ALEPH: Cuando un país comienza a ser de todos

Carolina Escobar Sarti
Primera mitad del siglo XVI: Fray Bartolomé de las Casas solicita al rey español las “cédulas reales”, para evitar que los indígenas fueran despojados de sus tierras comunales. 

Sin embargo, a partir de la Reforma Liberal impulsada por Justo Rufino Barrios en 1871, el idioma fue el factor principal del despojo brutal de esas tierras comunales, propiedad de indígenas. El nuevo ordenamiento territorial mandó que sólo quienes, en “castilla”, podían probar que las tierras eran suyas, se constituían legalmente en sus dueños. También mandaba que sólo quienes podían pagar la medición de los terrenos nacionales baldíos, se convertían en sus propietarios. Esa arquitectura jurídico-agraria sustentó un orden basado en la discriminación, la opresión, la exclusión y la esclavitud.

Desde principios del siglo XVII hasta las postrimerías de la colonia, el Repartimiento, una institución económica colonial, se realizó bajo la presión del terror colonial, y resistirlo era concitar la ira del Corregidor quien, bajo cualquier pretexto, podía mandar azotar a los indígenas hasta despellejarlos. Ellos, que antes habían sido obligados a trabajar gratuitamente para el rey por la vía del tributo, ahora eran obligados a trabajar en forma casi gratuita para los hacendados por la vía del repartimiento y para pagarle a los Corregidores estas “deudas”. Estos mecanismos fueron causa de su inferioridad económica y, por ende, de la inferioridad por la cual, además, algunos les culpan. Y todo sucedió mientras los terratenientes y sus subordinados más cercanos, se regodeaban ejerciendo el derecho de pernada con las mujeres indígenas.

Revolución de 1944: hasta entonces se da la abolición, en Guatemala, del trabajo forzado al que eran sometidas las poblaciones indígenas. Sin embargo, el cruzamiento de mapas de pobreza, desnutrición, mortalidad materna e infantil, analfabetismo y otros, sigue apuntando a las poblaciones indígenas como las más afectadas. Inicios del siglo XXI: varias mujeres indígenas son rechazadas a la puerta de distintos lugares públicos, y al ingreso de los mismos se les hace leer el rótulo de “Nos reservamos el derecho de admisión”, leyenda que habla por sí misma cuando nos damos cuenta quiénes han sido los grandes excluidos de la salud, la educación, el empleo y la recreación en nuestro país. ¿O ya olvidamos que hace pocos años Rigoberta Menchú sentó un precedente al ganar un juicio contra el racismo, varios meses después de que cuatro personas, entre las cuales estaba el nieto del General Efraín Ríos Montt, le gritaran en un espacio público: “¡India, vendé tomates en el mercado!”?

Por ello, cuando fui al Teatro Nacional el 26 de noviembre de este año, a la Graduación de la Segunda Promoción de Profesorado de Enseñanza Media en Educación para Contextos Multiculturales, avalada por la Universidad de San Carlos y la Fundación Rigoberta Menchú Tum, tuve una sensación indefinible de asistir a un acto de justicia histórica. Trescientos nuevos profesores y profesoras de Enseñanza Media, procedentes de once comunidades lingüísticas del país, recibieron su título universitario, y muchos de ellos ya habían iniciado sus estudios de licenciatura. El año anterior, 175 más se habían graduado.

Presidiendo el acto luego de la bienvenida en tres idiomas, nuestra Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú; cerrando el acto, las palabras de la profesora Josefina Sánchez, quien pronunció un impecable discurso. La Gran Sala del Teatro Nacional, a lleno completo, mayoritariamente de indígenas, y entre todos, una cantidad significativa de mujeres poniéndose de pie para hacer el juramento universitario al momento de ser reconocidas como nuevas profesionales. Son hechos como éste, los que hacen sentir que el país comienza a ser de todos los hombres y mujeres de Guatemala, no de los pocos que se han autonombrado sus dueños.