Nicola Duckworth
Transcurridos 10 años desde las manifestaciones con motivo de la cumbre del G8 en Génova, las investigaciones y los enjuiciamientos han sido escasos, y las autoridades italianas siguen sin condenar y ofrecer una disculpa pública por los malos tratos infligidos a los manifestantes, ha declarado Amnistía Internacional al pedir a Italia que refuerce las medidas contra el uso de la fuerza arbitrario y abusivo por parte de la policía.
“Las víctimas y sus familias merecen una disculpa”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora del programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
“Italia nunca ha llevado a cabo una investigación independiente, exhaustiva y efectiva sobre la actuación policial durante las manifestaciones de julio de 2001. Como consecuencia, 10 años después, la brutalidad manifestada en las calles de Génova ha quedado impune en gran medida.”
Más de 200.000 personas participaron en manifestaciones antiglobalización convocadas en Génova durante la cumbre del G8 de 2011.
Aunque la gran mayoría protestó pacíficamente, en algunas manifestaciones se registraron actos violentos que causaron un número significativo de heridos e importantes daños a la propiedad.
Durante la manifestación el activista Carlo Giuliani fue abatido por disparos de un agente de policía.
Una considerable cantidad de información muestra que los manifestantes sufrieron malos tratos policiales durante las manifestaciones callejeras, pero también en la escuela Armando Díaz, que se utilizaba como dormitorio, y en el centro de detención temporal de Bolzaneto.
La tortura no constituye delito en la legislación nacional italiana. Por ello, los agentes que puedan haber infligido tortura a manifestantes nunca han sido acusados de este delito. Es más, el enjuiciamiento de muchos de los delitos comunes imputados a los agentes ha prescrito, lo que ha llevado a una situación de impunidad.
Las autoridades italianas tampoco han establecido mecanismos efectivos para prevenir el uso arbitrario y abusivo de la fuerza por parte de la policía, ni han adoptado medidas concretas para garantizar la investigación y el procesamiento de todos los agentes encargados de hacer cumplir la ley sospechosos de tortura, uso excesivo de la fuerza u otras violaciones de derechos humanos.
“Desde la cumbre de Génova de 2001, Italia ha pasado 10 largos años sin hacer que sus fuerzas policiales rindan cuentas ante la ley por los delitos cometidos contra los manifestantes”, ha afirmado Nicola Duckworth.
Italia aún no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, ni ha establecido un mecanismo preventivo nacional independiente para la prevención de la tortura y los malos tratos en el ámbito nacional.
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