Criminalizan a mapuches, ambientalistas y trabajadores
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El
próximo 13 de abril la Justicia de la provincia del Neuquén, Argentina,
definirá los cargos por los que serán llevadas a juicio autoridades
tradicionales mapuche que defendieron su territorio de la explotación
de hidrocarburos. Tanto la Fiscalía como la querella, piden que Relmu
Ñamku sea procesada por tentativa de homicidio mientras que contra el
werken (vocero) Martín Maliqueo y el lonko (autoridad comunitaria)
Mauricio Raín presentaron cargos por daños agravados.
Los hechos
se remontan al 28 de diciembre de 2012. Ese día, la comunidad Winkul
Newen resistió un intento de desalojo promovido por una subsidiaria de
la empresa norteamericana Apache –comprada en 2014 por YPF. El objetivo
de la acción judicial era reactivar la explotación del Yacimiento
Portezuelo Norte, emplazado dentro de la comunidad y paralizado desde
hacía varios meses por los mapuches. Aquel día la oficial de justicia
Verónica Pelayes, ahora querellante en la causa penal, sufrió lesiones
al recibir el impacto de una piedra en el rostro, hecho que le imputan
a Ñamku y califican como tentativa de homicidio.
Lo ocurrido en
aquella jornada se enmarca en el extenso proceso de avances petroleros
sobre la comunidad, promovidos por el estado provincial –que otorga las
concesiones- y consumado por diferentes empresas –como las
norteamericanas Pioneer y Apache en su momento, y que pretende
continuar la subsidiaria de YPF, Yacimientos del Sur. Vale decir que
todo ello se encuentra en flagrante violación de los derechos indígenas
ya que la política hidrocarburífera, tanto en la provincia de Neuquén
como a nivel del país, se implementa sin el libre, previo e informado
consentimiento de los Pueblos Originarios afectados. Desde hace más de
una década esta situación es denunciada por organizaciones indígenas y
sociales e, incluso, el entonces Relator Especial de la ONU para los
Pueblos Indígenas, James Anaya, emitió un documento en el mismo sentido
luego de su visita a la Argentina en 2011.
Lamentamos las
lesiones sufridas por la oficial de justicia, consideramos que son
consecuencia de la violencia generada por la negación derechos al
Pueblo Mapuche. Durante más de una década de avanzada petrolera, la
comunidad Winkul Newen ha estado expuesta tanto al hostigamiento de la
policía y de civiles armados -e incluso niños y ancianos han sufrido
graves lesiones. Para ellos no ha habido justicia, como tampoco hay por
la violenta afectación ambiental, que impide el normal desarrollo de la
vida mapuche al interior de su territorio.
Como capítulo
latinoamericano de la Red del Sur Global Oilwatch, consideramos que la
mera posibilidad de que una persona sea juzgada y condenada bajo el
cargo de tentativa de homicidio por defender su territorio lanzando
piedras es un hecho desproporcionado que responde a un nuevo intento de
profundizar la criminalización de la protesta social. De haber un fallo
condenatorio se sentaría un grave precedente y en el futuro, cualquier
persona podría enfrentar los mismos cargos por participar en una
protesta en la que se lanzaron piedras.
También queremos
expresar nuestra preocupación por el procesamiento de los asambleístas
Horacio De Carli, Facundo Scattone, Bernardo Zalisñak, Francisco
Larocca y Cesar Arístides Pibernus por el delito de ‘entorpecimiento
del normal funcionamiento del transporte terrestre’, dictado por la
justicia federal. En agosto de 2014 en Concordia, provincia de Entre
Ríos, asambleas socioambientales impidieron durante varias horas el
cruce hacia la República Oriental del Uruguay de cuatro camiones que
transportaban maquinarias para realizar trabajos de prospección
sísmica. Aquella acción fue realizada en el marco de la lucha por la
defensa del Acuífero Guaraní, en la que organizaciones de ambos países
se oponen a la explotación de hidrocarburos con la técnica de
fracturación hidráulica o fracking sobre una de las mayores reservas de
agua dulce de la región.
