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La Radio del Sur/Agencias
El parlamento de Cataluña aprobó este jueves una resolución que insta al gobierno regional que surja de las elecciones del 25 de noviembre a celebrar un referendo sobre la independencia de la región nororiental respecto de España.
Desde Madrid, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió que el Ejecutivo central “cuenta con instrumentos jurídicos” para frenar la iniciativa y “está dispuesto a usarlos”.
Según afirmó, la convocatoria podría quedar anulada “nada más con que lo pida el gobierno” al Tribunal Constitucional, reseñó Télam.
El texto de la iniciativa pide que “el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo”.
Aunque no establece una fecha, insta al gobierno catalán a “hacer una consulta prioritariamente dentro de la próxima legislatura”, que se iniciará tras los comicios anticipados del 25 de noviembre.
La resolución contó con el apoyo de 84 de 131 diputados presentes en el Parlament (Parlamento regional).
A favor votaron los nacionalistas de Convergencia i Unió (CiU) en el poder, los ecosocialistas de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Solidaritat.
También el diputado Joan Laporta, ex presidente del FC Barcelona, y el socialista Ernest Maragall, que rompió la disciplina partidaria.
Los votos en contra, 21, fueron del Partido Popular catalán (PPC) y de Ciutadans, mientras el Partido Socialista de Cataluña (PSC, brazo territorial del PSOE) se abstuvo.
La votación, que pone fin la legislatura catalana más corta desde el retorno de la democracia, fue impulsada por el presidente regional, Artur Mas, quien el pasado martes convocó comicios anticipados en busca del aval de las urnas para iniciar el camino hacia su independencia de España.
Mas justificó su decisión en la multitudinaria manifestación separatista del pasado 11 de septiembre en Barcelona, y en el posterior rechazo del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, a su proyecto de pacto fiscal, similar a la soberanía presupuestaria del País Vasco.
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