Javier Suazo
Se
puede afirmar que la crisis económica de la década de los 80s, donde
eran manifiestos problemas de endeudamiento externo, déficit fiscales,
comerciales y presiones inflacionarias altas, como caídas en el PIB y
el empleo, fue el principal factor para que el Fondo Monetario
Internacional (FMI) acoplará sus tradicionales políticas de
estabilización responsables (en la mayoría de los casos) de la crisis a
los esfuerzos de los países por apostarle al crecimiento económico
y superación de los obstáculos estructurales.
El
FMI abandonó el principio de condicionalidad cruzada que tanto daño
hizo a economías con fuertes restricciones en el sector real, como
ejemplo baja inversión productiva, escasa oferta exportable, baja
productividad, derechos de propiedad insuficientes, rigideces en el
acceso al financiamiento externo y débil capacidad institucional;
sumado a los problemas de aumento de la pobreza e indigencia en zonas
rurales y periurbanas. En realidad, el reconocimiento fue que estas
políticas económicas al buscar equilibrar las cuentas fiscales y de
balanza de pagos utilizando la devaluación con instrumento “pivote” de
ajuste, generó serios estrangulamientos en el sector real que, en
adición a los problemas estructurales, introdujo un sesgo recesivo al
funcionamiento del sistema económico.
El
principio de condicionalidad “cruzada” aplicaba cuando un país incumple
las condiciones establecidas en un convenio con el FMI, por lo que los
demás organismos multilaterales e incluso bilaterales se sienten
relevados de seguir apoyando al país con recursos financieros para el
desarrollo de programas socio-productivos. Con este tipo de
condicionalidad, el país queda desprotegido y es orillado a seguir
emitiendo dinero sin respaldo que provoca presiones inflacionarias que
escapan al control de la autoridad monetaria, por lo que la crisis se
profundiza; en muchos casos, el control de los medios de pago, en
especial de la oferta monetaria, constituye una de las condiciones
impuestas por el FMI por lo que su incumplimiento es un factor causal
para romper el convenio.
No
obstante lo anterior, países como Honduras pudieron disponer de
recursos externos aun incumpliendo el convenio con el FMI, ya que
estaba en juego otros objetivos de política como ejemplo la “seguridad”
de la región centroamericana y defensa de los valores
democráticos frente a fuerzas insurgentes como el Frente Farabundo
Martí en el Salvador y los sandinistas y su Revolución; en realidad,
Honduras era considerado y sigue siéndolo pieza clave de la política de
seguridad de los EEUU, que algunos politólogos llaman el vocero del
patio trasero. El FMI exigía la devaluación monetaria, pero a través de
la AID se apoyó a los gobiernos de Suazo Córdova y Simón Azcona para
enfrentar los problemas financieros y continuar los programas agrícolas
y sociales ya que de lo contrario la inestabilidad económica podría
afectar el cumplimiento de objetivos estratégicos e ideológicos.
A
finales de los años 90, el FMI flexibiliza sus programas de
estabilización de corto plazo para hacerlos compatibles con los
programas de ajuste estructural de mediano y largo plazo y combate de
la pobreza, coordinando esfuerzos con el Banco Mundial para crear
nuevas líneas de crédito como el reforzado del ajuste estructural
(SRAE) y el servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza
(SCLP). En 2002 y frente a los problemas de creciente endeudamiento
externo y recurrencia de las crisis, el FMI introduce ajustes a la
condicionalidad para especializarse en la previsión y solución de
dichas crisis, lo que es reafirmado en 2009. Introduce nuevos créditos,
como la Línea de Crédito Flexible (LCF), Línea de Precaución y Liquidez
(LPL) y los llamados, instrumentos y servicios de créditos rápidos
(ISCR) cuyo acceso está condicionado al cumplimiento de programaciones
de actividades y metas previamente establecidas en conjunto con los
gobiernos, incluyendo las definidas en la Estrategia para la Reducción
de la Pobreza (ERP) a 2015 y Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Sobre
esto último, en Centro América, a países como Honduras y Nicaragua se
les declaró países pobres altamente endeudados ¿estaban imposibilitados
para honrar sus deudas externas?, por lo que fueron beneficiados con la
condonación siempre y cuando los recursos obtenidos por la recaudación
de impuestos se destinen a la reducción de la pobreza. A diferencia del
principio de condicionalidad cruzada, ambos gobiernos incumplieron con
el FMI pero se les permitió hacer piñata con dichos recursos,
incluyendo cubrir el salario de policías y apoyar la campaña política
de los miembros del partido en el gobierno, siendo evidente la
corrupción generalizada.