No podemos dejar de mencionar el caso
de los trabajadores petroleros de Las Heras, en la provincia de Santa
Cruz, que constituye un gravísimo exponente de la criminalización de la
protesta social -en el que claramente se busca disciplinar para
garantizar la productividad de las empresas. En diciembre de 2013 Ramón
Cortez, José Rosales, Franco Padilla y Hugo González fueron condenados
a cadena perpetua por la muerte del policía Jorge Sayago, ocurrida en
febrero de 2006, cuando trabajadores y policías se enfrentaron en el
marco de una larga huelga contra la precarización laboral y el cobro
del impuesto a las ganancias sobre su sueldo. La sentencia, por la cual
también se condenó a otros seis obreros a penas menores, fue apelada
por la defensa, que denunció que los testimonios incriminatorios habían
sido obtenidos bajo torturas.
Desde Oilwatch Latinoamérica
queremos expresar nuestra solidaridad con quienes defienden sus
territorios del avance de la frontera extractiva y que hoy enfrentan
procesos de criminalización, así como también nos sumamos al pedido de
absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras.
Exhortamos
a las autoridades argentinas, y en particular al Gobierno de la
provincia de Neuquén, a garantizar los derechos fundamentales del
Pueblo Mapuche. Asimismo instamos a las autoridades argentinas, y al
Gobierno de la provincia de Entre Ríos en particular, a garantizar la
preservación del Acuífero Guaraní.
Oilwatch Latinoamérica
Acción
Ecológica (Ecuador), Censat Agua Viva – AT Colombia, FASE (Brasil),
Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Observatorio
Petrolero Sur (Argentina)
Primeras adhesiones. Argentina:
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Félix Díaz, qarashe
comunidad Qom Potae Napocna Navogoh; Alberto Binder, vicepresidente del
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
(INECIP); Antonio Gustavo Gómez, Fiscal General de Tucumán; Maristella
Svampa, investigadora del CONICET, socióloga; Enrique Viale, Asociación
Argentina de Abogados Ambientalistas; Bercovich, Alejandro periodista y
economista; Belén Alvaro, docente e investigadora de la Carrera de
Sociología, Universidad Nacional del Comahue; Fernando Stratta,
sociólogo, docente UNLa / UBA / UNSAM; Miguel Mazzeo, escritor, docente
UBA y UNLa; Lic. Juan José González, profesor jubilado de la
Universidad Nacional del Comahue; Dr. Juan Carlos Radovich, Antropólogo
Social -Universidad de Buenos Aires – CONICET; Alexis Papazian,
profesor de historia y doctor en Antropología UBA; Hernán Moreno,
concejal de Zapala (PS); Herman Schiller, periodista; Pablo A.
Fernández, Documentalista/Periodista; Lucila Matteucci; Silvia Rosario
Vázquez; Equipo Pueblos Originarios – SERPAJ; Secretaría de Pueblos
Originarios – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
Nacional; APDH Neuquén; Zainuco, Mesa de los Pueblos Originarios de
Capital Federal y Provincia; Colectiva Feminista La Revuelta; Sin
Cautivas, Feministas por la Resistencia; Fundación Ecosur. Ecología,
Cultura y Educación desde los pueblos del Sur; Foro Ambiental Waj Mapu
de Entre Ríos; Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional; Red
de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena; Diálogo 2000 –
Jubileo Sur Argentina; Foro Ambiental y Social de la Patagonia –
Comodoro Rivadavia; ONG Alerta Angostura; Patria Grande; MST Nueva
Izquierda – Neuquén; Red Ecosocialista – Neuquén; Red Ecosocialista –
Santa Cruz; Partido Socialista Distrito Neuquén; Emancipación Sur
Neuquén en el Frente Popular, Emancipación Sur Corriente Nacional,
Asamblea de Bariloche contra la Megaminería; Prensa Latina Argentina;
Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA); Partido Comunista
de los Trabajadores. Brasil: Prof. Dr. Sebastião F. Raulino,
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias – FEUDUC
(Brasil); Jamila Rodrigues Venturini, periodista; Rede Brasileira de
Justiça Ambiental (RBJA) Brasil; Toxisphera Associação de Saúde
Ambiental (Brasil); Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária
(AMAR); Associação de Proteçãoao Meioambiente de Cianorte (APROMAC),
Fórum dos Atingidos pela Indústria do Petróleo e Petroquímica das
cercanias da Baía de Guanabara (FAPP-BG); Campanha Por um Brasil Livre
de Fracking / Associação Nacional dos Servidores da Carreira de
Especialista em Meio Ambiente e do PECMA (ASCEMA Nacional) y Associação
dos servidores do IBAMA – Rio de Janeiro (ASIBAMA RJ). Chile: Andrés Figueroa Cornejo, periodista. México: Comité Cerezo.
Se reciben adhesiones en la cuenta coord-owla@oilwatch.org
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