Gobiernan
la criminalidad, la violencia, la corrupción, la hipocresía, el
autoritarismo, la búsqueda del dinero fácil y rápido... al tiempo que
se agudiza la fragmentación social y política y se reduce el ejercicio
de derechos: desde el 26 de febrero, cinco dirigentes comunitarios de
Huehuetenango han sido encarcelados, mientras continúan vigentes otros
procesos y órdenes de captura, y se opera la eliminación física de
líderes.
Las políticas antipopulares, ilegítimas y frecuentemente
ilegales, no dependen solamente de las personas que controlan el poder
ejecutivo, sino que son consecuencia de situaciones estructurales.
Entre otras:
el intento de control de territorios y bienes naturales;el ascenso al control del poder político de grupos nacidos o fortalecidos a partir del contrabando, el narcotráfico y todo tipo de economía ilegal y criminal;el reforzamiento del papel político del Ejército y (sobre todo desde la llegada al gobierno del Partido Patriota) de una visión de seguridad nacional/estabilidad nacional;la persecución de la organización social y la lucha por derechos (consideradas conflictivas y desestabilizadoras);la relegitimación desde 2009 de soluciones militares (golpe de estado en Honduras);la expansión del neoliberalismo como modo y sentido de vida, más allá del modelo económico que representa, lo que promueve intereses y derechos particulares, por encima del colectivo;la influencia en Guatemala de elites centroamericanas de vocación ultraconservadora (sobre todo, capital hondureño implicado en la contrarrevolución antisandinista de los años 80 y el golpe de estado de 2009) y elites europeas igualmente conservadoras.
Prácticamente
todos los actores de poder (políticos y económicos, nacionales e
internacionales) normalizan y vuelven cotidianas la insolidaridad, el
individualismo, la mercantilización, el consumismo, el yo empresarial
sobre la comunidad social, la restricción y persecución de derechos, el
enriquecimiento (desarrollo) cueste lo que cueste… Al igual que la
constante burla de la ley: desconocimiento del derecho de consulta,
evasión de impuestos, incumplimiento de Acuerdos de Paz…
En
este marco, la corrupción es norma y no excepción. Es alimentada por el
desprecio de los intereses colectivos. Se fortalece cuando la ley, los
derechos, incluso la Constitución de la República, son apenas
indicadores y referentes: si me sirven los utilizo, si no me sirven no.
No
se trata de minimizar el impacto de la captura de una poderosísima y
emblemática red criminal (el pasado 16 de abril) sino de
contextualizarla en el marco de un Estado y un poder construidos para
la acumulación y el despojo, a partir de redes criminales y formales.
En qué momento estamos: Estado corporativo criminal
El
contexto actual anula la Constitución y el modelo político de 1985
(formalmente garantista, promotor de derechos, separación de poderes y
el cumplimiento de la ley). Implica, además, el punto y final de los
Acuerdos de Paz de 1996 que, en su espíritu, diseñaron una sociedad con
derechos y consensos: un pacto social para el fin del conflicto armado,
aun bajo los límites de hierro del modelo neoliberal.
El Estado guatemalteco se organiza, constitucionalmente, para “proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. Sus deberes incluyen “garantizarle
a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Esta
propuesta mínima, este punto de partida, ha sido sustituida por la
concentración del poder en el Presidente del gobierno, la persecución y
eliminación de derechos y sus defensores, la lex mercatoria (leyes e
instituciones a favor de las empresas), el poder ilimitado de actores
fuera del escrutinio público.
El Estado guatemalteco, con
bajísimos niveles de recaudación tributaria, incumplimiento de
obligaciones sociales, dirigido bajo la lógica de la corrupción, no es
un Estado fallido, sino un Estado construido para favorecer la
acumulación individual de riqueza. Por ello da cobijo a "estructuras
paralelas que se anclan en el quehacer político y económico para
generar lucro personal y garantizar que el Estado sea un ente ficticio
por la incapacidad financiera y real de ejercer su trabajo en función
del bien común" (Convergencia por los Derechos Humanos, 16 de abril).
Es
un Estado Corporativo o Corporación Nación, en palabras del sociólogo
Gustavo Castro, o Estado Corporativo Criminal, definición que propongo
desde este texto. Este modelo de Estado articula intereses de grupos
oligárquicos, ejército, grupos emergentes y criminales.
