Aporrea/La Radio del Sur
Estados Unidos accede a datos de los pasajeros que pretenden viajar
desde España a Cuba, México y Canadá, incluso con la prerrogativa de
bloquear sus tarjetas de embarque, reveló el diario El País.
Las razones que alegan las autoridades estadounidenses son de
seguridad: la posibilidad de que uno de los viajeros secuestre el avión
y cambie la ruta, según el periódico español.
Desde marzo último, el gobierno de la potencia norteña exige de
manera unilateral a todas las aerolíneas europeas, a través del
programa Secure flight overflight, que envíen antes del despegue
nombre, fecha de nacimiento y el sexo de los pasajeros de aviones que
sobrevuelen su espacio.
Aunque no vayan a pisar suelo norteamericano, las compañías aéreas
están obligadas a introducir en el sistema informático correspondiente
los datos de los usuarios de estas rutas (si no lo hacen, no pueden
volar), de acuerdo con el cotidiano.
Incluso, Estados Unidos se arroga el derecho de bloquear
directamente la emisión de tarjetas de embarque de aquellas personas
que aparezcan en su lista de indeseables, agregó.
Cuando esto sucede, la aerolínea no puede hacer nada más que llamar
a los funcionarios estadounidenses, a quienes se permite operar en
aeropuertos españoles en virtud de un acuerdo firmado en 2009 entre
Washington y Madrid, subrayó El País.
Los norteamericanos pueden interrogar al pasajero y son quienes deciden si finalmente puede volar.
Además, al tener Washington en su poder desde marzo los datos de
viajeros a terceros países, puede conocer, por ejemplo, cuántas veces
ha viajado una persona a La Habana y con quién, siempre según la
versión del diario madrileño.
Esta política afecta a dos compañías nacionales (Iberia y Air
Europa) y a otras dos extranjeras que operan vuelos desde esta nación
(Aeroméxico y la canadiense Air Transat).
Cuando se compran boletos a Toronto, Montreal, México D. F. o La
Habana, lo último que puede imaginar el pasajero es que sus datos van a
ser cedidos a Estados Unidos, apuntó El País.
Para las asociaciones de defensa del consumidor Facua y OCU, se
trata de un exceso y de una medida desproporcionada, y coinciden en que
los ciudadanos tienen derecho a conocer que sus datos serán entregados
a otro país.
No existe marco legal europeo que ampare esta práctica, advirtió un funcionario de la Agencia Española de Protección de Datos.
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