La política de tierra en Uruguay
Fuentes no oficiales2
calculan en un 20% las tierras extranjerizadas, mientras recientes
declaraciones de las autoridades responsables del Censo 2011 del MGAP3 revelan que en el proceso de concentración de la tierra,4
por lo menos unos doce mil pequeños productores (58% productores
ganaderos y 90% menores a 100 há), han perdido la tierra entre el 2000
y el 2011; que ha aumentado el trabajo asalariado zafral (un 15%) y ha
descendido la cantidad de trabajadores permanentes en el agro (un 27%).
Que la ganadería perdió el equivalente de superficie al Departamento de
Paysandú, y lo ha ganado la soja y la forestación.
Mientras
que las “sociedades constituidas” (anónimas, agrarias, etc.) controlan
el 39 % del territorio, garantizando el “secreto agrario” mediante
“excepciones” o artilugios legales para mantener la tenencia de la
tierra, la única política de tierra efectiva en el período 2005-2014 ha
sido la del Instituto Nacional de Colonización (INC) que apenas afecta
3,5 % de la superficie productiva del país. El INC fue luego de la
dictadura otro de los “muertos vivientes”, hasta que desde el año 2005
es motorizado por actores sociales y políticos que defendieron
históricamente la herramienta de la “colonización” y la “afectación” de
las tierras (incluyendo a los colonos propietarios).
Los
“Planes de manejos de suelos” implementados por el MGAP en en el año
2013 para la agricultura de gran escala no tocan la tenencia de la
tierra, pero obligan algunas medidas de cuidado del recurso, alcanzando
en 2013 a regular el 8% de la superficie productiva nacional, con un
sistema de rotaciones.
Extrañamente una parte de la oposición
conservadora ha aprobado en los gobiernos departamentales algunas
medidas preventivas de defensa de la soberanía, (prohibiendo o
limitando la megaminería y el fracking) mediante la utilización de
“Medidas cautelares” o por la aplicación de la Ley de Ordenamiento
Territorial que habilita a los Gobiernos locales a ejercer una especie
de “legislación” Departamental mediante “Directrices”, como los casos
de Tacuarembó, Lavalleja, San José y Paysandú (alcanzando el 26% del
territorio nacional).
Sin embargo al igual que la ley
nacional que limitará la futura compra de tierras por parte de Estados
extranjeros, estas herramientas de ordenamiento defienden la soberanía
nacional con regulaciones preventivas que no tocan intereses ya
instalados. Por lo tanto tendriamos que subrayar que desde la
reapertura democrática hasta la actualidad los gobiernos de partidos
tradicionales han jugado contra la función social de la tierra y a
favor de las sociedades anónimas ya instaladas, principalmente de las
empresas forestales que al día de hoy cubren 1.000.000 de há (6% del
país productivo).5
También hay que destacar que el Gobierno nacional no avanzó en la explotación del hierro del Proyecto “Valentines” de Aratiri”,
que abarcaría 30.000 há, pese a haber impulsado la promoción de una
legislación favorable a la minería de gran porte. Sin embargo ya existe
en la zona de Cerro Chato-Valentines un negocio que sí está instalado:
la compra/venta de tierras y su uso irregular. Se estima en 12.000 há
la superficie que han comprado las sociedades anónimas del latifundio Aratirí hasta el momento,6
con la misma fiebre especulativa que las empresas de oro y hierro en
Minas de Corrales y Zapukay (Rivera) compraron y vendieron tierras
sacando gente del campo, y con un alto porcentaje de uso de esos campos
con Declaraciones Juradas de animales de forma irregular. Recordamos
que de las 30.000 há de superficie del futuro Distrito Minero del
Proyecto “Valentines” el 81% de los predios pedidos eran establecimientos menores a las 500 há, no eran la expresión del histórico latifundismo.7
¿Cómo es posible que agentes políticos de la oposición conservadora
defiendan a sus Departamentos de la megaminería y al mismo tiempo
apoyen la “desafectación” de las 180.000 há que eran de los colonos
propietarios y ahora son de las Sociedades Anónimas que pleitean al
INC?.8
O ¿cómo es posible que estos mismos agentes políticos de la oposición
apoyen todos los recursos de inconstitucionalidad para que los grandes
latifundios no paguen impuestos a la concentración de la tierra?.