Para
este Estado, la democracia, y con ello ideales de consenso,
participación y libertad, deja de ser valor principal o absoluto.
Leyes, procedimientos y/o prácticas se supeditan a la regla de oro, la
generación de condiciones para el desarrollo de la inversión de las
empresas, sin importar los medios que se utilicen: corrupción,
violencia, incumplimiento de leyes, control absoluto del poder.
Hacia dónde vamos: escenario de reconfiguración del modelo de dominación
La
captura de una red de defraudación aduanera que involucra empresarios,
periodistas, funcionarios públicos, exmilitares, constituye un hecho
trascendental [1]: por la dimensión política de los capturados (y por
tanto, de los poderes afectados) y porque permite visibilizar y poner
en cuestionamiento el actual modelo de organización y modelo de Estado,
es decir, un Estado configurado ex profeso para la riqueza fácil e ilícita.
Con
el ingreso en prisión de 16 personas (otras seis quedan ligados a
proceso, además de órdenes de captura pendientes, entre ellas la del
Secretario Privado de la Vicepresidenta), se tambalea el mito de los
gobernantes honestos, reconstructores de la institucionalidad, de los
políticos y empresarios que promueven el Estado de Derecho y el
cumplimiento de la ley. Se abren debates y escenarios de profunda
reflexión y necesaria transformación raizal del sistema actual.
La
captura se produce, además, en el marco de una crisis estructural, que
incluye disputas internas, ascenso y reacomodo de nuevos actores de
poder, resistencias comunitarias y populares, pérdida de credibilidad y
confianza en el modelo de representación y organización.
No
obstante, las posibilidades de una conducción democrática-popular de la
coyuntura y crisis actual, están por construirse. En el río revuelto de
la corrupción, captura y caída de determinados operadores, pretenden
beneficiarse otros sectores, con el único fin de ocupar los espacios
(forzosamente) abandonados. Para estos sectores, las capturas son una
posibilidad para el ascenso al poder político de nuevos actores, o el
mejor posicionamiento de actores tradicionales (por ejemplo, el gremio
empresarial articulado en el Cacif). Complementariamente, la crisis
puede reconducirse parcialmente (amortiguamiento) sin cambiar ninguna
de las bases del poder tradicional.
En el marco de cambios de
forma y no de orientación, algunos escenarios futuros (complementarios
y cruzados) pueden gravitar alrededor de:
Reformas parciales de instituciones y leyes. Para
enfrentar la disputa de poderes y la crisis estructural, se proponen
reformas de carácter limitado y escaso impacto: al sistema electoral y
al sistema de justicia.
Rompimiento institucional, con una o varias de estas variantes: golpe,
autogolpe, destitución del actual gobierno, suspensión del proceso
electoral, disolución del Congreso y conformación de una Asamblea
Nacional Constituyente, conformación de un gobierno de salvación
nacional (¿liderado por el Ejército, la Corte de Constitucionalidad, la
PDH?). Son posiciones sostenidas, entre otros, por el programa Hablemos
Claro de Mario David García, en Emisoras Unidas, el columnista Pedro
Trujillo en Prensa Libre, y Ricardo Méndez Ruiz (golpe después de las
elecciones). Implican mayor autoritarismo y dictadura de facto.
Refundación del Estado desde grupos conservadores.
Es una propuesta en ascenso en el actual proceso electoral,
operativizada a través de la constitución de un frente de convergencia
nacional. El alcance y los contenidos de la refundación no están
definidos, pues se pretende responder a intereses de sectores
económicos tradicionales y emergentes, al tiempo que se proponen
medidas parciales para contener el descontento social (incremento de
regalías a empresas mineras, reconocimiento constitucional de la
multiculturalidad del país…). Se podría desarrollar a través de una
Asamblea Constituyente. Defendida entre otros por Roberto Alejos y
Alfonso Portillo.
