Orlando Delgado Selley
Tras una serie de vicisitudes,
los gobiernos de Argentina y Ecuador lograron un acuerdo con sus
acreedores externos que restructura mayoritariamente la deuda pública
externa. En el caso argentino, el acuerdo reduce el monto de su deuda en
54.8 por ciento y los intereses disminuyen de 7 por ciento a 3 por
ciento. En el caso ecuatoriano, los acreedores aceptaron una quita de
mil 540 millones de dólares y reducciones de las tasas de 9.2 por ciento
promedio en el que estaban a 5.3 por ciento. En ambos casos, el FMI
felicitó a los respectivos gobiernos señalando que les coloca en una
ruta que permitirá un crecimiento sostenido e incluyente.
Argentina y Ecuador iniciaron el proceso de renegociación declarando
su incapacidad para seguir cumpliendo con los compromisos de pago
derivados de emisiones de títulos de deuda colocados en el mercado.
Ambos países enfrentaban condiciones económicas críticas, explicadas por
causas distintas en cada caso, que colocaban a sus respectivos
gobiernos en la tesitura de seguir pagando su deuda a costa de reducir
sustancialmente el gasto social. Los acreedores, por supuesto en un
litigio prolongado que incluyó decisiones de la corte estadunidense,
aceptaron que en efecto los respectivos gobiernos no podían seguir
honrando su deuda.
El resto de los países de América Latina, sin presentar situaciones
críticas tan agudas como las de Argentina y Ecuador, desde antes de la
pandemia y, por supuesto, con mayor fuerza dadas las enormes caídas de
sus niveles de producción, también enfrentan condiciones presupuestales
difíciles que están cuestionando su capacidad para cumplir con los
compromisos sociales que sus poblaciones demandan. Grupos económicos
diversos, particularmente grupos empresariales, han planteado que para
cumplir con esos compromisos es necesario contratar nueva deuda externa
Los recursos financieros que se recibieran por este nuevo endeudamiento
servirían para ampliar los márgenes de acción de las debilitadas
finanzas públicas latinoamericanas.
Sin embargo, este alivio financiero sería momentáneo, ya que en un
plazo muy corto elevaría los requerimientos presupuestales que habría
que dedicar al pago del servicio de la deuda externa anterior, a lo que
habría que sumar los pagos derivados del nuevo endeudamiento. Así que
contratar deuda adicional no soluciona. En realidad, habría que hacer
justamente lo contrario: como los gobiernos argentino y ecuatoriano, los
gobiernos latinoamericanos tendrían que declararse incapaces de seguir
cumpliendo con los pagos de su deuda externa.
Debieran informar a sus acreedores que la situación provocada por la
pandemia, bien conocida por todos los agentes financieros globales, los
obliga a destinar prioritariamente recursos presupuestales a la atención
de necesidades urgentes de amplios grupos de sus poblaciones. A esto se
suma que el precio de algunas materias primas ha caído sustancialmente y
que, además, la generalizada volatilidad financiera ha provocado que
los tipos de cambio pierdan frente al dólar, con la consecuencia obvia
de que su deuda externa ha crecido como proporción del PIB y, con ello,
los requerimientos presupuestales para su pago también han aumentado.
Así las cosas, es evidente que la situación presupuestal de nuestros
gobiernos impide que el manejo pre-pandemia, en el que se cumplieron
puntualmente con los pagos de las deudas externas regionales, se
mantenga. Dadas las restricciones presupuestales que se enfrentan, con
requerimientos sociales y económicos cuantiosos para apoyar a los más
golpeados por el largo confinamiento, hacen falta recursos. Además, es
necesario reordenar las prioridades colocando en primer lugar la
protección de las condiciones de vida y de trabajo de amplios grupos de
la población.
El Fondo Monetario Internacional ha saludado la restructuración de la
deuda argentina y ecuatoriana, lo que le obliga a reconocer que el
endeudamiento de esos países con el propio fondo tendrá que
restructurarse en condiciones similares a las acordadas con los
acreedores privados. Además, el FMI debiera impulsar que los tenedores
de títulos de deuda pública de países emergentes acepten que, dadas las
enormes dificultades que estamos viviendo, es absolutamente necesario
reconocer que debe haber quitas de capital significativas, que permitan
aliviar las dificultades financieras de los respectivos gobiernos.
Corresponde, por supuesto, la responsabilidad fundamental a los
gobiernos de los países emergentes, particularmente a los
latinoamericanos, de abrir una negociación de esta naturaleza.
Negociación que, por supuesto, será complicada y que demandará capacidad
de concertación que permita coordinar esfuerzos y sumar capacidades. La
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) podría ser un
espacio útil en este sentido. México tiene la presidencia pro tempore. Habría que aprovecharla.
No hay comentarios:
Publicar un comentario