Por: Eva Golinger
Hace
dos años, una de las figuras más polémicas de la era del ciberespacio
llegó a la puerta de la Embajada del Ecuador en Londres. A punto de
perder una apelación en los tribunales británicos que podría abrir la
posibilidad real de su extradición a Suecia y, después, a los Estados
Unidos, donde un gran jurado secreto se había reunido para imputarlo,
Julian Assange se refugió en el modesto espacio de la Embajada de
Ecuador. Durante los dos meses siguientes, el Gobierno ecuatoriano
estudiosamente revisó su caso, llamando a expertos para discutir y
debatir los deberes y riesgos que Ecuador enfrentaría con la concesión
de asilo a Assange.
El 16 de agosto de 2012, el ministro de Relaciones Exteriores de
Ecuador, Ricardo Patiño, anunció que su país otorgaría a Assange asilo
diplomático, un concepto consagrado en la Convención sobre Asilo
Diplomático de 1954, también conocida como la Convención de Caracas. El
Gobierno británico se negó a reconocer este estatus y en un principio
amenazó con violar la soberanía de Ecuador, casi entrando en la
Embajada para arrestar a Assange. Después de fuertes protestas por
parte del Gobierno ecuatoriano y desde América Latina, Inglaterra se
abstuvo de provocar un escándalo internacional al forzar la entrada en
la Embajada, y en su lugar optó por mantener una presencia policial
prominente que rodeaba el edificio, impidiendo la salida de Assange.
Dos años más tarde, el caso Assange se encuentra en un punto
estancado. A pesar de los esfuerzos de su equipo legal para poner fin a
la persecución sin fundamento contra él desde Suecia, donde no hay
cargos formales materializados, una solicitud de extradición sigue
vigente para llevarlo a Estocolmo e “interrogarlo”. El Gobierno
británico ha dejado claro que extraditaría a Assange a Suecia si lo
pueden detener. Aunque ninguna solicitud de extradición pública se ha
emitido desde los Estados Unidos a Suecia para Assange, existen pruebas
suficientes para demostrar que un gran jurado ya pudo haber imputado a
Assange en un tribunal de Estados Unidos por cargos, incluyendo
espionaje y ayuda al enemigo, que podrían resultar en su
encarcelamiento a largo plazo. Este temor bien fundado de persecución
política ha reforzado la decisión de Ecuador de mantener su asilo
político.
En 2013, cuando el canciller Patiño visitó a Assange en la Embajada
en el primer aniversario de su llegada, Ecuador inició un esfuerzo para
crear un grupo de trabajo bilateral con el Gobierno británico para
encontrar una solución a la situación. Hasta la fecha, el grupo no ha
tenido ningún avance concreto e Inglaterra se ha negado a discutir el
asunto. Recientemente, durante la segunda visita del canciller Patiño
para ver a Assange el 16 de agosto de 2014, la Oficina Británica de
Relaciones Exteriores emitió un comunicado diciendo que estaban
“comprometidos a encontrar una solución”, sin embargo, solo de acuerdo
a su visión de los resultados: “Seguimos tan comprometidos como nunca
para llegar a una solución diplomática a esta situación. Tenemos claro
que nuestras leyes deben respetarse y el señor Assange debería ser
extraditado a Suecia. Como siempre, pedimos a Ecuador que ayude a poner
fin a esta difícil y costosa situación”. Entre otras palabras, el
Gobierno británico no ve otra solución aparte de la extradición de
Assange. Su posición firme y rígida no deja ninguna oportunidad para la
diplomacia o una resolución creativa, que es lo que se necesita en este
caso.
El Gobierno ecuatoriano ha reiterado su apoyo a Assange y ha dejado
claro que su país está obligado bajo el derecho internacional a
mantener su asilo. Como el canciller Patiño ha afirmado, no existe una
política de devolución para los asilados que todavía están sometidos a
las mismas condiciones que cuando se concedió el asilo. La persecución
se mantiene, y aún no hay cargos contra Assange. Ecuador, un pequeño
país de 15 millones de habitantes con el banano y hermosas rosas como
sus principales productos de exportación, se ha mantenido desafiante
frente a la presión de Inglaterra, Suecia y su mayor aliado, Estados
Unidos.
Dos años encerrados en la Embajada de Ecuador, un piso estrecho con
pocas habitaciones, han pasado factura a Julian Assange. Mientras él
continúa trabajando desde su pequeño espacio dentro de la Embajada, y
su organización WikiLeaks no ha cesado de publicar documentos
importantes que exponen los abusos y actos ilegales de intereses
poderosos, la falta de luz solar, aire fresco y ejercicio regular han
disminuido de forma evidente su calidad de vida y han afectado su
salud. A pesar de su encierro y la separación de los amigos cercanos y
la familia, su espíritu sigue en alto, como fue evidente durante la
visita con el ministro Patiño, y él es optimista sobre los cambios de
una ley en el Reino Unido que podrían conducir a su libertad.
