La decisión del juez supone que por primera vez este tribunal español investigará un feminicidio.
MADRID - En un auto judicial, Pedraz admite la ampliación de la querella presentada por la asociación “Womens Link Worldwide” en la causa abierta en 1999 por los supuestos delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en Guatemala en los años 80, en la que están imputados varios exaltos cargos militares, entre ellos el general golpista José Efraín Ríos.
El magistrado considera que son “múltiples los documentos, testimonios y periciales” que avalan los informes presentados por dos abogadas -Patricia Sellers y Eugenia Solís-, expertas en asuntos de género durante el conflicto armado guatemalteco.
La admisión a trámite de la ampliación de querella supone que se investigarán como crímenes de género los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, el desplazamiento forzoso y el impedir el género de vida y reproducción, enmarcados en el genocidio en Guatemala.
El juez explica en su auto judicial que entre 1979 y 1986 las mujeres mayas en Guatemala sufrieron por parte de miembros del Ejército “formas específicas de persecución y violencia, y especialmente de tipo sexual” .
Contabiliza 1.465 violaciones sexuales contra mujeres, el 97 por ciento de ellas cometidas por militares. El 88,7 por ciento de las víctimas eran mujeres mayas.
Además, el 62 por ciento de las violadas tenían entre 18 y 60 años, el 35 por ciento eran menores de 17 años y el 3 por ciento eran ancianas.
Según el auto, muchas de las mujeres fueron sometidas a violaciones masivas y esclavitud sexual, a lo que se suma “la extrema crueldad de las agresiones”, que incluían mutilaciones e incluso feticidios (abertura de vientre) .
“Toda esta violencia de género fue planificada desde el entrenamiento militar en el cual las agresiones sexuales se constituían en una práctica habitual, siendo incluso ordenada por los mandos superiores en forma previa al ingreso” de los militares, a los que se explicaba la forma precisa de llevarlas a cabo, dice el magistrado.
El propósito de esta violencia de carácter sexual era “la demostración y ejercicio de poder como parte de una estrategia de terror” y tenía el objetivo de asegurar “el fin de la transmisión de la cultura maya y la desaparición del grupo”, señala el auto.
Dicho fin se conseguiría por muertes, abortos y feticidios, embarazos y uniones forzosas que generaban el desplazamiento de las mujeres mayas, la ruptura de lazos conyugales, aislamiento social y la verg enza comunitaria.
Se calcula que esta estrategia del terror provocó el desplazamiento forzado de al menos 500.000 personas mayas, la mayor parte mujeres y niños, muchos de los cuales fallecieron por falta de alimento, frío y enfermedades, llegándose a extinguir algún grupo social de dicha etnia.
Pedraz, que inició la investigación de los crímenes contra la humanidad en Guatemala tras la denuncia presentada por la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, considera que los hechos descritos pueden integrarse en los delitos de genocidio, tortura y lesa humanidad, aunque con la definición de cada uno de ellos trata de evitar la impunidad de los delitos sexuales denunciados.
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