Noticias Aliadas
Adital
La mañana del 19 de marzo, los pobladores de
Santa Eulalia,
municipio ubicado en la Sierra de los Cuchumatanes, en el norteño
departamento de
Huehuetenango, se encontraban entusiasmados. Se habían reunido frente a
la municipalidad para exigir la reapertura de la radio comunitaria
Snuq Jolom Konob, que había sido cerrada dos meses atrás por el alcalde
Diego Marcos.
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| Indígenas guatemaltecos enfrentan diariamente truculencia policial. |
Fundada en el 2000, Snuq Jolom Konob significa "Cabeza de
Pueblo” en la lengua maya q’anjob’al, en referencia a la gigantesca escultura monolítica
que existe en la zona, de la cual sólo queda la cabeza. Desde su creación, Snuq
Jolom Konob había transmitido su programación desde las instalaciones de la municipalidad.
Con la participación de voluntarios indígenas, la radio transmite
en q’anjob’al y ha jugado un rol vital en salvar esta lengua maya —hablada por casi
100,000 personas en los pueblos de San Pedro Soloma, San Juan Ixcoy, Barillas y
Santa Eulalia— de la extinción.
También ha permitido que la comunidad q’anjob’al exprese su
oposición a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Cambalam que
ha provocado el desplazamiento de familias locales. En el 2011, el gobierno del
presidente Otto Pérez Molina otorgó la licencia a Hidro Santa Cruz, subsidiaria
de la corporación española Hidralia Energía, para construir la represa sin haber
obtenido el consentimiento previo e informado de las comunidades locales, de acuerdo
con el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
El asesinato del líder de la comunidad Andrés Francisco Miguel
en mayo del 2012 por guardias de seguridad armados, empleados por Hidro Santa Cruz,
generó una serie de protestas en el norte de Huehuetenango que enfrentaron una dura
represión del gobierno central.
Pérez Molina declaró Barillas en estado de sitio, suspendió
los derechos constitucionales y puso la zona bajo control del Ejército. En escenas
que recordaban los ataques contra las comunidades indígenas durante los 36 años
de guerra civil, soldados y policías allanaron la localidad, derribaron puertas
sin órdenes judiciales y amenazaron a las mujeres con violarlas.
Fueron detenidos 19 líderes indígenas y llevados a una cárcel
de alta seguridad en Ciudad de Guatemala, acusados de delitos que van desde robo
armado hasta terrorismo. Algunos fueron finalmente liberados debido a la falta de
evidencias luego de haber permanecido encarcelados por más de 150 días y otros todavía
esperan ser juzgados.
Según el procurador de los derechos humanos, Jorge León Duque,
fueron violados los derechos fundamentales de los detenidos porque no se les informó
los motivos de su encarcelamiento y no se les permitió acceso a traductores a pesar
de que su lengua materna era q’anjob’al.
Presos políticos
Bajo el clima de represión que soportó la comunidad q’anjob’al
desde que se otorgó la licencia a Hidro Santa Cruz para construir la represa, radio
Snuq Jolom Konob era el único medio que tenían los pobladores para expresar su descontento
y planear actividades de resistencia.
Fue tan fundamental el papel que jugó la radio que cuando
el alcalde Marcos, que pertenece al partido opositor Lider y está a favor de la
represa, decidió cerrarla por la fuerza el 20 de enero, la población de Santa Eulalia
estaba dispuesta a dar la vida por defender la emisora.
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| Líderes indígenas son muertos y las comunidades reaccionan ante la represión gubernamental. |
Durante un enfrentamiento entre pobladores y empleados municipales,
fue baleado Pascual Basilio Pascual Diego, de 20 años. Su padre, Domingo Antonio
y otros testigos, responsabilizaron al alcalde. Pascual Diego murió en un hospital
dos meses después.
El 19 de marzo, comunicadores voluntarios, respaldados por
la población de Santa Eulalia, trataron de reabrir la radio Snuq Jolom Konob. Sin
embargo, el alcalde y los empleados municipales les impidieron la entrada y hasta
la fecha la radio permanece cerrada.
"Lo de la radio se circunscribe en el marco de una agresión
permanente del Estado guatemalteco en contra de nuestros pueblos ancestrales que
se han organizado para defender el agua, los cerros, la Madre Tierra, los bosques,
la vía en sí”, dijo Rigoberto Juárez Mateo, representante del Gobierno Plurinacional
de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Poptí y Mestiza de Huehuetenango.
Ante la cercanía de las elecciones generales previstas para
setiembre, Juárez teme que las acciones represivas contra líderes comunales se intensifiquen
y se disfracen como violencia política.
El 24 de marzo, cuatro días después que fuera entrevistado
por Noticias Aliadas, Juárez y Domingo Baltazar, otro líder q’anjob’al, fueron arrestados
sin orden judicial por efectivos policiales en Ciudad de Guatemala, luego que viajaran
a la capital para reunirse con organizaciones de derechos humanos que están documentando
las violaciones a los derechos humanos cometidas contra su comunidad. Durante el
incidente, el abogado Ricardo Cajas fue atacado físicamente por los dos agentes
cuando les exigió que mostraran la orden judicial y leyeran sus derechos a Juárez
y Baltazar.
