Por Odalys Troya
San
Salvador, 24 sep (PL) El expresidente salvadoreño Francisco Flores
(1999-2004) continúa hoy en una celda de la División Antinarcóticos de
la Policía Nacional Civil (PNC), a la espera del juicio por los cargos
de corrupción que se le imputan.
De acuerdo con el director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, el
exgobernante cuenta con todas las medidas de seguridad, no solo para
mantener su integridad, sino para una custodia efectiva.
La información policial detalla que Flores puede recibir visitas y alimentación de la familia.
Francisco Flores, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena),
es el primer expresidente salvadoreño en ir a la cárcel bajo cargos de
corrupción.
La Fiscalía lo acusó el pasado 30 de abril de
peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares y de
apropiarse de 15,3 millones de dólares provenientes de donativos de
Taiwán.
Sin embargo, una comisión especial creada por la
Asamblea Legislativa para investigar este caso considera que Flores debe
ser procesado, además, por lavado de dinero.
La pesquisa de los
diputados apunta a que el exmandatario se habría apropiado de unos 75
millones de dólares y habría cometido adicionalmente cohecho impropio,
negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falso testimonio.
El
presidente del Centro de Estudios Políticos de Arena, Gerardo
Balzaretti, afirmó el 18 de junio que fondos donados por Taiwán durante
el gobierno de Flores fueron a una cuenta bancaria de Arena en Costa
Rica. No obstante, dijo que desconocía el fin de ese dinero.
La
comisión parlamentaria pide que los miembros de dicho Centro sean
acusados de falso testimonio por mentir a los parlamentarios durante las
pesquisas públicas iniciadas el 7 de enero último con el propio Flores y
al que le siguieron exfuncionarios de su gobierno, militante de Arena, y
muchos más.
En octubre de 2013, el exmandatario Mauricio Funes
(2009-2014) solicitó al Fiscal General, Luis Martínez, investigar un
posible caso de defraudación fiscal y lavado de dinero en el que
estarían involucrados exfuncionarios y un expresidente.
En
noviembre, Funes hizo público un reporte del Departamento de Tesorería
de la Red de Lucha contra Crímenes Financieros, del Departamento del
Tesoro de Estados Unidos, que ingresó a la Fiscalía el 23 de septiembre
de 2013.
El documento refleja que Taiwán emitió tres cheques por
un valor total de 10 millones de dólares, de su banco de Nueva York al
banco Cuscatlán de Costa Rica y que éstos fueron emitidos a nombre del
expresidente Flores.
El 7 de enero de este año, la comisión especial citó a Flores para esclarecer el destino del monto.
Flores aseveró, con aparente ingenuidad, que Taiwán enviaba fondos
directos a aquellos gobiernos que lo apoyaban en sus aspiraciones de
separarse de la República Popular China.
El exmandatario
taiwanés Chen Shui-bian, quien retribuía esos favores, fue condenado a
cadena perpetua en septiembre de 2009 y al pago de una multa por seis
millones de dólares por soborno y corrupción. Posteriormente se le
redujo la pena a 20 años.
En Centroamérica, el exgobernante de
Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), y el de Guatemala,
Alfonso Portillo (2000-2004), quienes recibieron similares dádivas,
guardan prisión.
La lista de expresidentes centroamericanos en
la mirilla por el dinero taiwanés incluye a Arnoldo Alemán, de Nicaragua
(1997-2002); Enrique Bolaños, también de Nicaragua (2002 a 2007) y a
Mireya Moscoso de Panamá (1999-2004).
El expresidente salvadoreño seguirá en las bartolinas hasta noviembre, cuando debe comenzar el juicio en su contra.
Este proceso ha sumado muchas críticas, primero por la lentitud de la
fiscalía en judicializar el caso, aún con confesiones del propio Flores
ante la comisión.
Luego, por el tratamiento preferencial que le
dio el juez Levis Italmir Orellana al dictaminarle arresto domiciliario
aún después de que Flores estuvo prófugo de la justicia salvadoreña y
con una difusión roja de la Interpol.
La Cámara Primera de lo
Penal de San Salvador revocó la medida del juez, Flores fue llevado a
prisión esposado, parte de Arena sigue diciendo que se trata de una
persecución política, y el pueblo salvadoreño clama por que se le
aplique el peso de la ley.
rc/otf |
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