En
Honduras no se sabe todavía a donde fueron a parar los fondos de la
condonación de la deuda externa, estimados en cerca de 3,000 millones
de dólares, si se sabe que la pobreza en vez de disminuir aumentó.
La
nueva condicionalidad del FMI es menos dura que la condicionalidad
cruzada ya que si un gobierno o país incumple un convenio con dicho
organismo, se penaliza en el uso de recursos para apoyo presupuestario
y de balanza de pagos, no los fondos de préstamo para proyectos de
inversión aprobados por otros organismos, agencias y países amigos. El
problema es que todavía el enfoque de estabilización sigue teniendo un
sesgo recesivo que afecta o impacta negativamente en el sector real de
la economía con bajas tasas de inversión productiva, bajo ritmo de
crecimiento del PIB, desempleo en ascenso, pobreza e indigencia, sin
que se garantice cerrar las brechas fiscales y comerciales.
El
panorama se complica cuando se evidencia un aumento acelerado de la
deuda externa, tal como sucede en Honduras, y la urgencia de obtener
recursos para honrar dichos compromisos, en particular el servicio de
la misma. En tal caso, no es de extrañar que el FMI endurezca su
posición ya que la disponibilidad de fondos para el pago de la deuda
debe garantizarse y tiene prioridad por sobre las demás obligaciones...
Este
es un argumento de fondo que explica por qué no se pudo acceder en la
fecha prevista a un convenio de mediano plazo con el FMI, siendo
necesario no solo avanzar en el cumplimiento de medidas de política
como la celeridad en los fideicomisos de la ENEE, despido de
trabajadores para reducir la masa laboral, aprobación de la nueva ley
marco de protección social y presupuesto balanceado 2015, sino también
la vigencia de una nueva estructura tarifaria para el servicio de
energía eléctrica que sacrificará más a la clase media ya que los
empresarios no lo aceptan.
En
suma: En los 80s se tuvo acceso a recursos de otras fuentes por
incumplir el convenio con el FMI y no aceptar la devaluación monetaria
como receta, hoy se exige la firma del convenio sin incluir la
devaluación acelerada en el paquete. Los cerca de 200 millones de
dólares que tendría el gobierno de inmediato si se firma con el FMI se
necesitan de urgencia, incluso para apoyar los (as) deportados de USA
que han incrementado en número en 2014.
El
cabildeo en Washington donde se han traslada las pláticas con
personeros del FMI de alto nivel, debe considerar también reuniones
como el Departamento de Estado, USAID y la Casa Blanca, ya que el
gobierno de Juan Orlando Hernández ha contribuido en forma desmedida
con los objetivos geoestratégicos de EEUU; incluye la extradición de
narcotraficantes, la entrega del cielo de la Mosquitia a la DEA,
fortalecimiento del Ejército y la recepción de la oleada de niños y
niñas inmigrantes sin contar con los recursos y logística para ello.
Más
que mandar a los funcionarios de gobierno, el propio presidente
Hernández debe encabezar la Misión de Honduras en Washington; a veces
la política determina lo económico; se acabaron los almuerzos gratis.
Tegucigalpa, DC; septiembre de 2014
http://alainet.org/active/77247
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