campesina e indígena no solo tiene que ser considerada
cualitativamente distinta, sino que además debe gozar de un lugar de
privilegio. En la oportunidad, este sector ensayará una propuesta
trabajada colectivamente bajo el paraguas del llamado “Pacto de Unidad”,
que aglutina a las cinco principales organizaciones sociales del país
(Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia,
CSUTCB; Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas
Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, CNMCIOB-BS; Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del Qullasuyu, Conamaq; Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia, CIDOB; y, la Confederación Sindical de Comunidades
Interculturales de Bolivia, CSCIB). Resultaría paradójico que las
propuestas del Pacto de Unidad, siendo base social fundamental de la
actual estructura de poder estatal, queden en un lugar secundario.
Esta no será una tarea sencilla pues existen intereses claramente
encontrados entre los distintos sectores. Basta comparar las demandas
empresariales con las determinaciones asumidas por la CSUTCB en su
cumbre nacional realizada el pasado año. En este contexto, y a
diferencia de gobiernos anteriores, no correspondería que el Estado
asuma un supuesto rol neutral o de “facilitación” —que en la práctica
históricamente ha tendido a beneficiar a los sectores de mayor poder
económico— sino que más bien debería optar por una opción política
nítida a favor de las reivindicaciones populares, sin que esto
signifique el desconocimiento del resto de las propuestas. Ciertamente
será un debate complejo en el que el Estado deberá operar
inteligentemente entre el compromiso con sus bases sociales, sus
contradicciones intrínsecas y las condiciones materiales
preestablecidas.
Aunque aún no se ha difundido el contenido
oficial del evento, el empresariado ya estableció de manera pública sus
demandas y expectativas. Tal y como se refleja en una entrevista
publicada por el matutino paceño La Razón el 1 de febrero, cuatro son
los ejes propuestos por este sector: seguridad jurídica, función
económica social, biotecnología y exportación “sin restricciones”.
De manera implícita, esta agenda propone reducir el control y
regulación estatal así como cuestionar las conquistas sociales de la
última década, por lo que puede interpretarse como un intento de
restauración de las condiciones pasadas. Por ejemplo, la demanda de
exportar “sin restricciones” es un ataque frontal a la política
alimentaria que el Estado ha venido implementando desde 2009 bajo la
premisa de restringir las exportaciones de aquellos productos que no
hayan satisfecho la demanda interna. Como lo han reconocido varios
organismos internacionales, esta ha sido una política relativamente
exitosa en cuanto al abastecimiento de los mercados y al control de la
inflación de alimentos. Conceder tal demanda al empresariado sería en
esencia reivindicar las políticas neoliberales de fines de los 90. Por
tanto, si las propuestas empresariales resultan las dominantes en la
cumbre, en esencia no habrá nada nuevo respecto a los eventos pasados.
Más allá de perfilar la política agropecuaria a futuro, la cumbre
“Sembrando Bolivia” constituirá un espacio donde una vez más las
organizaciones sociales medirán fuerzas con el empresariado tradicional.
Es cierto que será necesario encontrar consensos que permitan salidas
viables, pero reproducir lógicas del pasado sería inaceptable. El
Gobierno estará ante la oportunidad de demostrar que el nuevo Estado
puede ser más que un ente para la legitimación de los intereses del
poder económico.
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