Hace algunos años, defensores de derechos humanos advertimos un patrón en ataques en contra de activistas sociales, los cuales nunca eran esclarecidos; nos reunimos con el entonces presidente, Alfonso Portillo, quien reconoció la posibilidad de la existencia de cuerpos clandestinos detrás de estas actividades. Fue así como propusimos la creación de una comisión apoyada por Naciones Unidas que permitiera la desarticulación de estos cuerpos paralelos, llamada Ciciacs.
Esta propuesta original no fue ratificada por el Congreso de la República; sin embargo, fue modificada y dio lugar en la época de Óscar Berger a la creación de lo que ahora se conoce como Cicig, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las instituciones encargadas de impartir justicia y que históricamente han sido infiltradas o presionadas para generar impunidad a favor del poder paralelo, ya que muchos casos no son investigados o las pesquisas son desviadas para no evidenciarlos, como se trató de hacer en el caso Gerardi.
En su trabajo algunos casos han progresado, a pesar de los obstáculos, pero otros emblemáticos no, a pesar de las evidencias presentadas en juicio, lo que ha demostrado que estos poderes aún tienen influencia. Ha generado críticas, por parte del Dr. Francisco Dall’Anese, comisionado de la Cicig, la labor realizada por algunos jueces, debido a su parcialidad, criterio que no ha sido bien recibido por los jueces.
No demeritamos el trabajo de jueces y magistrados que desempeñan una labor admirable arriesgando su vida y la de sus familias a favor del fortalecimiento del estado de Derecho; sin embargo la posición de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, de rechazar las críticas y la propuesta de depuración de algunos de sus agremiados, es preocupante, ya que lejos de ser corporativista debería ser más bien objetiva y permitir la depuración de sus filas, como se hace en el MP y PNC.
Se anuncia por parte de las autoridades judiciales cero tolerancia a actos de corrupción; confiamos en que esto se dé, pero se necesita, más que medidas administrativas, persecución penal contra todo funcionario que infrinja la ley, ya que no se debe confundir independencia judicial con criterios por encima de la ley.
Más bien se debería retar a que se presenten las evidencias que se posean, para pasar de simples defensores de gremio a verdaderos juzgadores que no permiten actos de corrupción entre sus agremiados.
*Director de ODHA
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