2- ¿Colonización o reforma agraria?
A partir de la década de los ’90 la “reforma agraria” 9
no formó parte de las plataformas del Partido Nacional ni del Frente
Amplio. El último gobierno del Partido Colorado intentó cerrar el
Instituto Nacional de Colonización, resistido por la izquierda, los
asalariados y productores familiares. Los sindicatos rurales y sus
aliados, con el apoyo del PIT-CNT han sido quienes mantuvieron
encendida la llama de la reforma agraria, lo que no fue un obstáculo
para que los trabajadores rurales organizados colaboraran en promover
la “función social de la tierra” a través del INC.
El 19 y 20 de octubre del año 2002, en el Encuentro de Trabajadores Asalariados Rurales se acordaba la “Propuesta de Reforma Agraria de sindicatos de Trabajadores Asalariados Rurales”, donde se exigía un proceso que asegurara:
* Que la tierra, el agua y la semilla son bienes pertenecientes a toda la sociedad
* La autosuficiencia alimentaria para toda la población
* La generación de insumos para procesos agroindustriales de mayor
valor agregado
* La generación de empleo y radicación permanente de la población en el campo
* La planificación de la producción a nivel nacional, y la complementación con los países del MERCOSUR y la región
* El desarrollo de tecnologías que respeten la naturaleza y conserven los
recursos naturales para las futuras generaciones
* Desarrollo de Políticas adecuadas: de créditos, tecnologías apropiadas,
comercialización y formas de Producción”
En Septiembre de 2003, se fundó la Coordinadora de Asalariados Rurales
en la Unidad Cooperaria Cololó No.1 (Depto.Soriano), que se movilizó en
Montevideo en noviembre de 2003 para frenar los intentos del gobierno
de cerrar el INC por su déficit presupuestario. Los planteos del
Encuentro del año 2002 son tomados literalmente tres años después
dentro de la Plataforma del “1er. Congreso de la UNATRA ‘Raúl
Sendic-Julia Arévalo”, (realizado el 30/4/2005 en Salto), junto con “los instrumentos políticos a desarrollar en el proceso de Reforma Agraria”:
“- Mantenimiento y fortalecimiento del INC, instrumento creado por la ley 11.029 de 1948
- Incorporar a representantes de los trabajadores asalariados rurales y
de la Asociación de funcionarios del INC, al directorio del mismo
- Convocatoria del PIT-CNT a Sindicatos rurales, Plenarios
Intersindicales del Interior, Departamento de Agroindustrias de la
Central de Trabajadores, AFINCO, y a todas las organizaciones sociales
que compartan la necesidad de transformar las estructuras agrarias, a
integrarse a trabajar para elaborar un Proyecto de Ley de Reforma
Agraria a nivel Nacional” (UNATRA,30/4/2005)
Dentro del
Departamento de Artigas en áreas cañeras y lecheras, la Unión de
Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), sindicatos agroindustriales,
así como agremiaciones de pequeños productores llevaron adelante una
serie de reclamos y ocupaciones entre los años 2005 y 2012, mientras
que asalariados rurales y pequeños productores ganaderos hicieron lo
propio en el Departamento de Tacuarembó entre los años 2007 y 2008,
desde el “Movimiento 10 de setiembre de 1815”.10
El Movimiento por la Tierra calcula en unas 15.000 há las tierras
recuperadas mediante diversas modalidades de luchas sociales bajo el
gobierno progresista.11
Con el Frente Amplio en el gobierno, la incorporación y “recuperación” de tierras colonizadas, el acceso grupal12
y el reconocimiento de los sindicatos rurales como adjudicatarios,
formaron parte de la plataforma de las ocupaciones y diversas luchas
por “tierra pal que la trabaja” localizadas en el interior que
incidieron en la construcción de la agenda política del INC bajo el
gobierno frenteamplista. Al mismo tiempo que las “Prioridades”
definidas en los “Planes” del Directorio de colonización, las políticas
de desarrollo rural y los Consejos de Salarios Rurales constituyeron
oportunidades políticas en procesos asociativos de productores
familiares y asalariados rurales para acceder a los campos y para la
defensa de sus derechos.
