x Carlos Aznárez ::
Impulsa una iniciativa para condenar a EEUU económicamente por su accionar terrorista que tiene en la mira sus inversiones en Nicaragua
Aprovechando los festejos del 32 aniversario del triunfo contra la dictadura somocista, el presidente nicaragüense Daniel Ortega advirtió a los Estados Unidos de que pondrá en marcha todos los mecanismos para lograr que Washington pague una indemnización, que ya en 1986 ascendía a la suma de 17.000 millones de dólares, -con los intereses la cifra treparía a 56.000 millones-, por haber sostenido “el accionar terrorista” de la contra desde el territorio hondureño. El dato no es menor ya que el anuncio obedece a un reclamo sostenido de las bases rojinegras y se hace en un año donde el líder del FSLN marcha a toda máquina por su reelección.
Ortega señaló ante cientos de miles de sus seguidores que gritaban consignas anti-norteamericanas, que para llevar adelante esta iniciativa reparadora convocará a un referendum popular, y si el mismo logra apoyo, hará la presentación ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya. Este es el mismo tribunal que en los años 80 ya había fallado a favor de Nicaragua, ordenando pagar a los EEUU una suma indemnizatoria.
Como es de imaginar, el gobierno estadounidense siempre desechó la intimación, y hace pocos días, el saliente embajador de Washington en Managua, Robert Callahan, expresó que “el presidente Ortega sueña”, ya que no podrá haber ningún tipo de pago, puesto que la ex presidenta Violeta Chamorro procedió, durante su mandato, a renunciar a ese reclamo.
Vale recordar que en junio de 1986 fue esa misma Corte la que condenó la agresión de la contra nicaragüense, financiada, entrenada y equipada por los EEUU, y que atacaban sistemáticamente desde sus campamentos en Honduras, destruyendo con explosivos diversas instalaciones del gobierno revolucionario. También asesinaron jóvenes alfabetizadores, incendiaron plantaciones y sembradíos de los campesinos, secuestraron a varias personas y generaron durante un largo período un clima de terror y violencia.
Para la militancia sandinista, el reclamo que hoy hace Ortega es muy sensible, puesto que la presión norteamericana contra la actual administración se sigue dando de mil formas diferentes. De hecho, hace muy pocas horas se conoció una decisión del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense por la que se propone eliminar gran parte de la ayuda exterior a varios países latinoamericanos (entre ellos, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia) que “no apoyan los ideales de la libertad”. Esta embestida es similar a la llevada a cabo por EEUU hace dos años cuando puso en marcha un programa por el cual canceló parte de la ayuda económica que otorgaba al país, como castigo “ejemplarizador” por lo que Washington consideraba “grandes irregularidades” en las elecciones municipales de 2008, ganadas ampliamente por el sandinismo.
Indudablemente, para los asesores del Presidente Obama, el gobierno de Daniel Ortega es un objetivo a desestabilizar de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. No se le perdonan logros fundamentales en política interior, como ser recuperar paulatinamente la función del Estado como rector de las políticas económicas, o los estandartes del Gobierno, como la gratuidad de la educación, la victoria contra el analfabetismo, el mejoramiento sostenido de los planes de salud comunitaria y un notorio crecimiento de los programas sociales, con los que ha duplicado el apoyo de las capas más humildes y de la clase media y media-baja de la población.
Tampoco fueron del gusto de EEUU, las actitudes desafiantes llevada a cabo por Ortega en temas de política exterior, como es el constante fogonear, junto a Venezuela y Cuba, de la propuesta del ALBA, el apoyo explícito al líder libio Gadafi o el haber sido uno de los pocos países de la región que se ofreció para otorgar refugio politico a las sobrevivientes del bombardeo del campamento del guerrillero colombiano Raúl Reyes. En ese momento, Ortega condenó los hechos, acusó al gobierno de Alvaro Uribe de “terrorista de Estado” y dio protección a las colombianas Martha Pérez Gutiérrez y Doris Bohórquez, y luego recibió con todos los honores a la mexicana Lucía Moret, que resultó herida en el ataque aéreo. Para Washington esa definición significó darle oxigeno a las FARC, y de allí a pedir la cabeza del líder sandinista (por lo menos simbólicamente) mediaron muy pocos pasos.
De cara a noviembre, la política exterior norteamericana vió con beneplácito la proclamación de un candidato que ya fue presidente, el titular del Partido Liberal Constitucionalista, Arnoldo Aleman, quien en esta ocasión marcha en alianza con el Partido Conservador. El PLC tiene una maquinaria electoral nada despreciable y sobre todo cuenta con mucho dinero para invertir en ganar voluntades para lo que queda de aquí a noviembre.
El propio Aleman se apresuró a señalar que su apuesta “es imparable, hasta desalojar del gobierno a la dupla Ortega-Murillo” y agregar: que “en Nicaragua la palabre imposible no existe”.
A Daniel Ortega, estas advertencias no parecen preocuparle: encabeza todas las encuestas, incluidas las de la oposición. En algunas de ellas obtiene mayoría absoluta, y eso es lo que genera rabietas en los opositores, que acusan al líder Sandinista de “demagogia” y “abuso de poder”.
Para dar más particularidad al actual momento nicaragüense basta observar que la embajada norteamericana carece de embajador. Esto que en otros países podría resultar un alivio de cara al injerencismo electoral que suele generar dicha delegación diplomática, en Nicaragua está visto como un sabotaje más del anti-sandinismo. A fines de junio, dejó el puesto Robert Callahan, y aún no se ha confirmado en el cargo al reemplazante Jonathan Farrar, debido a que varios parlamentarios –republicanos y demócratas- no le dan el aval, como una forma de no convalidar el proyecto reeleccionista de Daniel Ortega.
Para el secretario de Relaciones Internacionales del FSLN, Jacinto Suárez, “hay una mafia cubano-norteamericana que actúa contra Nicaragua”. Su discurso es sostenido por recientes informes de Wikileaks que dan cuenta que durante todo su mandato, el ex embajador Callahan no cesó de enviar informes desestabilizadores, acusando al presidente Ortega de “nepotista” y “dictatorial”, además de repetir que “Ortega no respeta la libertad de prensa”, una consigna que es muy común por estos días para atacar a los gobiernos progresistas de la región.
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