Noticias Aliadas
Adital
El pasado
27 de marzo, un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) definió la agenda de
decenas de organizaciones que se movilizaron en demanda de la renuncia o destitución
de los jueces de ese organismo. Reaccionaron indignadas por la decisión del juez
Alejandro Moscoso Segarra de librar de ir a prisión y comparecer a juicio de fondo
al senador oficialista Félix Bautista, por cargos de corrupción, lavado de activos,
enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos y privados.
El senador Felix Bautista
acusado de corrupción y otros crímenes obtiene decisión favorable de la
Justicia y se libra de la prisión. |
La demanda
une en una sola voz a sectores que tradicionalmente luchan por separado. La Iglesia
Católica e iglesias evangélicas, grupos conservadores y progresistas, organizaciones
populares, empresariales, feministas y de la diversidad sexual, partidos políticos
de la oposición e instituciones que se dedican al combate de la corrupción, se congregaron
el 9 de abril en la Jornada Nacional contra el Robo y la Impunidad.
La historia
de Bautista, de 52 años, es la de un humilde sastre de un pueblo del sur del país
que en poco tiempo se convirtió en un empresario multimillonario con inversiones
en Haití y Panamá y que hoy se ve envuelto en un expediente de corrupción por casi
40 millardos de pesos (equivalentes US$890 millones).
Bautista,
secretario de Organización del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
empezó a amasar su fortuna entre 1996 y el 2000 cuando dirigió la entonces Oficina
Coordinadora de Obras del Estado —que posteriormente se fusionó con la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)— durante el primer gobierno
del expresidente Leonel Fernández (1996-2000). En el 2004, con el retorno de Fernández
al poder, Bautista se hizo cargo de la OISOE, donde permaneció hasta el 2010 cuando
fue elegido senador por la provincia de San Juan.
Según
el expediente acusatorio, a raíz de su designación como director de la OISOE, Bautista
"logra hacerse de un ostentoso patrimonio personal, familiar y societarios, adquiriendo
numerosos mueble e inmuebles, aperturando directa e indirectamente enormes cuentas
bancarias nacionales e internacionales, y sosteniendo un nivel de gastos muy superior
al que le permitían los bajos ingresos de su función”.
Antecedentes nefastos
Sin embargo,
esta no es la primera vez que Bautista se ve cuestionado por la justicia: "Estamos
ante un imputado con largos antecedentes y múltiples acusaciones de corrupción,
desde el caso de la construcción irregular de la carretera San Juan-Vallejuel o
el increíble caso de The Sun Land. Además, debemos indicar los vínculos e investigaciones
de otros casos y el supuesto financiamiento ilegal de campañas electorales en Perú,
Panamá y Haití, que lo convierte en un personaje con casos de corrupción en el ámbito
local que ha trascendido al ámbito internacional”, señala Carlos Pimentel, director
del Programa de Transparencia de Participación Ciudadana, movimiento cívico que
aboga por el fortalecimiento de las instituciones políticas.
Con el
caso de la carretera, Pimentel se refiere a la malversación de más de 50 millones
de pesos que llevaron a Bautista a la cárcel entre el año 2000 y el 2001. En cuanto
a la empresa consultora estadounidense The Sun Land Group, se trata de la contratación
de un préstamo internacional por $130 millones, gestionado en el 2006 sin la aprobación
del Congreso Nacional como mandan las leyes.
La inconformidad
de las organizaciones se atiza debido a que al juez Moscoso Segarra se le reconoce
una pública trayectoria en el PLD. El magistrado debía evaluar las pruebas presentadas
por la Procuraduría General para juzgar y enviar a prisión al legislador, sin embargo
resolvió que el caso no debía proseguir bajo el argumento de que las evidencias
eran inconsistentes y que el Ministerio Público ya había juzgado algunas de las
acusaciones.
No se
trata del primer caso de corrupción que se ha resuelto a favor de la parte acusada
en los últimos años, pero sí el que ha suscitado mayor indignación y movilización
en contra, en un país caracterizado por la alta tolerancia a la corrupción y a la
impunidad, males que además tiende a justificar, según el informe "Cultura Política
de la Democracia en la República Dominicana, 2010”, publicado por la encuesta Barómetro
de las Américas.
Dominicanas y dominicanos
salen a las calles a protestar contra la impunidad en los casos de corrupción |
La ciudadanía toma las calles
Las movilizaciones
se llevan a cabo en distintas provincias del país y propician la unión entre los
grupos más diversos y hasta antagónicos. Manuel Robles, miembro del movimiento Impunidad
Cero, colectivo orientado a la denuncia de casos de corrupción y al reclamo de justicia
efectiva, explica a Noticias Aliadas que "esta coalición no distingue partidos ni
afiliaciones políticas, en ella cabrían hasta personas que pertenezcan al partido
de gobierno y que entiendan que debemos generar la suficiente potencia social y
política para cambiar el estatus actual en el que la impunidad prevalece”.
Robles
reconoce que se trata de una estrategia "compleja pero imprescindible” para consolidar
la lucha contra la impunidad.
No obstante,
no todos se muestran de acuerdo. Para Pimentel, "no es posible demandar castigo
y sanción a la corrupción a los mismos actores que la promueven, y es de ingenuos
aliarse con los corruptos de ayer para enfrentar a los de hoy”.
Transparencia
Internacional (TI), organización de lucha contra la corrupción en el mundo, se pronunció
el 8 de abril en un comunicado en relación a la aparente falta de autonomía de la
SJC y llamó a un proceso de revisión de la Justicia para eliminar la interferencia
política en las decisiones de los magistrados. La mayoría de los jueces de la SCJ
pertenecieron, hasta su nombramiento en el año 2011, a la dirección del partido
oficialista PLD.
"El Ministerio
Público presentó un caso de corrupción bien documentado, mostrando entre otras cosas
un enorme desacuerdo entre lo que Bautista reportó en su declaración patrimonial
y lo que sus cuentas bancarias revelan”, señala el comunicado de TI. "Sin embargo,
un magistrado de la Corte Suprema desechó el caso, aludiendo que no había pruebas
suficientes para seguir adelante con el caso. Este juez es miembro del partido al
cual el acusado pertenece y en el cual ostenta un alto cargo en la jerarquía partidaria.
Esta decisión ha sido cuestionada por amplios sectores de la sociedad y ha motivado
a miles de personas a salir a las calles”.
Francisco
Domínguez Brito, el procurador general de la República, ha manifestado que con este
controversial dictamen la Justicia "le ha fallado al país”.
Aunque
el caso ha sido sometido a apelación, la sociedad civil desconfía del sistema judicial
e insiste en exigir la renuncia de los jueces de la SCJ y su sustitución mediante
un proceso abierto y transparente.
La Colectiva
Mujer y Salud llamó a las mujeres a manifestarse. En una campaña difundida por las
redes sociales, el grupo feminista pregunta sobre acciones específicas que pudieron
lograrse con el dinero que supuestamente malversó el legislador.
"¿Cuántas
estancias infantiles se hubieran podido construir con los millones robados por Félix
Bautista? ¿Cuántas muertes maternas se hubieran podido evitar? ¿Cuántos centros
de salud primaria se hubieran podido construir?”, son algunos de los mensajes claves
de la campaña.
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