Alrededor de 19 mil jornaleros mexicanos viven en condiciones de hacinamiento, riesgos sanitarios y esclavitud, denunciaron diversas organizaciones de migrantes en Canadá, por lo que pidieron al gobierno de México renegociar el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales firmado con el país norteamericano.
En entrevista con la agencia mexicana de noticias Notimex, la dirigente de Justice For Migrant Worker, Adriana Pérez, afirmó que esa situación se da "sin que las autoridades de ambas naciones atiendan la exigencia de revisar a la brevedad un acuerdo que data de la década de los 70", en el siglo pasado.
Por ello exhortó al secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, así como al canciller José Antonio Meade Kuribreña, que renegocien dicho acuerdo bilateral, que forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Aseguró a Notimex que a las violaciones a los derechos laborales y humanos de los jornaleros agrícolas mexicanos que arriban a esa nación, "se suma la corrupción y extorsión que ejercen funcionarios de la Secretaría del Trabajo para permitirles de manera condicionada su acceso a Canadá".
Denuncian falta de prestaciones sociales
Adriana Pérez refirió que esa problemática también la padecen 11 mil trabajadores migrantes provenientes del Caribe, e indicó que "en Canadá el trabajador migrante es denominado peón, como si aún se viviera en la época de la colonia".
Además, "Canadá despoja de prestaciones sociales a más de 30 mil trabajadores agrícolas migrantes participantes del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en Canadá (PTAT)", por lo que solicitó la restitución de dichos beneficios.
En ese sentido, indicó que el 6 de diciembre de 2012, la ministra de Recursos Humanos y Desarrollo de Aptitudes de Canadá, Diane Finley, anunció la eliminación del Seguro de Desempleo y los beneficios de paternidad, maternidad y "de compasión" para los trabajadores migrantes.
Lo más preocupante, abundó, es que estos trabajadores continuarán pagando este fondo de protección social, como lo han hecho desde 1974, sólo que no podrán cobrar estos beneficios, a pesar de que han contribuido con 125 millones de dólares canadienses al Seguro de Desempleo.
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