Guatemala
Por Mario Sosa
Fuentes: Rebelión
El 15 de agosto ocurrió un hecho recurrente en la
historia de Guatemala. En la comunidad Cubilgüitz (Cobán, Alta Verapaz)
se perpetró un violento desalojo de 40 familias campesinas de origen
q’eqchi’.
La acción fue ejecutada por hombres fuertemente armados. Más allá de
algunas de las circunstancias del acontecimiento, es necesario recordar
que estas familias habían decidido ocupar tales tierras, propiedad de la
familia Dieseldorff Grimler, como medida última de presión para lograr
el reconocimiento efectivo de sus derechos laborales.
Este
grave desalojo constituye una constatación más de una de las
problemáticas estructurales que, en lugar de encontrar solución,
siguen siendo resueltas a fuego y sangre. En perspectiva del bien
común, el Estado resulta evidenciado en su incapacidad institucional
para garantizar tutelarmente los derechos de tales familias
campesinas, dada su orientación contraria a la búsqueda de
soluciones para este tipo de problemáticas, en especial su política
de dejar hacer y dejar pasar impunemente a grupos armados que actúan
en interés del poder finquero y, complementariamente, en la ausencia
de políticas públicas mediante las cuales se procure solución a la
problemática que vive la población rural y campesina.
Tales
ausencias, que muy probablemente son intencionadas, permiten que se
gesten poderes que, en defensa de la desigual estructura agraria y de
los mecanismos económicos y extraeconómicos de acumulación de
capital, violan flagrantemente derechos laborales y actúan
impunemente al punto de ejecutar acciones violentas como la ocurrida
en una región por demás desigual en el acceso a la tierra y en un
departamento con los más altos porcentajes de pobreza
multidimensional del país: alrededor del 80 %.
Mientras
estos hechos ocurren y se mantienen en la impunidad, comunidades,
organizaciones y sus líderes suelen ser objeto de una política de
criminalización y judicialización por parte de los poderes
regionales y de las mismas instituciones estatales. Es decir, en
lugar de instituir políticas públicas para resolver las causas de
las contradicciones y problemáticas que afectan a la mayoría de la
población, como la violación de derechos laborales, los despojos de
tierras y las acciones violentas a manos de estructuras armadas
controladas o ligadas al poder finquero, el Estado responde tal como
lo ha hecho el poder colonial desde sus inicios: criminalizando a
quien se resistía y protestaba contra los intereses de quienes se
hicieron con la tierra.
Contrario
a instituir políticas orientadas al bien común, el actual gobierno
procede a destruir la poca y endeble institucionalidad que se
orientaba a tratar de resolver con paliativos la problemática, tal
el caso de la Secretaría de Asuntos Agrarios, suprimida como parte
de las llamadas instituciones de la paz. Así las cosas, se avanza en
ignorar la profunda conflictividad en el campo, agravada por el
avance de diversas dinámicas de apropiación y acaparamiento de la
tierra y de los territorios con el propósito de extender e
intensificar el extractivismo agroindustrial, minero y energético.
La
orientación que diversos gobiernos han dado a las instituciones
públicas ha consistido en priorizar la producción para satisfacer
la demanda internacional de materias primas por encima de la
provisión de fuentes de empleo y de la producción de alimentos para
una población que se debate en condiciones de pobreza, agravadas por
la pandemia de covid-19. Esto es, se ha priorizado la gran empresa
extractiva antes que el interés común, que en este caso requeriría
considerar necesidades esenciales, las cuales por mandato
constitucional deberían ser el objetivo del Estado y, en específico,
de quienes ejercen gobierno, instituyen leyes y procuran justicia.
En
un contexto de crisis agravada por la pandemia, es recomendable que
las diversas organizaciones ciudadanas e instituciones que procuran
metas de bienestar social se orienten a exigir la apertura de
espacios de diálogo para reorientar la acción gubernamental hacia
la solución de la problemática agraria y rural, así como los
múltiples problemas sociales, que se agravarán aún más por las
enormes carencias e ineficacias de las instituciones públicas —en
especial en cuanto a políticas y recursos— y por las orientaciones
ejecutivas carentes de buena voluntad y de búsqueda del bien común.
Blog del autor: https://www.plazapublica.com.gt/users/mario-sosa
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