Si
pudiéramos imaginar el territorio nacional más allá del tradicional
mapa, nos podríamos encontrar con imágenes sucesivas que se superponen
una encima de otra, a la manera de piezas de puzzle. Si por ejemplo
nombraríamos “Amazonia”, probablemente imaginemos: bosques, pueblos
nativos, petróleo, ríos, diversos animales, etc. Y si nombramos “Andes”:
montañas, pueblos campesinos, nevados, auquénidos, minería, etc. Todas
esas fichas- imágenes, son parte de un todo que conforma la idea de país
que estamos construyendo.
Sin embargo, el territorio que
imaginamos se ve cada vez más acechado por diferentes intereses que no
son bien canalizados y que van distorsionando el objetivo final del
Estado. Como si todo se revolviera y te intentaran cambiar las fichas
verdes por otras grises, imponiendo tonos monocromáticos en esa supuesta
construcción de país conjunta. A eso le agregamos que los instrumentos y
mecanismos que nos pueden ayudar a gestionar el territorio y establecer
un criterio de orden y sostenibilidad, van siendo debilitados y hasta
saboteados.
Para hacernos una idea, la presión que ejercen
las actividades extractivas se ha ido incrementando de manera
exponencial conforme hemos ido creciendo económicamente; y ahora bajo la
justificación de una desaceleración económica el Gobierno propone que
el principal criterio para “ordenar” el territorio es el libre mercado.
Las consecuencias: el 21% del territorio nacional, hoy se encuentre
concesionado[1]; de ese territorio concesionado el 49.63% son tierras de comunidades campesinas[2].
Si volteamos la vista hacia la Amazonía encontramos que el 75% del
territorio se somete a presión de diversas actividades extractivas,
principalmente la explotación de hidrocarburos, concesiones maderables,
plantaciones de monocultivos y otras[3]. Nuestro mar
enfrenta parecida situación. A esto hay que agregarle la proliferación
de actividades como la tala ilegal, minería informal, tráfico de
terrenos, narcotráfico y la aparición de redes de crimen organizado,
atentas al descalabro territorial que enfrentamos, como el caso de la
red Orellana[4].
Esta situación se ve
agravada por las acciones que el actual Gobierno ha ido impulsando a
nivel normativo. Nos referimos a los cuatro paquetazos que desde
mediados del 2013 han sido aprobados para supuestamente promover las
inversiones. El primer paquetazo conformado por el D.S. 054-2013-PCM,
D.S. 060-2013-PCM, Ley 30025. El segundo paquetazo un serio golpe a la
institucionalidad ambiental y territorialidad Ley 30230[5]; el tercer paquetazo: D.S. 001-2015-EM[6], Ley 30264 y el cuarto paquetazo: proyecto de Ley 3941-2014-PE[7]. Normas que han ido debilitando los estándares ambientales y facilitando el acceso a la tierra y territorios indígenas. Leyes ómnibus
que legislan sobre todo tipo de derechos borrando de un plumazo lo poco
avanzado en protección de derechos y políticas públicas en favor de los
ciudadanos.
En suma la presión de actividades
extractivas, actividades ilegales, combinada con un gobierno centralista
cada vez más débil en el terreno para establecer criterios claros para
ordenar el territorio, conforma una fotografía de verdadero caos
territorial. Tierra abonada para permanentes conflictos. Solo en marzo
la Defensoría del Pueblo registró 211 conflictos[8], de
los cuales 141 son conflictos socioambientales: 94 de minería, 22 de
hidrocarburos. Nada menos que un 66,8% del total. Pero además el
Gobierno central se trata de ocupar de la resolución de 129 de ellos, es
decir del 61,1%. Lo que cada vez parece más insostenible primero porque
es imposible atender las múltiples demandas de diversos conflictos a
través de un ente centralizado como es la Oficina de Dialogo de la PCM y
segundo porque muchos conflictos como Conga, Pichanaqui y recientemente
Tía María, desbordan los débiles mecanismos para garantizar los
derechos humanos de los ciudadanos inmersos en una protesta, cuyas
causas en cierta forma, han sido generados por el propio gobierno.
Esta
situación está haciendo precaria la convivencia entre peruanos y nos
sigue llevando a un espiral de conflictividad, que se expresa en la mal
llamada “ley de la selva”, puesto que ahí donde se supone no hay orden
existe una ley natural, la del más fuerte. Fuerza que se mide
económicamente, tal como lo quiere el neoliberalismo; donde la
cooptación del Derecho esta “constitucionalizando” los intereses
económicos de los más poderosos para sus fines convenientes, como es
caso de leyes que fomentan el acaparamiento de tierras para actividades
extractivas o debilitan los estándares ambientales; quitándole contenido
a uno de los pilares de la democracia, el Estado de Derecho puesto a la
servicio del bienestar común de todas y todos los peruanos.
Luis
Hallazi es abogado y politólogo, especialista en Derechos Humanos y en
mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador. luis.hallazi@gmail.com
Notas
[1] La organización Cooperacción refiere el dato de 21,20% mientras el informe de Propuesta Ciudadana “Concesiones Mineras en el Perú: Análisis y propuesta de política” refiere que una quinta parte (20%) estaría concesionado a la minería. http://www.propuestaciudadana.org.pe/node/850000
[2] Según el X Informe del Observatorio de Conflictos mineros en el Perú. http://www.cooperaccion.org.pe/informa/44-cooperaccion-informa/501-xi-informe-del-observatorio-de-conflictos-mineros-en-el-peru
[3] Según el Atlas Amazonia Bajo Presión publicado por la RAISG. http://www.ibcperu.org/notice-12/
[4] Para más información: 10 claves para entender como operaba la red criminal. http://peru21.pe/politica/rodolfo-orellana-red-criminal-10-claves-2192955
[5] Para más información: Paquetazo Castilla: un peligroso giro a la exclusión. http://politicaderechoysociedad.blogspot.com/2014/08/paquetazo-castilla-un-peligroso-giro-la.html
[6] Para más información: Más concesiones mineras recortando derechos de comunidades campesinas. http://politicaderechoysociedad.blogspot.com/2015/02/mas-concesiones-mineras-recortando.html
[7] Para más información sobre los paquetazos y la titulación comunal: El drama de la titulación comunal http://servindi.org/actualidad/126931
[8] Para más información: http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.alainet.org/es/articulo/169293
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