3- ¿Emergencia social o re-colonización agraria?
La línea dominante del Gobierno frenteamplista con respecto al acceso a
la tierra fue la de atender “la emergencia social”, no la de
repoblamiento de la campaña o la reforma agraria. En algunos
espacios de la izquierda institucional se ha analizado la correlación
de fuerzas negativas para impulsar cambios en las estructuras agrarias,
y se ha optado por: “fortalecer al INC” como sinónimo de “reforma
agraria”.
En el caso de las “explotaciones
productivas directas” el promedio por colono para el uso de campos en
proyectos grupales llega a las 60 há en ganadería, lo que representa
una escala insuficiente, no una capitalización que garantice la
sustentabilidad del productor y la próxima generación en el campo. Por
lo tanto la atención de la “emergencia social” permite “complementar
ingresos”, pero otorgando a cada colono la mitad de tierra que el INC
ha otorgado promedialmente en los 65 años anteriores.
A este
ritmo de incorporación de tierra se precisarían otros 65 años (el INC
fue fundado en 1948) para atender la demanda de tierra en la estimación
más conservadora que nos permiten hacer los datos oficiales y
calculando en 100 há por solicitante de tierra, que es el promedio
histórico del INC y al mismo tiempo una escala ganadera básica.
Superficie INC, cantidad de colonos y solicitantes de tierra
Superficie incorporada al INC (2005-2014): 81.234 há
Superficie colonizada (1948-2014): 576.576.há
Incorporación de colonos (2005-2014): 1400 13
Cantidad de colonos: 5.000
Solicitantes de tierra: 5260 (estimado x año 2006)14
Colonos con escala insuficiente en “Explotaciones directas” de ganadería grupal:
428 (60 há/ colono)
Sub-total: 5.688 solicitantes de tierra
Elaboración propia en base a http://www.colonizacion.com.uy/ y Observatorio de Política de Tierra http://ssq.com.uy/?cat=31.
Actualmente la incorporación de tierras del INC se financia con 30
millones de dólares anuales para la compra de tierras, provenientes de
Rentas Generales y de una parte del Impuesto a la Concentración de los
Inmuebles Rurales (ICIR) que no fue sustituida por el Impuesto al
Patrimonio. Se discute en el parlamento la creación del “Fondo Nacional
de Colonización” que abre un fideicomiso financiero donde se tomarían
préstamos de “ahorro nacional” (AFAPs u otras entidades) para la
adquisición de tierras de hasta 100 millones de dólares a un 4% de
interés. Esto permitiría adquirir una superficie total de casi 30.000
há más de tierras en 25 años a los precios actuales, por lo que el
promedio de años que exigiría atender la demanda sería un tanto
mejorado sin cambiar la tendencia señalada.
Atendiendo a la
“emergencia social” sin estimular la organización y movilización de la
demanda de tierra difícilmente se logre aumentar la carga impositiva al
latifundio y al agronegocio, o sea mejorar la correlación de fuerzas en
el campo, que permita una re-colonización agraria en la línea planteada
por los trabajadores rurales organizados.
