Cejil, un organismo internacional de derechos humanos, se convirtió en representante de 966 víctimas junto con Tutela Legal del Arzobispado. Tutela Legal presentó su demanda ante la CIDH en octubre de 1990, aduciendo denegación de justicia a las víctimas en las instancias salvadoreñas. El proceso siguió un tortuoso camino hasta que en marzo pasado, la Comisión determinó que el Estado salvadoreño no cumplió las recomendaciones que le hizo en diciembre de 2010 y pasó el caso al máximo nivel del sistema interamericano, que es la Corte.
Gisela de León, abogada de Cejil, dijo que el organismo prepara su demanda con el fin de lograr que la Corte obligue al Estado salvadoreño a cumplir una serie de recomendaciones como la derogación de la Ley de Amnistía de 1993 y la investigación y determinación de las personas responsables de la masacre ocurrida en el caserío El Mozote y en otras siete comunidades cercanas, perpetrada por el ejército en el marco de un operativo contrainsurgente que se extendió del 9 al 14 de diciembre de 1981.
El Mozote se encuentra en una zona al norte de Morazán, en el municipio de Arambala y cerca del río Sapo. La matanza, perpetrada especialmente el día 11 de diciembre de 1981, solo dejó a una persona sobreviviente, Rufina Amaya, quien narró las circunstancias de la muerte de centenares de pobladores. Amaya estimó, en su testimonio a Tutela Legal rendido en 1990, que los militares masacraron a unas 800 personas, aproximadamente la mitad de ellos niños.
Los asesinatos también ocurrieron en localidades vecinas a El Mozote. "Además se incluyen en la demanda (lo ocurrido en) otros poblados como Cerro Pando, La Joya, Los Toriles y Arambala. En total y hasta ahora tenemos un registro de 966 personas que fueron asesinadas, casi la mitad menores de edad y cientos que fueron desplazados", explicó el jueves a la AP la abogada de León.
Para Cejil, el caso representa una de las mayores masacres registradas en Latinoamérica, no solo por la cantidad de víctimas, sino además por las características que tuvo la misma pues fue indiscriminada. "Hace unos meses incluso se encontraron más restos en la zona", agregó.
El caso fue trasladado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte en marzo, por lo que Cejil tiene como plazo para presentar la demanda hasta el 14 de agosto y la CorteIDH la remitirá en su momento al estado salvadoreño. El documento de la CIDH incluye trozos del testimonio de Maya, fallecida en 2007, que relata vívidamente cómo los soldados separaron a los pobladores del caserío en dos grupos. Por un lado, hombres y niños mayores, y por otro mujeres y niños menores.
Amaya relató que primero asesinaron a los hombres y niños mayores, a muchos de los cuales los decapitaron. Posteriormente mataron a las mujeres y a los niños menores. En ambos casos, los soldados dieron fuego a la iglesia y a la casa donde habían obligado a las víctimas a reunirse para darles muerte. Amaya, que logró escapar y esconderse en un descuido de los militares, recordaba los gritos de algunas de las víctimas que aún estaban vivas cuando el ejército prendió fuego al templo y a la casa de Israel Márquez.
Según se desprende del testimonio de Amaya, la advertencia que un poblador de El Mozote hizo a la comunidad los primeros días de aquel diciembre, al final facilitó la comisión de los asesinatos masivos. La mujer aseguró que un comerciante llegó la primera semana de diciembre y les advirtió que un soldado de confianza le había advertido que el ejército preparaba un operativo en la zona. Que lo más seguro podía ser que todos los pobladores se concentraran en El Mozote, porque si los militares los sorprendían dispersos en los alrededores sería más probable que decidieran matarlos. Así que aconsejados por el comerciante, cuando finalmente llegó el ejército, había una concentración mayor de pobladores.
Inicialmente, la cifra de posibles víctimas en El Mozote se estimó en unas 500, por parte del informe de la Comisión de la Verdad. Luego, Tutela Legal presentó una cifra de 765 asesinatos ante la Comisión Interamericana. Después, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA habló de entre 900 y 1,200 víctimas. Ahora, la demanda contra el Estado salvadoreño incluye 966 personas.
De León reconoció que tienen muchas expectativas por la respuesta que vaya a dar el actual gobierno del presidente Mauricio Funes, quien llegó al poder por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que aglutinó a las guerrillas activas durante el conflicto interno 1980-1992.
"No sabemos cuál será la posición oficial de este gobierno, porque cuando se gestionó el caso en la Comisión Interamericana, las anteriores autoridades ni siquiera reconocían que la masacre se hubiera dado... ciertamente podría darse un acuerdo previo pues la actitud de este gobierno es diferente", comentó la abogada.
Recordó que en otro caso ante la Corte por la desaparición forzada de varios menores, el Estado se allanó en casi todos los puntos.
"La Corte solo se pronunciará sobre la falta de justicia pues El Salvador reconoció la competencia contenciosa de la Corte hasta en 1995, pero sí podría obligar al país a no aplicar la ley de amnistía en este caso y a que se identifiquen los responsables... la idea es que las víctimas vean reconocida su verdad, son personas que reviven los hechos día a día y deben ser reivindicadas", apuntó De León.
Cejil además ha logrado encontrar a 150 familiares de las víctimas, y de ellos más de 90 ya han aceptado que la organización los represente en el proceso en la Corte.
"Esto no es para abrir heridas, lo que pasa es que las heridas nunca se cerraron, nunca hubo un proceso de reconciliación real, las víctimas nunca se sintieron reparadas", puntualizó De León.
De acuerdo a datos de la ONU, en la guerra civil salvadoreña se registraron al menos 75 mil víctimas, entre muertos, desaparecidos y torturados.
Cejil ha sido un organismo exitoso en sus demandas contra varios Estados latinoamericanos por violaciones a derechos humanos. Ha sido parte en demandas contra Perú y Chile, así como contra El Salvador en varios casos. Por la desaparición de dos hermanas -El caso de las hermanitas Serrano Cruz- el Estado salvadoreño ya fue condenado a nivel de Corte Interamericana. Asimismo, la Corte ha resuelto contra El Salvador por la denegación de justicia en el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto.
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