21 de febrero de 2013, 10:18Por Luis Enrique González (*)
 Al
conmemorarse hoy, 21 de febrero, 11 años del reinicio de las
operaciones militares a gran escala en Colombia tras la ruptura por el
gobierno de entonces de las conversaciones de paz, Prensa Latina
trasmite el siguiente artículo, coincidiendo con la realización en La
Habana del quinto ciclo de las pláticas que tienen lugar desde
noviembre pasado.
El artículo es uno de los capítulos del libro "La
paz esquiva del Caguán", una obra actualmente en preparación por el
sello editorial Prensa Latina y que verá la luz muy pronto.
FIN DEL PROCESO
La realidad del proceso de paz en Colombia ha sido que la decisión de
las partes, más del gobierno que de la insurgencia, fue que apostaron
por los diálogos en medio del conflicto.
La historia recoge que
los rebeldes decretaron al menos una tregua en las acciones ofensivas,
los mandos castrenses ninguna, oxigenados por la inyección monetaria y
en tecnología de guerra, contemplada en el Plan Colombia.
La
determinación de los beligerantes, aunque las autoridades insistieron
en rechazar siempre el estatus de beligerancia de las FARC-EP, obligaba
a negociar en medio del conflicto. Sin embargo, cada acción rebelde
fuera del área desmilitarizada significaba un pretexto para los
enemigos del proceso.
Por el contrario, los ataques de la
fuerza pública a campamentos rebeldes, a columnas o frentes
guerrilleros recibían felicitación de los enemigos de la pacificación.
En este panorama se recuerdan las palabras del expresidente colombiano,
Alfonso López Michelsen, quien aseguraba que a la guerrilla hay que
derrotarla primero y después sentarla a negociar.
Llega el 20
de febrero de 2002. Un comando de la columna móvil Teófilo Forero de
las FARC-EP secuestra una aeronave de la compañía AIRES que había
despegado de Neiva hacia Florencia, hace que la tripulación aterrice en
una carretera del municipio de Hobo (Huila). Liberan a todos los
pasajeros excepto al senador Jorge Eduardo Gechén.
En 1982,
Gechén había sido elegido representante a la Cámara. Pasó a ser senador
en 1990 ya convertido en líder liberal del departamento del Huila. Su
retención por parte de las FARC-EP ocurre en medio de su campaña
electoral para mantener su escaño.
Pastrana y los mandos
castrenses reciben el argumento para sepultar el proceso de paz. El
presidente suscribe la resolución que cierra el capítulo de la
negociación, retira el estatus político a la organización insurgente y
reactiva las órdenes de captura contra sus principales dirigentes.
Presidencia de la República
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NUMERO 32 DE 2002
Diario Oficial No. 44.716, de 20 de febrero de 2002
Por la cual se da terminación a una Zona de Distensión.
El Gobierno Nacional de la República de Colombia, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales y en especial de las que le
confiere la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, y
CONSIDERANDO:
Que,
a través de Resolución 85 del 14 de octubre de 1998 el Gobierno
Nacional estableció una zona de distensión en los municipios de San
Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá y Mesetas, La Uribe,
La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta;
Que a
través de Resoluciones número 07 del 5 de febrero de 1999, 32 del 7 de
mayo de 1999, 39 del 4 de junio de 1999, 92 del 1 de diciembre de 1999,
19 del 6 de junio de 2000, 101 del 6 de diciembre de 2000, 04 del 31 de
enero de 2001, 05 del 4 de febrero de 2001, 19 del 9 de febrero de
2001, 118 del 7 de octubre de 2001 y 14 del 20 de enero de 2002 se
prorrogó el término de duración de la zona de distensión establecida;
Que
a través de Resolución número 31 del 20 de febrero de 2002 se dio
terminación al proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos con
la Organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC,
RESUELVE:
Artículo 1. Dar terminación a la zona de distensión establecida mediante Resolución 85 del 14 de octubre de 1998.
Parágrafo. Dar aviso a las autoridades judiciales correspondientes
sobre el contenido de la presente resolución, para los efectos a que se
refiere el inciso quinto del parágrafo primero del artículo 8 de la Ley
418 de 1997 prorrogada por la Ley 548 de 1999.
Artículo 2. La
presente resolución rige a partir de la fecha y deroga en su totalidad
las que le sean contrarias, en particular las números 07 del 5 de
febrero de 1999; 32 del 7 de mayo de 1999; 39 del 4 de junio de 1999;
92 del 1 de diciembre de 1999; 19 del 6 de junio de 2000; 101 del 6 de
diciembre de 2000; 04 del 31 de enero de 2001; 05 del 4 de febrero de
2001; 19 del 9 de febrero de 2001, 118 del 7 de octubre de 2001, 14 del
20 de enero de 2002 y aquellas que las adicionan o reforman.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de febrero de 2002.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro del Interior,
Armando Estrada Villa.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Rómulo González Trujillo.
El Ministro de Defensa Nacional (E.),
General Fernando Tapias S.
La zona desmilitarizada es historia de poco más de tres años. El
secretariado de las FARC-EP había previsto la posibilidad de un cierre
repentino. No se cumplen las 48 horas comprometidas en la palabra del
presidente para el retiro de las unidades rebeldes del área de
distensión, o en particular de los cascos urbanos de los cinco
municipios.
