Critican a Guatemala por restar apoyo a instituciones sobre mujeres

13 de septiembre de 2012, 00:18Por Randy Saborit Mora Guatemala, 13 sep (PL) Durante el Gobierno del presidente Otto Pérez Molina se ha restado apoyo a la institucionalidad orientada a atender la violencia contra las mujeres, criticó una estudiosa de género y feminismo de este país, donde ocurren 700 femicidios cada año.   Sería importante reconocer el papel de la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y asignarle los recursos ineludibles para que cumpla con sus funciones, expresó a Prensa Latina Patricia Castillo, quien cursa aquí una maestría sobre el tema. A su juicio, resulta imprescindible ampliar las capacidades del organismo judicial para aplicar la justicia de manera pronta y efectiva en estos casos. Es preciso que las instancias de gobierno dialoguen con las organizaciones femeninas, desde las cuales pueden salir propuestas más efectivas con relación a las medidas tomadas hasta la fecha, sugirió Castillo. La también maestra en Políticas Públicas, compartió el criterio de Thelma Esperanza Aldana, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sobre lo alarmante de la situación de las muertes violentas contra mujeres en este país. Aunque la mayoría de los femicidios, aclaró, se cometen contra las jóvenes de los sectores más empobrecidos del país, todas están en riesgo de perecer violentamente dados los niveles de inseguridad prevalecientes (39 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el Ministerio Público). "Nos causa alarma también la saña con la que se cometen estos actos, por eso son femicidios, porque reflejan una forma particularmente violenta de matarlas", explicó la licenciada en Desarrollo Sostenible. Referida al compromiso de Pérez Molina de reducir en 100 los femicidios este año, manifestó que es lamentable que la gravedad de la situación se tienda a reducir en cifras. Pese a que sea importante salvar a 100 mujeres, no puede considerarse un logro, aseguró mientras remarcó: "no debería ser asesinada ninguna". Al respecto convocó al gobierno guatemalteco a preguntarse: "¿cuántos casos esclarecerán? ¿Cuántos criminales irán a juicio y serán condenados? ¿Cuáles son las acciones de resarcimiento y atención a las familias de esas víctimas? ¿Cuáles son las medidas de prevención y educación hacia la sociedad?" En su opinión, las decisiones debieran relacionar la seguridad democrática con el fortalecimiento del sistema de justicia, mediante el impulso de planes de prevención especialmente dentro de los sectores más vulnerados. También es imprescindible, remarcó, fortalecer las capacidades de investigación y de las fiscalías para que los responsables sean procesados y sentenciados. Interrogada sobre el trasfondo cultural de este fenómeno, mencionó la misoginia, el odio hacia ellas, la convicción del asesino de que sus cuerpos son violables, que se pueden matar y dañar. Más allá de que es un flagelo multicausal -y pudiera haber otros móviles detrás de cada crimen- influyen asimismo la exacerbación del machismo y el poder patriarcal de esta sociedad, acotó. "En Guatemala aún nosotras somos consideras inferiores respecto a los hombres, mientras se inculcan prejuicios y generalizan prácticas contra los cuerpos femeninos, sobre los cuales se ejerce poder y violencia", concluyó.