Tres días después, se presentaron ante el juez Otto Felipe
Vásquez quien expidió medidas cautelares en vez de prisión preventiva. Sin embargo,
cuando abandonaron el tribunal fueron detenidos nuevamente por la policía. Juárez
y Baltazar son acusados de secuestro e instigar actividades criminales, cargos que
ambos niegan.
En declaraciones desde la cárcel, Juárez afirmó a la periodista
Andrea Ixchiú: "Nosotros nos consideramos como presos políticos. Aunque esté aquí
tras las rejas insisto que es urgente que nuestros pueblos y nacionalidades ancestrales
reorienten su lucha. La autodeterminación es el camino. No hay de otra porque no
hay un Estado para nosotros. El Estado se ha fundamentado más que nada para reprimir,
para dañar, para expropiarnos de lo poco que tenemos”.
El mismo día en que Juárez y Baltazar comparecieron ante el
juez Vásquez, fueron liberados y nuevamente detenidos, el cadáver del líder q’anjob’al
Pascual Pablo Francisco fue hallado en la aldea Chancolín, en el municipio de Barillas,
con signos de tortura. La comunidad responsabiliza a Hidro Santa Cruz de su muerte
y el incidente ha exacerbado las tensiones entre el pueblo q’anjob’al, la empresa
y las autoridades.
Las acciones represivas contra líderes de comunidades indígenas
opuestas a las industrias extractivas y proyectos de infraestructura a gran escala
se han incrementado dramáticamente bajo el actual gobierno, aseguran organizaciones
de derechos humanos.
Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), 657 activistas en derechos humanos fueron
víctimas de ataques en el 2013, número que aumentó a 810 en el 2014. Esta cifra
— la más alta desde que UDEFEGUA empezó registrar tales incidentes en el 2000 —
incluye siete asesinatos y 21 intentos de asesinato.
Uno de los peores casos de violencia desatada por el actual
gobierno contra la protesta indígena fue la masacre de ocho manifestantes en el
nororiental departamento de Totonicapán. Soldados armados con fusiles israelíes
Galil dispararon contra líderes campesinos durante el bloqueo de una carretera contra
el aumento de los precios de la electricidad en octubre del 2012.
"Este gobierno ha militarizado todo; ha usado la fuerza y
la represión en muchas protestas y movimientos sociales”, dijo Norma Sancir, periodista
del medio independiente Prensa Comunitaria, quien fue detenida durante cinco días
en setiembre del 2014 por cubrir manifestaciones pacíficas en el oriental departamento
de Chiquimula.
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| Pueblo q’anjob’al en permamente tensión con la Hidroeléctica Santa Cruz. |
Malo periodismo
Observadores internacionales y organizaciones no gubernamentales
también están en la mira. En julio del 2014, a dos integrantes de las Brigadas Internacionales
de Paz que acompañaban el violento desalojo de una protesta antiminera en la localidad
de La Puya, en el municipio de San José del Golfo, a 28 km al noreste de Ciudad
de Guatemala, les fueron retiradas sus visas de residencia y les informaron que
debían abandonar el país en una semana.
El ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla dijo que
el caso debe servir como "advertencia” para todas las organizaciones internacionales
y acusó a ciudadanos extranjeros de incitar las protestas y manipular a la población
local.
Una tendencia preocupante en el marco del actual clima de
criminalización de líderes y lideresas socialesha sido el hecho de que tanto manifestantes como las organizaciones de derechos
humanos que los apoyan hayan sido calificados de "terroristas” por el gobierno de
Pérez Molina, discurso del que han hecho eco los medios de comunicación y comentaristas
de derecha.
El programa "Suecia financia terroristas en Guatemala”, transmitido
por los periodistas Sylvia Gereda y Pedro Trujillo del Canal Antigua TV en marzo
del 2012 es un claro ejemplo de esto. El reportaje acusaba a la Embajada de Suecia
de entregar dinero a "organizaciones que promueven la inestabilidad política, terrorismo
y debilitan el Estado” a través de proyectos de cooperación que apoyan a organizaciones
de la sociedad civil en el municipio de San Juan Sacatepequez, a 31 km al norte
de la capital, donde comunidades indígenas desde hace ocho años protestan contra
la construcción de una fábrica de cemento de propiedad de Cementos Progreso. Aquella
vez, el relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de
Expresión, Frank La Rue, consideró el programa como un ejemplo de "mal periodismo”.
El Canal Antigua TV pertenece al ministro de Energía y Minas
Erick Archila Dehesa y los críticos señalan este caso como una clara demostración
de cómo los principales medios de comunicación son usados para hacer eco de los
intereses corporativos.
"Los medios están monopolizados y todo aquel que se opone
a los megaproyectos que van en contra de la libertad de los pueblos, es terrorista”,
dijo Norma Sancir. —Noticias Aliadas.
* Becaria Elizabeth Neuffer 2014-2015 de la Fundación Internacional
de Mujeres en los Medios de Comunicación (IWMF, pos sus siglas en inglés)
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