Como en Ferguson y Nueva York, las protestas, la bronca y la
violencia que se desató esta semana tras la muerte de un joven negro a
manos de la policía no son un hecho aislado ni azaroso.
Años de represión e impunidad policial y de connivencia política
explican una nueva crónica de un estallido anunciado en Estados Unidos.
Como en Ferguson y Nueva York, las protestas, la bronca y la
violencia que desató esta semana en la ciudad de Baltimore la muerte de
un joven negro a manos de la policía no son un hecho aislado ni azaroso.
Años de represión e impunidad policial y de connivencia política
explican una nueva crónica de un estallido anunciado en Estados Unidos.
Las cicatrices más recientes en esta ciudad del noreste
norteamericano, en la que más del 63% de sus habitantes son negros,
datan de finales de los años noventa.
Baltimore importó el modelo de tolerancia cero del ex intendente de
Nueva York Rudolph Giuliani, una política que ganó adeptos en todo el
mundo, incluida Argentina, y que propone como parte de su estrategia
masificar las detenciones, inclusive de personas que hayan cometido la
más mínima infracción.
El entonces intendente demócrata de Baltimore, Martin O’Malley,
defendió la estrategia como “la correcta para ese momento” y destacó que
las cifras de asesinatos y crímenes violentos disminuyeron. Sin
embargo, la ciudad le tuvo que poner fin después de siete años y de
gastar millones de dólares en indemnizaciones.
En 2004, Baltimore pagó 6 millones de dólares a Jeffrey Alston, un
hombre que quedó paralizado del cuello para abajo después de ser
detenido por “tener olor a alcohol en el aliento” y trasladado a una
comisaría.
Un año después, Dondi Johnson, un hombre de 43 años, fue detenido por
orinar en la calle y después de un breve viaje en un patrullero terminó
cuadripléjico, con la columna quebrada y desplazada. Murió un mes más
tarde, y un jurado ordenó a la ciudad pagarle 7,4 millones a la familia
de la víctima.
Finalmente, en 2006, dos organizaciones de derechos civiles acusaron
al Estado municipal de cometer “abuso de poder” con las detenciones
masivas y ganaron el juicio. El gobierno tuvo que pagar otros 870.000
dólares y eliminó la política de tolerancia cero.
Las detenciones masivas terminaron, pero no la impunidad policial comprada con dinero público.
Según una investigación publicada por el diario Baltimore Sun en
septiembre pasado, esa ciudad del estado de Maryland pagó más de 5,7
millones de dólares en acuerdos extra judiciales desde 2011 para evitar
condenas por brutalidad policial.
Estos acuerdos, además, garantizaron que las víctimas y sus familias
no puedan hablar públicamente de sus arrestos injustos y de las golpizas
que recibieron.
Entre las víctimas que destaca el matutino se encuentra un chico de
15 años que fue detenido cuando andaba en bicicleta, una contadora de 26
años embarazada que intentaba terminar una pelea callejera, una mujer
de 50 años que vendía números para una rifa en su iglesia y una abuela
de 87 años que había llamado a Emergencias porque su nieto había sido
baleado. En la mayoría de estos casos, las víctimas eran negros.
Pero no todas las historias de brutalidad policial en Baltimore
terminan con heridas graves y una indemnización. Algunas terminan peor.
Según un informe de la reconocida organización norteamericana de
derechos civiles ACLU, publicado el mes pasado, 109 personas murieron a
manos de policías cada vez más militarizados en el estado de Maryland
entre 2010 y 2014, 31 de ellos en la ciudad de Baltimore.
De las víctimas fatales de la policía en esos cuatro años, un 70%
eran negros (en un estado en el que la población afroamericana no
alcanza el 30%) y más de un 40% estaban desarmados.
Pese a estas cifras, el único policía que fue procesado por la muerte
de un civil en este período fue un agente de Baltimore que mató a un
marine veterano en un bar, cuando no estaba de servicio.
La acumulación de estos antecedentes a lo largo de los años forzó a
las autoridades de Maryland a presentar un paquete de medidas para
aumentar la regulación y la fiscalización del accionar de las fuerzas
policías.
Sin embargo, en el último mes el sindicato de policía consiguió
remover algunos de los puntos más importantes de la reforma, como que
todas las muertes causadas por agentes deban ser investigadas por
fiscales del estado y no de la ciudad, y que los procesos sean civiles y
no internos.
“Nuestro jefe no tiene un problema con disciplinar a los policías
malos”, explicó el sargento Clyde Boatwright, presidente de la Escuela
del Sindicato de Policía de Baltimore en una audiencia pública que se
realizó el mes pasado para discutir la reforma y que reprodujo el portal
de noticias The Intercept.
“Lo que estamos diciendo es que el sistema funciona”, agregó el
oficial, reafirmando una vez más una creencia que comparten la mayoría
de la dirigencia política del país y los grandes medios de comunicación
estadounidenses pese a los sistemáticos y masivos estallidos de
protestas y bronca que provocan la innegable discriminación y
desigualdad que sufre la comunidad negra.
Telam
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