Notas:
1 Comisión Nacional de Fomento Rural organizó diversos encuentros sobre el tema: http://www.cnfr.org.uy/
4
Unos 7946 establecimiento (18%) mayores a 500 ha controlan el 78% de la
tierra, mientras que 24931 (55%) de predios menores a 100 ha controlan
una superficie: 737260 há (4,5% del país) según el CGA 2011.
5 “Por concepto de subsidios a la plantación, el Estado aportó U$S 94,5 millones http://servicios.elpais.com.uy/suplemento/agropecuario/plantados-y-preocupados/agrope_620556_120125.html
Aunque también la empresa Montes del Plata SA (250.000há) ha sido
exonerada por el gobierno actual del Impuesto al Patrimonio por 30 años.
6 Se puede documentar con información catastral la compra-venta de unas 8.303 há a favor de sociedades anónimas de Minera Aratirí
(2010-2013), ubicando el 80% de la misma dentro del “Complejo Minero”,
y distribuida en 5974 há en Durazno y 2329 há en Florida.(DINAMIGE,
19/12/2013).
7 Ver: http://portal.fagro.edu.uy/index.php/documentos/file/32-pablo-daz-fhuce-ganaderia-y-superficie-del-distrito-minero.html
8
Actualmente aún se discute, un Proyecto de Ley que en diciembre de 2013
el Partido Nacional ingresó que pretende desafectar las 180.000 há
restantes de colonización que no cancelaron sus créditos ni
escrituraron antes de 1948, en base a una Sentencia de
inconstitucionalidad del Artículo 5 de la Ley 18.756, declarada por la
Suprema Corte de Justicia. “Enajenación, gravamen y actos de dominio
sobre parcelas que integran las colonias enajenadas por la comisión
asesora de colonización o la sección fomento rural y colonización del
Banco Hipotecario del Uruguay”, disponible en: http://www.parlamento.gub.uy/repartidos/AccesoRepartidos.asp?url=/repartidos/camara/d2013121288-00.htm
9
Es ineludible hablar en Uruguay de Reforma Agraria (de una
re-organización masiva del campo en pocos años) sin considerar el
planteo de la CIDE de 1963 sobre la modificación de las estructuras
agrarias como eje del desarrollo nacional, que implicaba la
expropiación de más de 3 millones de hectáreas para su re-distribución,
la concentración parcelaria de los minifundios y la limitación de la
extensión de la propiedad de la tierra según diversas zonasVer http://www.republica.com.uy/a-50-anios-de-la-cide/
10
En distintos Departamentos se movilizaron los productores rurales a
raíz del avance de los proyectos de explotación minera de gran porte en
el período 2010-2013, abarcando un abanico diverso de sectores
sociales. Ver: http://www.extension.edu.uy/sites/extension.edu.uy/files/contrapunto_numero_2_junio_todo.pdf
12 El Directorio del INC 2005-2014 llevó a 100 los emprendimientos colectivos de “explotación productiva directa”.
13 En junio de 2013 se publica que son 1033 las familias “beneficiadas” entre 2010-2013. http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/despedida-andres-berterreche-inc-balance-gestion
14 Ver http://ssq.com.uy/?cat=31
.El dato de solicitantes de tierras es el último que fue pública y
formalmente manejado por autoridades del INC, fue tomado de la
publicación del Seminario Taller "Colonización para el desarrollo productivo y social" del año 2006 . Sobre
el “Fondo de colonización” la actual presidenta del INC señaló “En
cuanto a la capacidad que tenemos para satisfacer la demanda actual,
puedo decir que del listado de aspirantes a colonos estamos dando
respuesta a un 30% de todos los grupos que se presentan. Si hiciéramos
una visión parcializada del fideicomiso estaríamos, tal vez, teniendo
oportunidad de respuesta para otro 20% o 30%.” (Jaqueline Gómez,
10/4/2014). http://www.parlamento.gub.uy/indexdb/Distribuidos/ListarDistribuido.asp?URL=/distribuidos/contenido/senado/S20142686.htm&TIPO=CON
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