Ese mismo día el Secretario General de la ONU, Kofi
Annan, rechaza la ruptura del proceso de conversaciones y ofrece nuevos
buenos oficios para reactivarlo. Por el contrario, Pastrana recibe la
felicitación del presidente estadounidense, George W. Bush, y de la
Organización de Estados Americanos.
El 21 de febrero de 2002
intento transmitir a través del siguiente servicio informativo una
radiografía del panorama en la otrora zona desmilitarizada, convertida
desde el amanecer de este día en el más importante polígono bélico.
COLOMBIA TOMA POR EL CAMINO DE LA GUERRA TOTAL
Bogotá, 21 feb (PL) Aviones, helicópteros, patrulleras por los
caudalosos ríos y más de 13 mil hombres intervienen en la ofensiva
ordenada por el presidente Andrés Pastrana en procura de recuperar unos
42 mil kilómetros cuadrados que permanecieron bajo control de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desde diciembre de 1998.
El proceso político visto como la única salida al conflicto fue
sepultado cuando todo indicaba que se avanzaba hacia el análisis de
temas de fondo, como la eventual tregua bilateral con verificación
internacional.
Pastrana argumentó la drástica decisión con el
desvío de un avión comercial por un presunto comando rebelde,
justificación que necesitaban los partidarios de la confrontación, del
empleo de la fuerza con el objetivo de acabar con la guerrilla.
La debilidad del gobierno en materia de paz quedó una vez más al
desnudo, al igual que la fortaleza de la cúpula castrense y de los
sectores de derecha, siempre interesados en acabar con las gestiones
pacificadoras desde comienzos de la administración conservadora.
Una primera llamada de advertencia llegó cuando el entonces ministro de
defensa Rodrigo Lloreda renunció por los diálogos con las FARC para
provocar un ruido de sables superado, pero solo hasta hace unas horas.
Las negociaciones del gobierno con el movimiento insurgente, de unos 20
mil hombres, caminaron siempre por un sendero escabroso, desde los
inicios en enero de 1999, cuando naves de combate sobrevolaron el sitio
de reunión en La Machaca, zona desmilitarizada, para provocar la
primera gran crisis.
El repliegue castrense de los cascos
urbanos de cinco municipios (San Vicente del Caguán, La Macarena,
Uribe, Mesetas y Vista Hermosa) comenzó el 7 de noviembre de 1998, dos
meses antes del inicio formal de las conversaciones.
Cumbres de
Pastrana y el jefe de las FARC, Manuel Marulanda, salvaron los diálogos
de frecuentes crisis, como la de mayo de 1999 que conllevó la adopción
de la agenda común, hoy convertida en detalle histórico.
Los
más de mil 300 millones de dólares de ayuda militar estadounidense
acabaron con la incipiente confianza de la cúpula rebelde en la
posibilidad de encontrar una salida política a casi cuatro décadas de
conflicto bélico.
Radares de última generación, el empleo de
los satélites espías de Estados Unidos y la infraestructura ofensiva de
las bases de Tres Esquinas y Apiay, asesoradas por boinas verdes,
lideran la campaña de guerra decretada desde la Casa de Nariño para
otorgar la victoria a los violentos.
La presión de los altos
mandos obligó al mandatario a permitir el sobrevuelo de naves de
combate sobre el área en poder de las FARC desde finales del año
anterior, como preludio de la ruptura de los acercamientos de paz.
De acuerdo con el dignatario, opinión nunca antes presentada, las
acciones de los militares se correspondían con actos constitucionales
de integridad territorial.
El desvío de la aeronave para
retener a un congresista fue el detonante de la crisis fatal de los
esfuerzos negociadores para dejar a Colombia al borde de un
derramamiento de sangre mayor.
Según el candidato presidencial
por la izquierda Luis Eduardo Garzón, la escalada de violencia del país
provocaría un millón de víctimas mortales, además del retorno a los
tiempos de las desapariciones y las torturas.
En opinión del
aspirante liberal Horacio Serpa, lo urgente es reestructurar el proceso
de paz y evitar tomar en firme por el camino de la guerra.
Los
habitantes de los municipios controlados por las FARC se mantienen
temerosos por el regreso a la zona de los uniformados, de los
escuadrones paramilitares, por las eventuales represalias a los civiles
por convivir por más de tres años con los rebeldes.
Un nuevo
intento de reconciliación falló. Frustraciones similares sucedieron en
la década del 80, con tregua y desmovilización que condujo a la campaña
de exterminio de la izquierda, mientras a principios de los 90 el
expresidente César Gaviria ordenó atacar el secretariado rebelde horas
después de una ronda de conversaciones.
El plato está servido
al candidato de la guerra, el derechista Álvaro Uribe Vélez, quien
puntea en las encuestas favorecido por la escalada del conflicto y su
posición en favor del aniquilamiento de la insurgencia, de más ayuda
castrense y de hasta la intervención estadounidense.
ft/leg
(*) El autor es actualmente presidente de Prensa Latina y fue corresponsal de la agencia en Colombia.
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