Reforma constitucional y de leyes con carácter autoritario. La
crisis es aprovechada para fortalecer un proyecto ultraconservador, que
propugna eliminar garantías constitucionales y pulverizar el ejercicio
de derechos. Esta visión cuestiona la preeminencia del derecho
internacional sobre el interno en materia de derechos humanos; promueve
la privatización o usufructo del subsuelo; combate la inscripción de
comunidades indígenas (prevista en el Código Municipal); aboga por un
esquema de Ciudades Modelo con gobiernos empresariales propios (es
decir, un brutal reordenamiento territorial y político en función de la
actividad empresarial); generaliza incentivos y exenciones para las
empresas; institucionaliza la participación del ejército en tareas de
seguridad interna; reduce el papel del Estado: de espacio para la
búsqueda de consensos y definición de políticas públicas a garante de
inversiones. Es el proyecto histórico de ProReforma.
En todos estos escenarios, las líneas de continuidad y las coincidencias son abrumadoras, y se expresan sobre todo en:
Redefinición de la alianza oligarquía-ejército-transnacionales (sectores de...), para el control del poder político en el próximo periodo. En este sentido, el anticipado fin del proyecto del Partido Patriota no implica la ruptura de esta alianza, que incluye sectores de la economía criminal.
Nuevas capturas por corrupción y otros ilícitos, de carácter tan ejemplarizante como limitado.Continuidad de la persecución a los movimientos sociales y comunidades en resistencia.
Aprobación de leyes que garanticen estratégicamente la expansión del capital: ley de inversión y empleo, ampliación de la ley de salarios diferenciados, trabajo y contratos por horas, normativas derivadas de las obligaciones impuestas por el Tratado de Libre Comercio.Violencia como condición sine qua non: para la reproducción del capital tradicional y criminal; como mecanismo para resolver disputas de poder; como continuidad de la visión que considera la política continuación de la guerra por otros medios, matriz ideológica de los militares hoy en el poder y sus sucesores (a partir del poder de la inteligencia militar).Concesiones controladas a movimientos sociales, para controlar la conflictividad y el descontento territorial.
Escenario 2: articulación para transformar el Estado y el modo de vida
La encrucijada regresión autoritaria-democracia participativa, radical, comunitaria,
está presente. El reto para movimientos sociales, de pueblos y
comunidades consiste en convertir la crisis actual en un profundo
cuestionamiento de las bases actuales de organización y convivencia, de
los antivalores prevalecientes.
Algunas preguntas que pueden orientar el debate y la acción en este momento son estas:
¿Qué intereses corporativos y de poder se ven amenazados y qué intereses se ven reforzados en la coyuntura actual?¿Qué dinámicas inmediatas se generan y cómo se articulan con las dinámicas estructurales?¿Cómo nos preparamos para escenarios posibles y/o deseables, (incluso un incierto escenario de destitución del gobierno y rompimiento constitucional?) ¿Qué amenazas y oportunidades plantea cada uno de ellos?¿Cuáles son nuestras demandas inmediatas y en el largo plazo, tácticas y estratégicas? Es decir, cómo incidimos con voz propia en la coyuntura inmediata, al tiempo que se fortalece el proyecto estratégico¿Cuáles son las acciones que visualizamos para impulsar las demandas?¿Qué demandas nos articulan, como movimientos y con otros sectores no organizados?¿Cuáles deben ser criterios y prioridades comunicativas (y por tanto de acción política)?¿Bajo qué principios éticos y políticos pueden construirse alianzas y acciones conjuntas?¿Cómo nos reorganizamos y rearticulamos para reconducir la crisis?
El
Estado se construye y reconfigura como Estado criminal corporativo,
donde lo normal es robar y enriquecerse a costa de los demás. Nuestra
propuesta, pensada e impulsada colectivamente, debe normalizar una
nueva forma de vida basada en el diálogo, el consenso, los valores, los
derechos colectivos.
Nuestras demandas incluyen
pero van más allá de la renuncia de la pareja presidencial, del juicio
y encarcelamiento de gobernantes y empresarios corruptos, violentos,
ladrones, del recambio de unos mentirosos por otros.
Proponemos
la democracia plural y comunitaria, hecha con todos y para todos. Un
nuevo gobierno orientado por la justicia, la búsqueda de la equidad en
la diversidad, la pluralidad y la solidaridad, frente al
enriquecimiento fácil y los engaños, frente al Estado corporativo
criminal del momento presente.
[1] De
características similares a la captura del exmilitar Byron Lima Oliva y
de miembros de la familia de narcotraficantes Mendoza, en 2014.
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