Poderes paralelos tienen influencia

NERY RODENAS*
Hace algunos años, defensores de derechos humanos advertimos un patrón en ataques en contra de activistas sociales, los cuales nunca eran esclarecidos; nos reunimos con el entonces presidente, Alfonso Portillo, quien reconoció la posibilidad de la existencia de cuerpos clandestinos detrás de estas actividades. Fue así como propusimos la creación de una comisión apoyada por Naciones Unidas que permitiera la desarticulación de estos cuerpos paralelos, llamada Ciciacs.

Esta propuesta original no fue ratificada por el Congreso de la República; sin embargo, fue modificada y dio lugar en la época de Óscar Berger a la creación de lo que ahora se conoce como Cicig, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las instituciones encargadas de impartir justicia y que históricamente han sido infiltradas o presionadas para generar impunidad a favor del poder paralelo, ya que muchos casos no son investigados o las pesquisas son desviadas para no evidenciarlos, como se trató de hacer en el caso Gerardi.

En su trabajo algunos casos han progresado, a pesar de los obstáculos, pero otros emblemáticos no, a pesar de las evidencias presentadas en juicio, lo que ha demostrado que estos poderes aún tienen influencia. Ha generado críticas, por parte del Dr. Francisco Dall’Anese, comisionado de la Cicig, la labor realizada por algunos jueces, debido a su parcialidad, criterio que no ha sido bien recibido por los jueces.

No demeritamos el trabajo de jueces y magistrados que desempeñan una labor admirable arriesgando su vida y la de sus familias a favor del fortalecimiento del estado de Derecho; sin embargo la posición de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, de rechazar las críticas y la propuesta de depuración de algunos de sus agremiados, es preocupante, ya que lejos de ser corporativista debería ser más bien objetiva y permitir la depuración de sus filas, como se hace en el MP y PNC.

Se anuncia por parte de las autoridades judiciales cero tolerancia a actos de corrupción; confiamos en que esto se dé, pero se necesita, más que medidas administrativas, persecución penal contra todo funcionario que infrinja la ley, ya que no se debe confundir independencia judicial con criterios por encima de la ley.

Más bien se debería retar a que se presenten las evidencias que se posean, para pasar de simples defensores de gremio a verdaderos juzgadores que no permiten actos de corrupción entre sus agremiados.

*Director de ODHA

Interpol procesa órdenes de captura contra 10 militares salvadoreños por caso jesuitas

La Policía Internacional recibió de un juez español las órdenes de captura internacional contra 10 de los acusados del asesinato de los jesuitas. En Washington, paralelamente, cuatro senadores presionan al gobierno de Obama para que colabore con la justicia de España, dado que al menos uno de los militares salvadoreños reside en Estados Unidos.
Sergio Arauz, Carlos Dada, Efrén Lemus y Ricardo Vaquerano
elfaro.net / Publicado el 29 de Julio de 2011

La Policía Internacional (Interpol) tiene ya en sus manos la solicitud de captura internacional contra 10 ex militares salvadoreños acusados de participar en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, una empleada y su hija. Las órdenes fueron emitidas el martes pasado por el juez Eloy Velasco Núñez, del Juzgado Central de Instrucción de Madrid, España, quien pidió formalmente a interpol colocar una Alerta Roja, código que califica como prófugos a personas buscadas por la justicia, junto a los nombres de los milityares salvadoreños, entre lso que se encuentran dos ex ministros de Defensa.

La Oficina Central de Interpol en Madrid turnó la solicitud a la sede central de Interpol en Lyon, Francia, donde se evalúa si las órdenes de captura internacional cumplen con los requisitos para emitir la Alerta Roja.

Los militares contra los que el juez Velasco giró la orden de captura son Mariano Amaya Grimali, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinoza, Francisco Elena Fuentes, Tomás Castillo, Gonzalo Guevara Cerritos y Antonio Ramiro Aválos. La lista también incluye el nombre de René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor en esa época y en los últimos años del gobierno de Alfredo Cristiani, ya con grado de general, fue ministro de Defensa. Ponce falleció el 2 de mayo pasado, a los 64 años de edad.

Las 10 notas del juez para la oficina de Interpol consignan en su párrafo central lo mismo, con excepción del nombre que individualiza cada orden: "Le remito, adjunto al presente, Orden Internacional de Detención expedida contra Juan Orlando Zepeda, a fin de que procedan a su instrucción en el Sistema correspondiente y su difusión internacional a efectos de entrega/extradicción." El General Juan Orlando Zepeda era viceministro de Defensa cuando ocurrió el múltiplo crimen.

Por cada implicado, el juez envió una carta con los datos generales y los delitos por los que es requerido cada salvadoreño.

El sistema de alerta roja, dice Interpol, es utilizado para solicitar la detención provisional de una persona buscada con miras a la extradición sobre la base de una orden de detención o resolución judicial.

Como prevención y alerta, el abogado defensor Lizandro Quintanilla, en representación de nueve de los militares acusados, envió una solicitud a Howard Cotto, subdirector de Investigaciones de la PNC, alegando que los salvadoreños ya fueron juzgados y pide a la PNC que no ejecute las eventuales órdenes de captura.

Después de dos años de investigación, el juez Velasco hizo público un auto de procesamiento, el paso previo a la apertura de juicio en España. Velasco libró órdenes de busca y captura internacional contra 20 personas supuestamente implicadas en los hechos, a los que acusa de ocho delitos de asesinato terrorista y un delito de crimen de lesa humanidad. Entre ellos se encuentra el ex ministro de Defensa salvadoreño Humberto Larios.

El asesinato de los sacerdotes se produjo en medio de la más dura ofensiva guerrillera en los 12 años de guerra. El Salvador recibió cientos de millones de dólares en ayuda militar de parte de Estados Unidos durante más de una década, y algunos de los militares señalados en el informe de la Comisión de la Verdad como responsables de graves violaciones a los derechos humanos eventualmente emigraron a los Estados Unidos.

Al menos uno de ellos, el ex viceministro de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano, se encuentra viviendo en Estados Unidos.

Los jesuitas, cinco de ellos españoles, y las dos trabajadoras fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 por soldados que irrumpieron en el campus de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA) en San Salvador. Entre los fallecidos se encontraba Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA, una de las voces más importantes de la corriente cristiana de la liberación en América Latina.

El Faro entrevistó recientemente a uno de los militares que en su momento procesó la justicia salvadoreña, involucrados directa o indirectamente en los crímenes. En esa entrevista, publicada el 6 de junio pasado, el coronel Camilo Hernández reveló que él entregó el fusil AK-47 con que se iba a asesinar a Ellacuría.

Según el auto del juez Velasco en que decide las capturas, los jesuitas y especialmente Ellacuría habían asumido un papel de liderazgo para favorecer la apertura de negociaciones de paz entre el FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) y el gobierno durante la guerra civil en El Salvador. "Ese fue el motivo fundamental de su asesinato", consideró Velasco en su resolución.

El magistrado español inició la investigación en enero de 2009 tras admitir una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la organización estadounidense Center For Justice & Accountability (Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con sede en San Francisco) con el apoyo de familiares de las víctimas. En la querella también se acusaba al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani de encubrimiento, pero Velasco decidió no procesarlo.

Algunos de estos militares fueron juzgados en 1991 por la masacre, pero la mayoría fueron absueltos. Poco después, tras el final de las negociaciones de paz entre el gobierno y el FMLN una ley de amnistía promulgada en 1993 enterró definitivamente el caso que ahora ha reabierto España.

La Audiencia Nacional española ha investigado numerosos casos de relevancia mundial bajo el principio de justicia universal, el más famoso de ellos el del juez Baltasar Garzón contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.

Senadores presionan a gobierno de Obama

El 11 de julio pasado, cuatro senadores demócratas estadounidenses enviaron una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la que solicitan al gobierno de Barack Obama que respalde los intentos por hacer justicia en uno de los capítulos oscuros de la historia de El Salvador.

Se refieren a la causa que lleva el juez Velasco contra los militares salvadoreños. "Recordamos vívidamente la condena internacional que siguió a esa atrocidad", dicen los senadores, entre ellos el ex candidato presidencial John Kerry. Ese recuerdo quedó especialmente marcado porque después se conoció que algunos de los acusados de los asesinatos habían recibido adiestramiento militar de parte de Estados Unidos.

Por eso es que piden a la secretaria de Estado que se asegure de que el gobierno prestará toda la ayuda necesaria al proceso judicial en España, como por ejemplo proveer información relevante sobre la ubicación de alguno de los acusados que pudiera estar residiendo en Estados Unidos, aunqueno nombra a Montano directamente.

La carta fue respondida por el secretario de Estado adjunto para asuntos legislativos, Joseph Mcmanus. El funcionario dice en su carta que, aunque no puede dar detalles, sí puede afirmar que el gobierno está vigilando este caso muy de cerca. "Trabajaremos de cerca con el Departamento de Justicia para asegurar que cualquier solicitud de ayuda del gobierno de España recibirá la apropiada consideración", promete Mcmanus.

El secretario adjunto subraya que Estados Unidos en efecto apoya firmemente que los violadores de los derechos humanos respondan ante la justicia. "Reconocemos la importancia tanto del principio de la responsabilidad y de la justicia, como de las difíciles opciones que países como El Salvador han tenido que hacer en sus esfuerzos de reconciliación y en la transición de la guerra a la paz y hacia la democracia".

El juez Velasco había solicitado ya a Estados Unidos la captura de Montano, y se presume que otro de los acusados

La extrema derecha europea y su conexión con el Likud: las sombras ominosas de Huntington y Rothschild-Murdoch

Bajo la Lupa

Alfredo Jalife-Rahme

Anders Behring Breivik, adicto de las guerras demográficas religiosas y multihomicida de adolescentes y adultos noruegos del Partido Laborista (socialdemócrata), no es un asesino solitario ni un lobo estepario. Sus nexos con la extrema derecha europea islamofóbica y pro israelí están bien establecidos.

Para que reine el espejismo unipolar del nipón-estadunidense Francis Fukuyama (anterior empleado de planeación del gobierno de EU) sobre el fin de la historia y la parusía del neoliberalismo global, controlado por la hoy insolvente banca israelí-anglosajona, se requiere antes aniquilar a la galopante demografía poligámica del Islam (mil 600 millones de feligreses) como implementación del choque de civilizaciones de Samuel Huntington, ex funcionario e ideólogo del gobierno de Estados Unidos (EU).

¿Cómo dispondrán luego de mil 300 millones de chinos y mil 200 millones de indios multipolares, sin contar a los 500 millones de africanos y a los rebeldes entre los 500 millones de latinoamericanos?

Huntington, promotor de la supremacía Wasp (blanco, anglosajón y protestante), hoy en franca degenerescencia, se despidió de la vida con el libro mexicanófobo ¿Quiénes somos?, de pánico ante el ascenso demográfico de los hispanos.

¿Son los monógamos latinos para EU lo que representan los polígamos islámicos tanto para la pletórica extrema derecha europea como para Israel?

En el trasfondo concierne el problema de la migración global que tiene implicaciones idiosincráticas etnoteológicas y socioculturales en cada país anfitrión debido a la unipolar imposición militar de la desregulada globalización financierista que obliga a los masivos flujos migratorios.

De no ser por supervivencia, ¿a quién le agrada abandonar país y familia para ser maltratado, vejado y ultrajado en EU y Europa?

Los totalitarismos ideológicos crearon los refugiados políticos, así como hoy el totalitarismo neoliberal global engendra a los refugiados económicos islámicos, latinos y africanos.

En este sentido profundo los latinos migrantes son hermanos de los islámicos asentados en Europa.

La inviable teología, más que ideología, del fukuyamesco y simiesco fin de la historia –el dominio eterno del neoliberalismo global impuesto por el Wasp trasatlántico– arropa el racismo, la xenofobia y la prevalencia teológica unipolar del choque de civilizaciones: el tóxico manual operativo de las guerras bushianas y su santa alianza con Gran Bretaña (GB) e Israel de despojo de los hidrocarburos y las telecomunicaciones de los países árabes, en particular (Irak, Yemen, Somalia, Hezbolá, Hamas y Libia), e islámicos, en general (Afganistán y Pakistán; con la mira puesta en Irán), que propalan sus comentaristas infectos, los neoconservadores straussianos, al unísono de la ultraextrema derecha bélica del Committee on the Present Danger, que pululan en la televisora Fox News, que forma parte del inmundo oligopolio multimediático más poderoso de la historia de la humanidad y copropiedad de la dupla Rothschild-Murdoch (Bajo la Lupa, 24 y 27/7/11).

Se trata de una sinergia global bien lubricada de alcances geopolíticos que propala la alucinación de Fukuyama, implementada por la teología global de Huntington, aplicada por las petroleras anglosajonas (las nuevas cuatro hermanas) y apuntalada por los oligopolios multimediáticos globales, específicamente News Corporation y BSkyB (con Sky: su sucursal sionista mexicana).

Ya el ministro conservador británico Jeremy Browne ilustró el papel hegemónico de la tripleta Financial Times / The Economist / BBC en la imposición de la agenda ideológica y financiera global, una genuina globalización de la desinformación.

Anders Behring Breivik, vestido de masón, en una imagen
tomada del libro de su autoría: Una declaración de independencia europea - 2083Foto Reuters

Breivik, un ser sico-bio-social en última instancia (nada insano, como alega su abogado para atenuar su condena), amén de ignorante (confunde marxismo con socialdemocracia), es el engendro natural del conjunto supremacista teológico global de Fukuyama, Huntington, las depredadoras petroleras anglosajonas, las guerras bushianas de la tripleta EU-GB-Israel y la dupla Rothschild-Murdoch que nutre a las mentes carentes de sindéresis y vulnerables a la globalización de la desinformación.

¿Cuál es la diferencia entre Breivik y los neoconservadores straussianos? Ninguna.

Israel National News (25/7/11) alardea que Breivik ame (sic) a Israel. Cita una frase del multihomicida noruego, quien fustiga a Europa, ya que “el tiempo llegó para frenar el apoyo estúpido (sic) a los palestinos (…) para iniciar el apoyo a nuestros primos (sic) culturales, Israel”. ¿Se acentúa la limpieza multicultural?

Glenn Beck, virulento comentarista asociado a Fox News y furibundo partidario de la dupla Netanyahu-Lieberman, justificó el multihomicidio de los jóvenes noruegos al compararlos con las juventudes nazis (Haaretz, 26/7/11).

Mark Hugues, Gordon Rayner y Bruno Waterfield (The Daily Telegraph, 27/7/11) develan los nexos de Breivik con la Liga de Defensa Inglesa, el Partido Nacional Británico y Combate 18, a quienes, 90 minutos antes de sus asesinatos seriados, envió su manifiesto, un mamotreto de más de mil 500 páginas –Una declaración de independencia europea- 2083 (sic)– que mezcla bizarramente los delirios exterminadores del Unabomber con el jihadismo de Al Qaeda y las cruzadas medievales de los Caballeros Templarios (las cuales, por cierto, perdió el cristianismo y hoy está ganando Israel).

¿Por qué GB, apodada Londonstán, abriga y tolera laxamente a los dos extremos radicales del cristianismo y el Islam, ya no se diga a los oligarcas opositores de Rusia? ¿Son sus armas geopolíticas para que pueda dividir y vencer a sus adversarios globales y despojarlos de sus materias primas y telecomunicaciones?

Breivik asistió a una manifestación en Londres (sic) en apoyo al político holandés de extrema derecha Geert Wilders (viajero frecuente a Israel), además de ostentar sus vínculos con Tanguys Veys, parlamentario de extrema derecha del partido antislámico Vlaams-Belang.

Charles Hwaley, de Der Spiegel (29/7/11), escudriña la perturbadora conexión Likud de los populistas de extrema derecha y sus aliados en Israel, quienes han establecido una estrecha red de partidos islamófobos desde Italia hasta Finlandia. Aduce que algunos (sic) en Israel, de la coalición del gobierno Netanyahu, creen que los populistas son el futuro de Europa.

Israel, una teocracia en primera y última instancia, se halla así en la línea frontal contra la paulatina islamización de Europa.

Eliezer Cohen –anterior coronel condecorado de la fuerza aérea israelí y ex diputado aliado del vicepremier Avigdor Lieberman, ya no se diga del holandés Geert Wilders–, apodado felinamente Chita (¿por qué será?), considera que los partidos europeos de extrema derecha hablan exactamente (sic) el mismo lenguaje que el Likud y los otros de la derecha israelí. ¡De acuerdo!

La réplica del primer ministro laborista Jens Stoltenberg ha sido luminosamente civilizatoria: Noruega va a combatir sus fantasmas extremistas con mayor apertura, democracia y seguridad.

El antídoto al choque de las civilizaciones es tanto el diálogo de las civilizaciones como la pluralidad democrática de los multimedia y las telecomunicaciones.

Los sin domicilio fijo

Desde otras ciudades

Francia en agosto se muda y cierra su casa. Pocos son los sitios que trabajan en este mes fatídico para quienes no pueden desplazarse a los lugares de vacaciones, siguiendo a los servicios de los que dependen y, entre quienes más recienten los cierres anuales están los SDF (sin domicilio fijo) pues la casi totalidad de los albergues que les dan un descanso vital en invierno, cierran en el bonito tiempo, aunque los caprichos meteorológicos se ensañen contra ellos con lluvias y bajas temperaturas inesperadas.

Los SDF suelen ser mujeres jóvenes que huyen del maltrato familiar, de su pareja o de su lenón, o bien las que acaban de dejar el orfanato y no encuentran trabajo; mujeres y hombres que perdieron todo por alguna adicción, hombres mayores que prefieren la situación de calle con su comunitarismo que una soledad desesperante. Viven durante el día bajo los puentes de los ríos que atraviesan muchas ciudades francesas, como el Sena de París, comen en las sopas populares que administran voluntarios privados y alcaldías, duermen en grupos de autoprotección en las estaciones de ferrocarril o sobre rejas tibias de aeración del Metro urbano, pero acuden regularmente a un albergue para asearse y dormir en una cama. En general se distinguen de los clochards (vagabundos) por no estar orgullosos de su situación y exhibir un deseo de salir de ella, pero en particular son las mujeres jóvenes quienes más sufren, porque el no tener un refugio seguro las hace blanco de violaciones sexuales, al punto que algunas prefieren prostituirse para al menos obtener alguna ganancia por lo mismo, mientras que otras buscan auténticamente un asilo frente a la violencia de alguien y los albergues deben esconderlas, negarlas, amurallarse, sin siempre evitar las agresiones de hermanos o cónyuges despechados, sobre todo entre las comunidades norafricanas y subsaharianas, pero no exclusivamente.

Una persona sin hogar, en las calles de ParísFoto Nando Prudhome

Esta situación es tal que se ha comprobado igual tasa de mortalidad en esta población marginal del neoliberalismo francés en invierno como en verano, pues cada vez cierran más albergues por falta de fondos mientras los SDF aumentan...

El número de teléfono 115 es sinónimo, en su lenguaje, de una espera media de 30 minutos con musiquita en el oído para no obtener nada... por todo ello, los SDF decidieron unirse a los trabajadores sociales que denunciaban la incapacidad para recibir las casi once mil solicitudes diarias de albergue, al tiempo que el ministerio del alojamiento anunciaba la supresión de 4 mil 500 plazas por la reducción de 25 por ciento del presupuesto en este servicio social.

Yuriria Iturriaga

EU: policías en favor de la legalización

Rubén Aguilar Valenzuela (*)

MEXICO DF - La organización Agentes de la Ley Contra la Prohibición, (LEAP, por su sigla en inglés) está integrada por policías, agentes de la Patrulla Fronteriza, funcionarios de prisiones y magistrados en activo o retiro que luchan en favor de la legalización del consumo de las drogas en Estados Unidos.

Fundan su propuesta en el reconocimiento no sólo del fracaso evidente del enfoque prohibicionista y punitivo para enfrentar el narcotráfico, sino también en la certeza del enorme daño social que esa estrategia ha causado en su país y en otras naciones.

Los integrantes de LEAP “hemos estado en la lucha contra las drogas durante estas cuatro décadas y somos testigos directos de su fracaso”, aseguró Neil Franklin, director ejecutivo de la organización, quien fuera agente antinarcóticos. Añadió: “Es hora de cambiar de política y estrategia, y hablar abiertamente de la discriminación de las drogas”.

La organización se fundó en el 2002 y su objetivo central es hacer conciencia y educar a los ciudadanos, a los medios y a los funcionarios públicos del fracaso de la estrategia prohibicionista y punitiva; en cambio, promueve como alternativa la legalización de las drogas en un esquema regulado y controlado por el Estado.

Quien fuera magistrado de la Corte federal de Maryland, William Murphy, integrante del grupo, plantea que llegó el tiempo de que los políticos de Estados Unidos pierdan el miedo de hablar abiertamente de la legalización y reconoció a los mandatarios del mundo, entre ellos Zedillo y Fox, quienes abiertamente se pronuncian en favor de ella.

Los miembros de LEAP, en un documento dado a conocer en junio pasado, advirtieron sobre el “cinismo y la perversión” de quienes hablan de que la guerra contra las drogas puede ser ganada. Ellos han sido actores directos del fracaso de la política de estos últimos 40 años. Saben de lo que hablan. En algún momento fueron su avanzada.

La LEAP lamentó la “perversidad” de funcionarios de la administración Obama que indican como prueba del éxito de la estrategia el aumento de los muertos en México. De acuerdo con Terry Nelson, agente antinarcóticos que trabajó tres años de los 30 de su carrera en México, la actual estrategia sólo ha traído más violencia, pero no ha resuelto en nada el problema.

Los integrantes de la organización son conscientes de que “la legalización de las drogas no es una solución mágica ni terminará de un día para otro con el problema, pero si le quitará a los carteles de la droga beneficios que rondan los 500,000 millones de dólares en todo el mundo”.

La estrategia prohibicionista y punitiva planteada por Nixon en 1971 ha cumplido 40 años de fracaso evidente. El gobierno del presidente Calderón la ha hecho suya, a pesar de todo. El costo, por ahora: más de 40,000 muertos y la imagen nacional e internacional de México deshecha. La historia juzgará...

(*) Columnista de ContraPunto

Brasil continúa alerta ante posible default estadounidense

Brasilia, 31 jul (PL) Guido Mantega, ministro de Hacienda de Brasil, abogó hoy para que prevalezca la sensatez en el Congreso estadounidense y se evite un default de la deuda, perjudicial al resto del mundo.

Las opiniones de Mantega, publicadas en el Jornal de Sao Paulo, coinciden con el incremento de los riesgos de que la economía estadounidense se aboque a un default, o sea, a una incapacidad de solvencia de pagos generalizada, producida por el déficit y la baja recaudación fiscal.

Igualmente, Mantega dijo confiar en que el Congreso de Estados Unidos no perjudique a la comunidad mundial por algo cuyas causas son políticas.

La falta de acuerdos entre los partidos Republicano y Demócrata "va a acelerar la decadencia estadounidense y ha hecho pensar en el default, aunque parezca absurdo", opinó el titular brasileño de Economía.

La presidenta Dilma Rousseff y el ministro Mantega declararon recientemente que Brasil sigue con suma atención la evolución de las crisis en Estados unidos y la Unión Europea, a fin de adoptar medidas de protección de su moneda y de la economía en general.

Entre las providencias en curso figuran las que intentan frenar la sobrevalorización o al menos la estabilidad del real brasileño frente a la vertiginosa caída del dólar en la pasada semana.

La moneda estadounidense llegó a cotizarse a 1,52 reales, su menor valor en 12 años.

El alza del real podría reflejarse en una baja de la producción industrial, también perjudicada por altas tasas de interés, de acuerdo con la percepción del gobierno.

Las autoridades brasileñas confían, sin embargo, en que la nación tiene recursos para enfrentar un escenario internacional adverso, pues su economía es sólida, puede crecer sin inflación y sin déficit, señaló Mantega.

Dictadores aferrados, ¿por cuánto tiempo?

Robert Fisk

Siempre acertado en predecir los cambios de fortuna, Walid Jumblatt ha comenzado a hacer comentarios muy pesimistas acerca de Siria. Líder druso, cabeza del Partido Socialista Progresista Libanés, señor de la guerra, fue él quien sugirió que el tribunal internacional de la ONU que investigó el asesinato del ex primer ministro Rafiq Hariri, cometido en 2005, fuera hecho a un lado en nombre de la estabilidad antes que la justicia. El comentario suscitó aullidos de rabia del hijo del ex premier, Saad Hariri, quien en estos días deambula por el mundo para no regresar a Líbano –algo comprensible, dados sus miedos de ser asesinado él también–, en tanto la hermana Siria permanece en silencio. Ahora Jumblatt dice que algunos en Siria impiden la reforma.

Al parecer esos algunos del régimen del partido Baaz no quieren traducir en acción las promesas de reforma del presidente Bashar Assad: los soldados no deben disparar a los civiles. Jumblatt dice que la lección de Noruega lo es también para el régimen sirio: no ha escapado al mundo árabe que las peroratas de Anders Breivik por Internet instan a echar a todos los árabes de Gaza y Cisjordania.
No hay promesas de este corresponsal en Medio Oriente, pero podríamos estar –cómo detesto este lugar común– en el punto de quiebre en Siria. Cien mil manifestantes (mínimo) en las calles de Homs, versiones de deserción de soldados de la academia militar siria, todo un tren de pasajeros descarrilado –por saboteadores, según las autoridades; por el gobierno, según los opositores que exigen poner fin al régimen– y disparos de armas de fuego por las noches en Damasco. ¿Aún espera Assad que los temores sectarios le conserven el apoyo de la minoría alawita y de los cristianos y drusos? Los manifestantes afirman que pistoleros del gobierno asesinan a sus líderes, y que cientos, quizá miles, de los suyos han sido arrestados. ¿Es cierto?
El largo brazo de Siria, por supuesto, puede llegar lejos. En Sidón, cinco soldados italianos de la ONU fueron heridos luego de que Berlusconi secundó a la Unión Europea en condenar a Siria. Luego Sarkozy se unió a la condena y –bang– cinco soldados franceses fueron heridos en la misma ciudad esta semana. Una bomba sofisticada. Todos sospechan de Siria; nadie sabe. Siria tiene partidarios entre los palestinos del campo Ein el-Helweh, en Sidón. El jefe de Hezbolá, Hassán Nasralá, anuncia que su movimiento protegerá las reservas aún sin prospectar de Líbano para que no caigan en manos de los israelíes –mil 425 kilómetros cuadrados del Mediterráneo, frente a la costa de Tiro, que tal vez pertenezcan a Líbano o tal vez no–, así que allí podría haber otra causa de guerra.
Y luego, allá en Egipto, el anciano ex presidente Hosni Mubarak irá a juicio el miércoles con sus hijos Gamal y Alaa y otros de sus favoritos. Sin embargo, los ministros de Justicia e Inteligencia, viejos asistentes de Mubarak, siguen en el gobierno. ¿Qué significa eso? ¿Los viejos mubarakitas siguen aferrándose al poder? Los sauditas han ofrecido millones de dólares al ejército egipcio para que no someta a juicio a Mubarak –muchos quieren que reciba una condena a muerte, el ejército querría que muriera hoy–, mientras los sauditas dan todo su respaldo a Bahrein y a todos los potentados de Medio Oriente. Están preparados para dejar que hagan pedazos a Kadafi, que muchas veces ha intentado asesinar a su rey. Los sauditas no han acabado de definir de qué lado se inclinará Obama con respecto a Siria –sospecho que Obama tampoco–, pero es seguro que él debe estar feliz de no tener que mantener una fuerza de paz en Líbano. Todos sabemos lo que le pasó a la última (1982, la base marina, 241 muertos, un bombazo suicida, la explosión más grande desde Nagasaki).

Un egipcio se manifiesta parado en un poste de luz durante la multitudinaria protesta del pasado viernes en la plaza Tahrir de El Cairo, considerada unas de las mayores concentraciones de público desde la revolución que provocó el derrocamiento del presidente Hosni MubarakFoto Xinhua

Tienen que enjuiciar a Mubarak, me dijo la semana pasada un periodista egipcio. La rabia incendiará las calles si no lo hacen. Promete ser el juicio del siglo en Egipto (The Independent estará allí.) Lo cual me lleva a nuestro viejo amigo Kadafi, el dictador árabe que no entra en el mismo saco que los otros déspotas regionales. Ahora el mundo político libio parece bullir de Kerenskys: de hecho, el fracaso aliado en ganar la guerra para los rusos blancos en contra de los bolcheviques, luego del conflicto de 1914-1918, pudiera ofrecer algunos espectros sombríos a los igualmente desdichados pero muy condecorados comandantes de la OTAN. (Pueden consultar la participación de Churchill en la biblioteca de la alianza atlántica.)

De hecho, el fracaso de los rebeldes en Libia probablemente se parezca más al agotamiento de Sharif Hussain luego de ser capturado en La Meca en 1916; se necesitó un Lawrence y armas británicas (y dinero, y fuerzas en tierra) para poner de nuevo en pie al viejo combatiente para enfrentar a los turcos. Lástima, no hay ningún Sharif Hussain en Libia. Entonces, ¿por qué nos metimos en esta insensatez? (No estoy tomando en cuenta las más recientes aventuras asesinas en Bengasi.) ¿Por los civiles de Bengasi? Tal vez. Pero, ¿por qué lanzó Sarkozy su primer ataque? El profesor Dale Scott, de la Universidad de California en Berkeley, tiene una explicación. Kadafi trataba de crear una unión africana con el respaldo de las reservas en oro y divisas del banco central libio, con lo cual Francia perdería su extraordinaria influencia financiera sobre sus antiguas colonias en África central. La parte más publicitada de las sanciones de Obama contra Libia –el coronel Kadafi, sus hijos y familiares, y altos funcionarios del gobierno libio– ayudó a oscurecer la parte de “todas las propiedades del gobierno de libia y –oh– el banco central de Libia”. En el sótano del banco central, en Trípoli, en oro y divisas, hay 32 mil 500 millones de dólares que se iban a usar para poner en marcha los tres proyectos de la federación centroafricana.

Y ya que estamos en eso, sometamos la guerra en Afganistán a algún escrutinio. He aquí las palabras de un comité investigador sobre nuestra guerra (y casi derrota) allá: “El objetivo –oh– es ayudar a nuestros compatriotas a entender en qué pasos de la guerra con la nación afgana han sido involucrados, y qué terrenos han sido asignados para esa guerra por sus autores. La guerra se nos vino encima de modo muy repentino. No sólo no hubo consulta del gobierno al Parlamento, ni comunicación alguna a ese órgano sobre algún cambio de política tendiente a involucrarnos en una disputa, sino que cuando se hicieron preguntas las respuestas dadas estuvieron calculadas para confundir, y de hecho confundieron a los oficiales y expertos más escépticos, y a través de ellos, a la nación entera”. La cita procede de la investigación parlamentaria sobre la segunda guerra en Afganistán. Fecha: 1879.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya

Lider mapuche exhorta a presidente chileno a reabrir diálogo

Santiago de Chile, 31 jul (PL) Juan Catrillanca, líder mapuche de la comunidad de Temucuicui, llamó al presidente chileno, Sebastián Piñera, a reanudar el diálogo para zanjar el diferendo del gobierno con los pueblos originarios, se supo hoy en esta capital.

En declaraciones a la prensa local, el dirigente comunal refirió que su pueblo está cansado de las persistentes violaciones de sus derechos humanos por parte de las fuerzas policiales.

Sin embargo, añadió, la represión no los llevará a claudicar en las luchas por sus tierras ancestrales.

Consideró que el mandatario chileno debe reabrir el diálogo iniciado y desarrollado por la expresidenta Michelle Bachelet, antes del terremoto y tsunami que afectaron a la nación en febrero de 2010.

Además, debe hacerlo porque sabe (Piñera) que los reclamos de los mapuches son justos, exigen algo que les pertenece y no van a cejar en esa lucha, amplió Catrillanca.

Reiteró que la violencia contra ellos ha sido una constante y ejemplo reciente es la herida de bala que recibió un menor mapuche de la referida comunidad, situada al centro de Chile.

El adolescente de 16 años herido en una pierna no participaba en ninguna acción de reclamo y se sospecha que la bala que lo impactó fue disparada por el terrateniente Héctor Urban, quien ha ejercido la violencia contra los mapuches con antelación.

"El niño sólo estaba cuidando sus animales, porque días antes Urbán había matado al perro de la familia", detalló el dirigente mapuche.

Son varias las acciones de represión cometidas durante esta semana contra el pueblo mapuche, confirmó Catrillanca, pues el sábado anterior dos menores, uno de 14 años y otro de 11, resultaron heridos en un allanamiento de las Fuerzas Especiales de Carabineros.

Los habitantes de Temucuicui, ubicada en Temuco a 670 kilómetros al sur de Santiago (capital), asumen sus reclamos por el derecho que los asiste a vivir en sus espacios, donde han residido desde tiempos ancestrales.

Sin embargo, empresas forestales y entidades privadas han restringido sus derechos y causado daños al medio ambiente, señalan los habitantes locales y dirigentes mapuches. ocs/mgf

Protestan en aniversario de Ley de Arizona

Miembros y voluntarios de la Nueva Coalición Santuario de Nueva York denunciaron las 393 mil deportaciones en 2010 en el país. Foto: AP

Organización Editorial Mexicana 29 de julio de 2011 AP

Nueva York, EU.- Inmigrantes, líderes religiosos y activistas protestaron para conmemorar el primer aniversario de la entrada en vigor de una polémica ley migratoria en Arizona. Los miembros y voluntarios de grupos que forman parte de la Nueva Coalición Santuario de Nueva York dieron varias vueltas a la sede de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés) para denunciar la legislación estatal y las aproximadamente 393 mil deportaciones ocurridas en 2010 en el país. "Estamos denunciando una ley que ha propagado odio en nuestras comunidades.

Nuestra administración podría haber hecho mucho y no lo ha hecho", dijo Juan Carlos Ruiz, un mexicano coordinador de la Coalición. "Queremos expresar también lo que representa este edificio. Hay agonía en nuestro pueblo. Mucha gente es detenida y desaparece en nuestras comunidades", añadió. La polémica ley SB1070 fue aprobada en abril del 2010 y entró en vigencia hace un año. El estado ha apelado un fallo que suspende la implementación de las cláusulas más controvertidas de la legislación. El estatuto de Arizona incluía secciones en que se requería a los policías que hacían cumplir otras leyes que comprobaran tambiòn si los sospechosos residen legalmente en el país. Los estados de Georgia, Alabama, Carolina del Sur, Utah e Indiana han aprobado leyes similares.

Estas, sin embargo, no han sido aán implementadas debido a demandas interpuestas en su contra. El grupo, de aproximadamente 80 personas, caminó con cadenas, palmas y una oración escrita que leían susurrando cada vez que terminaban una vuelta y se paraban frente a la entrada principal de USCIS, en la calle Broadway del bajo Manhattan. Fue el séptimo viernes que el grupo realiza lo que llaman "la caminata de Jericó", en honor a una marcha narrada en el Antiguo Testamento. Los manifestantes, algunos de ellos descalzos, oraron y llevaron lazos que representaban a 1.000 personas deportadas, dijeron.

En total, llevaban 400 lazos. "Este es un país en que buscamos mejoras a nuestras vidas y sin embargo, a veces se deporta a gente que no tiene ning·n antecedente (penal)", dijo Marta Chávez, una mexicana que trabaja para la asociación New Immigrant Community Empowerment (NICE). Katherine Tichacek, portavoz de USCIS, no comentó sobre la marcha porque dijo que la agencia para la que trabaja no lidia con deportaciones. Tichacek dijo además que no comentaría sobre la ley de Arizona, ya que esa es una política estatal y su agencia es federal. Luis Martínez, portavoz en Nueva York de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que maneja deportaciones, no respondió de inmediato los llamados de AP en busca de comentarios sobre la manifestación. Cientos de personas se manifestaron el martes frente a la Casa Blanca para solicitar al presidente Barack Obama que ordene detener las deportaciones.

Obama prometió durante su campaña electoral emprender una reforma migratoria para regularizar la situación de unos 12 millones de inmigrantes sin autorización para permanecer en el país. El hecho de que la reforma no se ha aprobado le ha valido al mandatario las críticas de la comunidad hispana. Las hermanas peruanas Velma Céspedes y Nora Eng se interesaron el viernes por la marcha mientras iban en camino de hablar con un abogado debido a la potencial deportación de su hermano, un inmigrante no autorizado para estar en el país. "Es muy bueno que se haga esto", opinó Céspedes, de 45 años. "Obama no avanza en la defensa de los derechos de los inmigrantes". El presidente estadounidense dijo esta semana ante miembros de una organización hispana que sabe el dolor que provocan las deportaciones y que trabaja a diario para "aplicar leyes defectuosas de la manera más humana posible".

Congresistas estadounidenses recrudecen acciones anticubanas

Por Miguel Lozano

La Habana, 30 jul (PL) Congresistas estadounidenses de origen cubano recrudecieron esta semana las acciones para estrechar más el bloqueo a Cuba, paralelamente con reportes sobre la futura ampliación de vuelos directos entre ambos países.

* Califican de injusto bloqueo económico EE.UU. contra Cuba
La presidenta del comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen, demandó al Departamento del Tesoro y su Oficina para el Control de Bienes información sobre las relaciones con Cuba del grupo bancario holandés ING.

Pese al carácter extraterritorial de sus presiones, Ros Lehtinen sustenta la petición en legislaciones estadounidenses que amparan el bloqueo, entre ellas la denominada Helms-Burton destinada a impedir las relaciones económicas y financiaras de terceros países con Cuba.

Precisamente, la persecución a empresas y firmas extranjeras es uno de los argumentos de las autoridades cubanas para desmentir el intento de Washington de denominar las presiones "embargo", a partir del derecho de cada estado de comerciar con quien desee.

Ros-Lehtinen alude también a la inclusión de Cuba en la relación de países que según Washington son patrocinadores del terrorismo, otra acción unilateral incluída por La Habana en las medidas de presión y la hostilidad de Estados Unidos por más de medio siglo.

La iniciativa de la legisladora se combina con dos proyectos aprobados en comisiones de la Cámara de Representantes que, de ser adoptados por el Congreso, limitarán los viajes de los cubanos residentes en Estados Unidos a su país de origen.

Las propuestas de los congresistas Mario Díaz-Balart y David Rivera pretenden limitar los viajes de carácter familiar y reducir al mínimo el envío de remesas de dinero, como estableció el gobierno de George W. Bush, en una disposición derogada luego por el presidente actual, Barack Obama.

Estas acciones son consideradas en medios menos radicales de la emigración intentos de enfrentar cualquier posibilidad de normalizar los vínculos de los cubanos con sus familiares o de flexibilizar las férreas prohibiciones a los estadounidenses de viajar a la isla.

Esta semana la empresa Havanatur Celimar, principal operadora de vuelos entre los dos países, informó que Cuba y Estados Unidos ampliaron las operaciones aéreas directas entre aeropuertos.

Así los aeropuertos cubanos de Santa Clara (en el centro de la isla) y Manzanillo (en el este) se suman a los ya permitidos de La Habana, Cienfuegos, Camaguey, Holguín y Santiago de Cuba.

Al mismo tiempo, en Estados Unidos se agregan los de Tampa, Fort Lauderdale, Baltimore, Chicago, Atlanta, Nueva Orleans, Dallas, Houston y San Juan (Puerto Rico) a los de Miami, Nueva York y Los Ángeles.

En clara muestra de disgusto y ante reportes previos de esta ampliación, Ros-Lehtinen pidió al gobierno aclaraciones sobre la posible violación por agencias de viajes de las prohibiciones a los estadounidenses .

En opinión del periodista cubano residente en Estados Unidos Max Lesnik existe actualmente en esa comunidad una lucha entre dos tendencias, la de extrema beligerancia con el gobierno cubano y otra a favor de la normalización de lazos con su país de origen.

En comentario trasmitido por Radio Miami, operada por emigrados opuestos al bloqueo, Lesnik estimó que con Obama las restricciones de viaje fueron flexibilizadas, lo cual llevó a los representantes de origen cubano en el Congreso a reforzar sus acciones.

Según su criterio, si Obama cumple su anuncio y veta las propuestas restrictivas, el Partido Demócrata ganará unos cuantos votos más en Miami, pues la mayoría de la comunidad cubana favorece la normalización de las relaciones familiares.

La justicia y el genocidio

Antonio Mosquera A., firmante de los Acuerdos de Retorno entre el Gobierno de Guatemala y las comisiones permanentes de refugiados.
 
La captura y enjuiciamiento de diversos personajes, acusados de crímenes de lesa humanidad, ha alterado a diversos sectores de la sociedad guatemalteca. Muchos están perplejos porque no hubo prontitud y consideran que se trata de algo especial, de una situación que plasma intereses políticos deleznables. Por ello, conviene aclarar tanto la necesidad de la persecución como el concepto de justicia que se encuentra tras estos procedimientos. 

1. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles

El convencimiento de que la persecución penal es una función que se ejerce por voluntad de la ciudadanía para buscar la reparación o castigo por ofensas a la conciencia pública, debe ser la primera constatación. No se trata de una venganza desproporcionada para mantener sujeción o privilegios, sino de establecer la validez de criterios que guían a una sociedad justa y ordenada. Los miembros de la sociedad esperan que la fortaleza de la organización de su proyecto social o Estado se muestre en determinados casos que sirven como examen para comprobar el buen funcionamiento de sus instituciones.

En Guatemala, la convivencia social fue brutalmente desorganizada, durante el enfrentamiento armado del siglo pasado. Muchas veces, la irracionalidad fue empujada ante la falta de fundamentación para la represión de cualquier oposición.

¿Cómo se puede explicar que un párroco conmovido por la llorosa súplica de unos familiares acude ante un oficial del Ejército a preguntar sobre un capturado del que se ignoraba su destino, y después de retirarse, corra igual suerte? O que los vecinos rurales que solo tienen en común con una familia que pudo haber ayudado a insurgentes armados el hecho de compartir esa vecindad sean asesinados por las fuerzas armadas del Estado. El secuestro para obtener información o fondos, no importa si destinados a una finalidad superior y desinteresada por sus hechores, provoca el desamor por los afectos para valorar el apego patrimonial. El egoísmo y la codicia sustituyen a la solidaridad en la sociedad.

La definición de un enemigo interno es una construcción endeble, como han demostrado muchos estudiosos de asuntos de seguridad. Lo que causa repulsa consiste en acudir a criterios étnicos, religiosos o sociales para enmarcar en el mismo a miles de personas desconocidas para el victimario. En la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi señaló a una parte de sus compatriotas con los que habían compartido las penurias de las guerras y depresiones económicas, como causantes de todos los males de la nación. Se armó una maquinaria con racionalidad industrial para exterminarlos. De manera similar, en Guatemala se determinó que miles de aldeas de campesinos desarmados, de diferentes edades y sexo, debían ser removidos a como diera lugar y permitir que se produjeran toda clase de excesos: asesinatos, infanticidios, pillaje, agresiones sexuales, incendios de las casas, etcétera, solamente porque hablaban un idioma o se vestían de una forma, o practicaban una religión que los identificaba como una etnia del país.

Por ello, la ciudadanía partidaria de una sociedad justa y ordenada ha condenado estas acciones y las califica de crímenes de lesa humanidad. La imprescriptibilidad es la garantía de que siempre será posible que las instituciones que administran la justicia consigan condenar a los hechores imponiendo una pena, cuando las condiciones sociales y políticas lo permitan.

2. El sistema de justicia es una institución social

En una sociedad ordenada se aspira a que sus jueces estén imbuidos de los valores socialmente dominantes, pero el funcionamiento de la administración de justicia no se basa en la moralidad personal, sino en el consenso traslapado, al que las diferentes moralidades han establecido como normas aceptables, para todos. Así, la ley se erige como un conjunto normativo respaldado por un proceso de discusión en instituciones legitimadas. En tanto, la administración de justicia es un conjunto de actos llevados a cabo por muchos actores que concluye finalmente en la resolución de un caso.

Mientras que la ley tiene carácter general, la administración de justicia tiene que resolver caso por caso. Inician unos patrulleros; luego, una unidad del Ejército; seguido, un general que planificó una campaña de ataque a la población civil; a continuación, un jefe policial que decidía sobre libertad y vida de ciudadanos; después, quizás, un jefe guerrillero que fue más allá del combate a fuerzas militares; en el futuro, un financista de escuadrones de la muerte etc. El punto es que cada caso debe tener pruebas y señalarse a la persona o personas presuntas hechoras.

No hay manera de hacer un proceso para todos por todo. Se aparta totalmente de una comprensión actual de la sociedad afirmar que: o se condena a todos o no se condena a nadie. El sistema judicial necesita despejar las situaciones sociales, caso por caso.

Por esa razón no se puede acudir a la lástima por la edad, hoja de servicios o similar; o, a indicar que otras personas no han sido indiciadas y cometieron similares hechos. Se tiene que juzgar al señalado por sus acciones y sobre la base de las pruebas reunidas que demuestren su autoría personal.

En consecuencia, tampoco es una venganza o una vindicta resultado de la opinión pública, los encargados de las instituciones de justicia serán los que finalmente decidan sobre la base de las pruebas.

Cuando se realizan estas consideraciones, tampoco se incurre en ingenuidad y falta de sentido crítico institucional. Durante el enfrentamiento armado, las instituciones de justicia no funcionaban, muchos de los jueces cerraron los ojos ante los acontecimientos que los rodeaban. Muchos de los que ahora juzgan iniciaron sus carreras con el favor de los que abusaban e infringían las garantías de la ciudadanía. Así, en primer lugar, no sorprende que tenga que pasar un tiempo para hacer justicia y se intente restablecer el criterio de la supremacía del Estado democrático de Derecho.

Para el efecto ha sido necesaria la renovación del poder judicial, así como la reconstitución del sentido de justicia que debe privar en ese organismo. A ese momento de cambio entre el reino de la impunidad y el establecimiento de la normalidad jurídica se le conoce como transición a la justicia o justicia transicional. En segundo lugar, tampoco es un ajuste de cuentas, al estilo de: antes tú mandabas, ahora mando yo. Algunos juristas llaman a estos procesos como justicia restaurativa porque termina con la impunidad generalizada, por medio de las acusaciones sustentadas, que consiguen las condenas que anuncian para toda futura actuación arbitraria ilegal, que se sufrirá las consecuencias previstas legalmente.

Por último, en tercer lugar, siempre habrá un déficit entre la actuación limitada de las instituciones y las grandes expectativas de la población, solo la abnegada actuación de todos los funcionarios de la cadena de justicia: acusación, jueces y miembros del sistema correccional son los que restauran la confianza en las instituciones, pero esta jamás será total, como enseña la experiencia.

3. Una enseñanza: la no repetición

Todo el esfuerzo que se dedica a terminar con la impunidad existente en el pasado cercano lanza el mensaje que no se repetirán estas actuaciones. Aquellos jefes policiales que se erijan en jueces y verdugos sabrán que se les perseguirá. No importa si sus víctimas fueron personas detenidas en las penitenciarías o jóvenes que se iniciaban en la carrera del crimen. Nadie, fuera del sistema de justicia, decide a las personas que habrán de ser excluidas de la vida libre en sociedad, mucho menos quitar la vida para “limpiar” la sociedad. Las penas y las medidas correctivas para los que infringen la ley no permiten la experimentación o la arbitraria invención. No importa si se es ministro, jefe de policía o empresario preocupado por la seguridad, se trata de un asunto de toda la ciudadanía que confía en la institucionalidad pública.

ALEPH: El inicio del fin

Carolina Escobar Sarti
Se dice que la justicia tardía no es justicia y que, incluso, es la máxima injusticia. Sin embargo, contamos con suficientes evidencias para afirmar que los hechos y casos que ameritan justicia y quedan impunes, dejan huellas indelebles que trascienden personas y generaciones y se revierten contra la misma población de distintas formas. En Guatemala es ahora o nunca. Enjuiciar a los responsables intelectuales y materiales de masacres, torturas, violaciones, desapariciones forzadas y genocidio, es un acto de fe en el presente y el futuro de este país. 

Es cambiarle la piel al sistema de justicia. Es el inicio del fin de la impunidad.

La detención por genocidio del exgeneral Mario Héctor López Fuentes, la captura de Pedro García Arredondo, imputado por el delito de desaparición forzada, y la apertura a juicio oral y público contra cuatro militares sindicados por la masacre de 250 personas en la comunidad Dos Erres, en La Libertad, Petén, son avances significativos en la búsqueda de justicia.

Y para no confundir venganza con justicia en esta Guatemala depravada, diremos que la venganza tiene un fin de desahogo que cobra la muerte con más muerte, mientras que la justicia tiene un fin reparador y transformador.

La trampa de pedir que no se acuda a la memoria, que se dé vuelta a la página de la historia sin haberla siquiera leído y que pasemos a otra cosa sin haber resuelto judicialmente crímenes y delitos graves de guerra atenta contra la estabilidad emocional y social de toda la población, comenzando por los familiares de las víctimas y las personas sobrevivientes de 36 años de terror, con quienes este Estado tiene una deuda histórica.

García Arredondo fue jefe del Comando Seis de la Policía Nacional, durante los gobiernos de Kjell Laugerud García y Romeo Lucas García. Luego, en un marco de vergonzante impunidad, ocupó el cargo de alcalde de Nueva Santa Rosa.

Hoy es juzgado por el caso de desaparición forzada del estudiante universitario Édgar Sáenz Calito, en 1981, pero carga sobre sus espaldas el asesinato del dirigente estudiantil Oliverio Castañeda de León, en 1978; de los estudiantes Julio César del Valle y Emil Bustamante, y el de los de los psicólogos Edna Ibarra y Carlos Figueroa, en 1980, entre otros muchos.

Se le señala como responsable de la desaparición de 28 dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores, en 1980; del asesinato de Manuel Colom Argueta, en 1979; y la quema de la Embajada de España, en enero de 1980. Y podríamos seguir.

Pero hay que decir que si García Arredondo fue detenido solo después de 15 años (!) de haber iniciado un proceso en su contra, es porque en la época del conflicto era recibido en lujosas oficinas de la ciudad capital, donde le atendían a cuerpo de rey mientras le pasaban los listados de quienes él habría de desaparecer, torturar o ejecutar.

Lo más seguro es que sus padrinos aún han de merodear por allí, porque, ¿qué otra cosa explicaría mejor esos niveles de impunidad?

Hay un sentir inexplicable detrás de capturas y juicios como estos; sobre todo cuando escuchamos las historias de horror que declaran haber cometido los mismos kaibiles ejecutores de aquella masacre de diciembre de 1982, en Dos Erres.

Todos los que ahora han sido detenidos, más que ser los responsables directos de la violencia, son los símbolos de la derrota humana más absoluta.

El Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de Derechos Humanos están haciendo bien las cosas en casos como estos. Veremos ahora si los fiscales y jueces responden a este llamado de la historia y resignifican la memoria de las víctimas y del país.

No más influencia política, no más impunidad. Pero si aquí las cosas se enturbian, que quede el sabor de que la globalización no es solo económica, sino también judicial, y que fuera de nuestras fronteras hay Cortes donde la justicia se escribe claro y con mayúsculas.

El hoy de nuestra América Latina..(31-07-11)

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Durante diez años un equipo del Instituto de Antropología, realizó una investigación sin precedentes en las ciencias sociales cubanas. Publicada bajo el título Las relaciones raciales en Cuba, Estudios contemporáneos, propone recomendaciones para resolver la problemática detectada.Ver Noticia Hipermedia

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