Conocido dentro de los círculos políticos como ‘Ley Assange’, la
enmienda se hizo a principios de 2014 a la Ley de Extradición de 2003
en el Parlamento británico. Como resultado del descontento y malestar
por el limbo legal en el cual ha estado Julian en los últimos cuatro
años -incluso dos años antes de recibir asilo diplomático en la
Embajada de Ecuador, Assange había estado en arresto domiciliario en
Inglaterra, pendiente de una posible extradición a Suecia-, varios
parlamentarios británicos comenzaron a debatir un cambio sustantivo en
la ley que impediría que una futura situación así le ocurriera a
alguien más.
La modificación se incluye en la Ley de Comportamiento Antisocial,
Crimen y Vigilancia de 2014 (no es el nombre más amistoso), en el
Capítulo 12, Parte 12. Se establece específicamente que “la extradición
está prohibida si una decisión para acusar o imputar no se ha hecho
desde el territorio solicitante”, como en el caso de Assange. Si el
país que solicita la extradición aún no ha acusado o decidido enjuiciar
formalmente al individuo solicitado, entonces el Reino Unido no lo
podría extraditar. Así es exactamente el caso de Julian Assange. La
Fiscalía sueca no ha decidido juzgarlo todavía ni siquiera lo ha
imputado ni hay cargos en su contra. La solicitud de extradición actual
está solamente basada en el deseo de “preguntar” a Assange sobre
ciertas alegaciones del las cuales puede o no puede estar involucrado.
En los debates parlamentarios en la Cámara de los Comunes que
condujeron a la aprobación de la enmienda sobre extradición, se
hicieron referencias específicas al caso de Assange. Según los
parlamentarios, con la nueva cláusula, que modifica la Ley de
Extradición de 2003, “se busca garantizar que las personas no sean
extraditadas, cuando no es cierto que serán imputadas, de manera que no
se queden en una prisión durante meses”. También se hizo referencia al
caso de un ciudadano británico, Andrew Symeou, quien fue extraditado a
Grecia para ser interrogado y permaneció en condiciones inhumanas de
reclusión por más de 10 meses sin cargos en su contra. En el caso de
Julian Assange, el debate llegó a la conclusión: “Donde no se toma una
decisión de imputar y enjuiciar, la extradición no puede tener lugar.
La gente no se quedará en el limbo… “.
El equipo legal de Julian tendrá que formular un argumento ante la
corte británica para que se aplique esta ley en su caso, ya que en la
actualidad no parece ser retroactiva. Pero no se puede negar que este
cambio en la ley hubiese impedido la extradición de Assange a Suecia si
hubiera existido previamente. El ministro de Relaciones Exteriores de
Ecuador hizo referencia a la ley modificada como una posible apertura
al diálogo con el Gobierno del Reino Unido. Ecuador también ha ofrecido
a las autoridades suecas sus instalaciones diplomáticas para que
realicen las investigaciones relevantes con Assange dentro de la
Embajada, o por videoconferencia. Hasta la fecha, no han tenido
respuesta. Parece que los únicos interesados en buscar una solución a
esta situación son el Gobierno de Ecuador y Julian Assange. Los
británicos y los suecos han hecho todo lo posible para obstaculizar el
caso.
El canciller Patiño ha declarado anteriormente que Ecuador podría
llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya o las
Naciones Unidas. Los atentados contra la soberanía de Ecuador, el hecho
de no reconocer el asilo concedido a Julian Assange y la negativa a
proporcionar el salvoconducto hacia territorio ecuatoriano son
violaciones del derecho internacional. También han sido afectados los
derechos humanos de Julian. La incapacidad para disfrutar plenamente de
su derecho al asilo y las condiciones de confinamiento a las cuales ha
sido sometido durante dos años, bajo amenaza de arresto por las
autoridades británicas justo afuera de las puertas y ventanas de la
Embajada, ha sido un castigo cruel e inhumano. Si él experimenta una
emergencia médica y necesita atención hospitalaria, el Gobierno
británico ya ha dejado claro que sería arrestado.
Julian Assange y Ecuador han desafiado a los intereses más poderosos
del mundo, a pesar de los peligros, amenazas y consecuencias de sus
acciones. El canciller Ricardo Patiño y el presidente Rafael Correa han
dejado claro que Ecuador se mantendrá firme en su decisión de conceder
asilo a Assange en virtud del derecho internacional, y no van a ceder a
la presión y la intimidación de nadie. El caso Assange va más allá del
simple asilo político. Es un asunto de principios en un momento en que
la información y el secretismo se han vuelto cada vez más las
herramientas de los más poderosos. Se debe hacer justicia para aquellos
que han sacrificado sus libertades para alertarnos sobre estos peligros.
(Tomado de Russia Today)
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