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miércoles, 5 de octubre de 2011

Femicidio, tropiezos y lucha

Rigoberta Menchu 
La inamovilidad y la lentitud del Estado, aunque se presume de un Estado con rasgos modernos, se explica porque opera de manera casi obsoleta.

La lucha contra el femicidio impone retos importantes a la sociedad y al Estado guatemalteco. A ambas categorías, por las circunstancias históricas del país, caminar hacia mejores circunstancias se les hace cuesta arriba. Sin embargo, ha sido la sociedad, a través de sus organizaciones, particularmente las de mujeres, la que ha cargado con la enorme responsabilidad de poner sobre la mesa el problema con sus correspondientes atrocidades. El Estado, por su lado, inmutable en la mayoría de las veces y lento en su movilidad, sigue, antes que de oficio, siendo obligado a tomar medidas para encarar este oprobioso delito. En este sentido es afortunada la vigorosa lucha de quienes no sólo han padecido de la violencia intrafamiliar, sino también han tenido la amarga experiencia de perder a un ser querido, no solamente como consecuencia de ésta sino por el exacerbado odio hacia el género femenino presente en el entorno.

La inamovilidad y la lentitud del Estado, aunque se presume de un Estado con rasgos modernos, se explica porque opera de manera casi obsoleta y porque para el caso actúa como fiel reproductor de una visión machista que permea no solamente el andamiaje de quienes le operan sino también la mentalidad de la población; es decir, de las familias y el contexto en el cual éstas se desarrollan. A esto se agrega la permisibilidad de la violencia, y en momentos de la historia, en generador de ésta, al extremo de practicar el terrorismo. Sin embargo, la tenacidad, como ya dije, de quienes se defienden y defienden la vida, el respeto a los derechos y la dignidad han hecho que el Estado haya respondido ante este fenómeno, por lo menos con la Ley contra el Femicidio.

Ninguna duda cabe, para afrontar este delito, se requiere no solamente de la existencia y aplicación de la Ley, sino también de procesos formativos que de suyo prevengan la violencia en todas sus manifestaciones. Este, por supuesto, sigue siendo el rol y la responsabilidad del Estado, pero en ello la sociedad, sus organizaciones, la población y los individuos deben jugar también su propio papel. Digo esto porque, a pesar de la existencia de la Ley, hoy seguimos siendo testigos de femicidio mediante la muerte, incluso por desmembramiento de mujeres como la forma más extrema e inhumana de este.

Resulta que ante lo común del fenómeno, no solamente se va perdiendo la sensibilidad sino que también salen a relucir las complicidades. Sirve de ejemplo el caso de Cristina Siekavizza, cuyo verdugo no pudo escaparse sin contar con el apoyo de otros que por los hechos resultan también siendo criminales. Otro ejemplo, igualmente ilustrativo, es el de un conjunto de profesionales del derecho que se han empeñado en demeritar y reducir los efectos de la Ley contra el Femicidio, presentando alegatos delante de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, hay quien la defienda y en ello un rol fundamental está jugando desde el Estado, Claudia Paz y Paz, Fiscal General de la República, y, segura estoy, otra mujer velará por su aplicación, Thelma Aldana, próxima Presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

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