Natasha Pitts
Adital
En la mañana de este lunes
22 de septiembre, una delegación formada por representantes de organizaciones
populares, indígenas y sociales se reúne con el presidente del Congreso
Nacional guatemalteco, Arístides Crespo, y con los diputados jefes de las
diferentes bancadas. La intención es rever las demandas legislativas que
impulsaron la realización de manifestaciones la última semana.
Desde el 17 de septiembre,
organizaciones campesinas, de pueblos ancestrales, populares e integrantes de
radios comunitarias realizan movilizaciones a favor de la aprobación de algunas
leyes -como la de Desarrollo Rural Integral y la de radios Comunitarias- y por
la derogación de otras que atentan contra la vida y los derechos ya
garantizados. Es el caso de la Ley
de Túmulos y de la Ley
de Radiocomunicaciones. De acuerdo con periódicos locales, se realizaron por los
menos 35 bloqueos en carreteras guatemaltecas.
Las manifestaciones de la
semana pasada reverberaron en el Congreso Nacional; una delegación integrada
por representantes de los pueblos, comunidades y organizaciones fue convocada para
reunirse con el presidente del Congreso y con algunos diputados que se
comprometieron a conocer la Ley
de Desarrollo Rural Integral 40-84 y aprobarla en primera lectura. Mientras tanto,
los/las manifestantes permanecieron movilizados en la puerta del Congreso y en
varias otras partes del país, atentos/as al resultado de las conversaciones.
A pesar de las promesas de
los 123 diputados/as que participaron en la sesión plenaria, sólo 74 votaron a
favor de la moción privilegiada para conocer la iniciativa de ley. Los
integrantes de la bancada Libertad Renovada Democrática (Lider) se abstuvieron
de votar. Para la delegación que participó en la reunión del Congreso, la
respuesta dada por los diputados significó otra impertinencia con el pueblo
guatemalteco.
Al tomar conocimiento de lo
que ocurrió, los manifestantes que se encontraban frente al Congreso Nacional
decidieron hacer un cordón humano para impedir la salida de los políticos y
exigirles que dieran una respuesta positiva a las reivindicaciones populares.
Sin embargo, la Policía
entró en acción impidiendo el plan.
En el puente Jupilingo,
ubicado en Camotán, Chiquimula, la Policía Nacional Civil también actuó impidiendo a
la población manifestarse y mostrar su disgusto. Las personas que se
manifestaban en el lugar fueron expulsadas en forma violenta. Cinco quedaron
presas, inclusive la periodista comunitaria Norma Sansir, que estaba cubriendo
la movilización y perdió todo su equipo, tomado por la Policía.
Al día siguiente, 18 de
septiembre, nuevas manifestaciones explotaron en varios puntos del país a fin
de exigir que los diputados/as legislen en favor del pueblo y aprueben las
Leyes de Desarrollo Rural Integral, de Radios Comunitarias, Ley de Lugares
Sagrados de los Pueblos Indígenas y Ley de la Juventud, entre otras.
Además, también se
reivindicó la anulación de leyes que atentan contra la vida y contra derechos
garantizados, como la llamada Ley de Túmulos, decreto 8-2014, que atenta contra
el derecho constitucional de la libertad de manifestación; la Ley de Radiocomunicaciones,
decreto 12-2014, conocida como "Ley TIGO”, que autoriza la instalación de
torres de telefonía en cualquier lugar, sin tener en consideración la propiedad
privada, comunitaria, municipal o nacional; y también la Ley de Servidumbre Forzosa
47-82, que impone la instalación de torres y de cables de energía eléctrica de
alta tensión sin la necesidad de autorización del propietario.
Las organizaciones anuncian
que las manifestaciones van a continuar en las comunidades y poblados de
diversas partes del país hasta que los diputados y diputadas respondan
positivamente a las demandas exigidas durante las movilizaciones.
Traducción: Daniel
Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario