Entrevista a Jesús Santrich
Fuentes: Resumen Latinoamericano
Las FARC fueron fundadas en 1964. En mayo pasado habrían
cumplido 56 años de existencia. Pero, aunque esas FARC, con la firma del
Acuerdo de La Habana pasaron a la legalidad, al mismo tiempo o poco
después irrumpieron varias organizaciones armadas retomando su nombre;
entre ellas las FARC-EP Segunda Marquetalia.
¿Son las aspiraciones de los guerrilleros de las distintas nuevas FARC las mismas de los hombres de Manuel y Jacobo?
Saludos para ti y para quienes tengan acceso a esta entrevista. Te
respondo reafirmando que somos un proyecto que guarda continuidad con el
de 1964. Es lo definido por quienes entre el 22 y el 24 de agosto de
2019 nos reunimos para realizar la Reunión Extraordinaria de Comandante FARC-EP La Lucha Sigue. Por
eso en mayo pasado celebramos el aniversario 56 tomando lo ocurrido en
agosto como un hito importante, refundacional, de reconstrucción, en la
historia de más de medio siglo que tenemos como organización
revolucionaria.
Referirme a estas fechas de aniversario me permite precisar que
existe un trasegar de las FARC con la continuidad trazada por la
Dirección histórica, entendida esta como el núcleo fundacional
encabezado por Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas y Hernando González
Acosta, respecto a la cual hay un relato más o menos consensuado y
admitido por la militancia de uno y otra estructura del presente, hasta
2016, y que está consignado en los libros que sobre el tema escribió
Arturo Alape tomando como fuente al comandante Marulanda Vélez,
especialmente; lo plasmado por el mismo comandante en Jefe en sus
Cuadernos de Campaña de 1964 y los textos escritos y publicados por
Jacobo Arenas, entre los que se cuentan, Diario de la Resistencia de
Marquetalia/, Cese al Fuego/, Correspondencia Secreta del Proceso de Paz
/y Diálogos de Paz, Amigos y Enemigos, principalmente.
Se complementaría esta historia de origen con los documentos
oficiales de las Conferencias y Plenos del Estado Mayor Central, hasta
el momento en que se inician las conversaciones de La Habana, todo lo
cual constituiría un primer bloque historiográfico genuinamente fariano,
alrededor del cual puede haber otros documentos de terceros
observadores o estudiosos de la temática. Pero evidentemente, existe
otro escenario de debate de tal historia a partir del punto de quiebre y
ruptura de la unidad interna de las FARC-EP, que se produce con los
Diálogos de Paz de La Habana, con momentos diferenciados como lo son el
de conversaciones propiamente dicho, el de acuerdo y firma del mismo y,
finalmente, el de su fallida implementación.
En tal etapa se entremezclan visiones, posiciones políticas e
ideológicas, que van diferenciándose y marcando ruptura, no solamente
entre sectores de quienes adelantan las conversaciones sino también
respecto a sectores que no admitieron la línea de adelantar el proceso
de paz en los términos en que se desenvolvió. Así, entonces, los relatos
sobre lo ocurrido en este escenario pueden ser coincidentes en el
abordaje de algunos aspectos, pero contradictorios y de choque en otros,
fundamentalmente en lo que concierne al asunto de la dejación de armas y
la forma como asumir la reincorporación frente a los incumplimientos de
los compromisos por parte del gobierno, lo cual conducirá al
distanciamiento de un importante y amplio sector de la militancia, del
conjunto del proceso al que consideraron traicionado por el
Establecimiento.
Agregado a esto, hay un tercer escenario para la discusión y
definición de la historia de las FARC-EP, que se expresa con el proyecto
FARC-EP (Segunda Marquetalia), y que presenta específicos hitos
refundacionales y prospectos de desarrollo político-militar de
continuidad respecto a la organización originaria, conviviendo con
proyectos paralelos representados por los sectores de las antiguas FARC,
que no participaron del proceso de paz, pero que también se reivindican
como continuadores de la organización originaria, y en ese plano van
teniendo su propia dinámica de existencia.
Como Segunda Marquetalia, sintetizo en tres los aspectos
fundamentales de nuestra lucha por la justicia social, desde el momento
mismo de la fundación de las FARC-EP:
- La lucha por la tenencia y uso de la tierra, siempre aspirando a alcanzar la propiedad sobre la misma, con instrumentos y recursos para su explotación adecuada en equilibrio con la naturaleza;
- La satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia, es decir de alimentación, salud, vivienda, educación, servicios públicos fundamentales, recreación y cultura;
- La superación de la desigualdad, la pobreza y la exclusión política. Todo ello en condiciones de dignidad, libertad y soberanía.
Las guerrilleras y guerrilleros de ayer y los de hoy tienen esas
mismas aspiraciones, porque se trata de metas planteadas como
necesidades que no han sido resueltas para las mayorías en Colombia.
Antes que darles solución a los problemas que se derivan de su
insatisfacción, se han profundizado.
El orden capitalista engendra el carácter antagónico entre distintos
sectores sociales, políticos y económicos en Colombia. Y eso no ha
cambiado desde la época de fundación de las FARC-EP. En su seno descansa
la conflictividad violenta emanada de los procesos de acumulación,
signados por la variable de la apropiación violenta de la tierra en muy
pocas manos.
Por ponerle sólo un ejemplo, en nuestro país más de 40 millones de
hectáreas están en manos del latifundio ganadero. Eso equivale a más de
un tercio del territorio nacional, generando fenómenos de praderización,
de daño al medio ambiente y desplazamiento forzado, por decir lo menos.
Mientras del 100 por ciento de la gente que trabaja en el campo al
menos la mitad no tienen tierra y del resto son menos del 50 por ciento
los que tienen titulación. Por eso, un aspecto central de cualquier
solución política al conflicto pasa por la realización de una reforma
rural integral que incluya no solamente aspectos de explotación
agropecuaria sino de reconfiguración territorial, geoespacial en favor
de la gente del común.
-¿El regreso a la lucha armada es la confirmación de que el proceso de paz fracasó?
-El regreso a las armas de muchos de quienes se involucraron o nos
involucramos en construir un acuerdo de paz con el gobierno, es un
indicador muy diciente de la inexistencia de la paz en Colombia, pero no
es su causa.
Recordemos que el fallido proceso de paz de la Habana es uno de los
tantos que ya han fracasado en nuestro país, pero así este que nosotros
adelantamos y derivó en un Acuerdo hubiese tenido menos perfidia de la
que ha sufrido y nosotros estuviéramos en la legalidad, otras fuerzas
insurgentes seguían activas con razón. La traición del establecimiento
al proceso del que nosotros participábamos, es una razón más para
mantenerse en rebeldía. Pero por sobre todo ello, está la conflictividad
social que surge de la falta de justicia social, del incremento
creciente de las desigualdades por cuenta de la mezquindad de una clase
oligarca que persiste en mantener sus privilegios extremos a costa del
bienestar de la mayoría de sus compatriotas, sólo para satisfacer las
exigencias insaciables de un imperio decadente como el yanqui y sus
propias extravagancias.
-Después de varios procesos de paz fallidos, seguís pensando
que el camino de la negociación es posible o pensáis tomar el poder por
las armas?
-Ni antes ni después de las conversaciones y la firma del Acuerdo de
Paz de La Habana, la dirigencia genuinamente fariana ha pensado que
existe un único camino para establecer la justicia social y la paz con
dignidad, libertad y soberanía en Colombia. Sabemos sí, que
históricamente las transformaciones a las que aspiramos se producen con
revoluciones que generalmente son violentas porque así lo imponen
quienes detentan el poder, pero siempre aspiramos a que se produzca una
salida dialogada. Y ese diálogo deberá ser entre adversarios, cualquiera
que sea su calidad.
Nosotros deberemos prepararnos para la guerra con una oligarquía que
ha demostrado ser mezquina, sanguinaria y tramposa; pero es deber
nuestro procurar el menor derramamiento de sangre buscando una salida lo
menos cruenta posible. Quizás la salida política negociada parezca una
ilusión, pero su búsqueda la entendemos como un deber al que no le vamos
a hacer el quite.
-Ustedes rompieron con el partido FARC, liderado por
Timochenko. Cual es la relación que mantenéis con los ex-guerrilleros de
base a lo largo del país?
-Tomamos un camino diferente obligados fundamentalmente por la
traición gubernamental al Acuerdo, pero también nos distanciaron
posiciones políticas que no compartimos porque creemos que se apartan de
nuestra concepción raizal bolivariana y comunista. Este es un problema
de índole político que debería no enemistarnos al punto de romper
cualquier posibilidad de acercamiento, coordinación o convergencia como
puede ocurrir con respecto a cualquier otro partido, organización
política, o social, o movimiento real de lucha.
La necesidad de la convergencia y su búsqueda son un conjunto de
orden estratégico, solamente que nosotros actualmente operamos en la
ilegalidad y eso no nos permite tener ningún vínculo o relacionamiento
formal ni con la facción que lidera Timochenko ni con ninguna otra
porque sencillamente estaríamos sometiendo a la gente a los peligros del
terrorismo de Estado y el macartismo que imperan en Colombia. Con los
exguerrilleros guardamos afectos nacidos de una historia de lucha
compartida, agregando los afectos que en general tenemos respecto al
pueblo colombiano explotado y vilipendiado, al cual nos debemos y por el
cual luchamos presentándoles una propuesta que aspiramos que abracen
sea vinculándose a nuestras filas, a nuestras estructuras, o sea también
desde la legalidad defendiendo propósitos que nos aproximen como lo
pueden ser la búsqueda de la justicia social o la defensa de la
soberanía.
-Cual es la sensibilidad general de los ex-guerrilleros sobre el proceso de paz.
-En general es notorio un desencanto respecto a las grandes
expectativas que había de transformar el país en beneficio de los más
desfavorecidos, al menos logrando sentar las bases de la reforma rural,
de la reforma política y de otras conquistas menores. Pero nada de eso
se ha dado. Ni siquiera lo más elemental que es el desarrollo de un
proceso decente de reincorporación económica, política y social. Hay
además temores por el terrorismo de Estado que se está sufriendo, por
los asesinatos contra dirigentes comunitarios y excombatientes por
centenares; militantes farianos han sido acribillados alrededor de 250
desde la firma del Acuerdo. Según Indepaz, dirigente comentarios van más
de 730 asesinados.
Más allá del desencanto hay total o parcial perdida de credibilidad
en el instrumento del diálogo y los acuerdos, porque es notorio que son
fácilmente vulnerados, sin que exista una garantía de solución a los
incumplimientos. Por ello el regreso de muchos, muchos excombatientes y
la vinculación de nuevos insurgentes a la lucha armada, pero sin duda
también hay en otros muchos excombatientes, militancia política y
simpatizantes de la solución política al conflicto, una honesta,
valerosa, arriesgada y respetable posición de persistir en la defensa de
lo pactado, así que la sensibilidad no es una sola sino que existen
diversas sensibilidades, valoraciones y reacciones.
-¿Y sobre el regreso a la opción armada?
-Como tú dices, es una opción y no es la única. Es además un derecho
legítimo; el derecho que tienen los pueblos a rebelarse con la fuerza
frente a regímenes tiránicos como el que ha tenido Colombia durante toda
su era republicana. Esta opción entraña además un derecho a la legítima
defensa grupal, colectiva, de personas que no quieren enfrentar el
terrorismo de Estado, la guerra sucia del establecimiento, su
criminalidad inveterada con los solos pechos desnudos y una concepción
de martirologio.
Sabemos que la lucha de clases entraña también un problema de orden
militar que no podemos soslayar, sino que debemos asumir para que así
sea menos doloroso y traumático, para poder llegar a un escenario de
negociación que acabe con la confrontación que nos imponen los
oligarcas.
Hasta el momento van 238 ex-guerrilleros asesinados. ¿Quien está por detrás de la aniquilación de estas mujeres y hombres?
-A esta pregunta ya he respondido varias veces, y quiero repetir que
sin negar que pueda haber causas específicas para uno u otro caso en
particular, que respondan a asuntos personales o que no tengan nada que
ver con la violencia política que se padece en el país, lo esencial está
en que las muertes son producto de la acción y omisiones sistemáticas
del Estado. Reiteraría algo de lo dicho en otras entrevistas, en cuanto a
que tanto los asesinatos de dirigentes comunitarios como de
exguerrilleros, muchos de los cuales son también dirigentes, son
víctimas sistemáticas del terrorismo de Estado.
Antes he dicho que asistimos a un reforzamiento de la violencia
sistemática institucional y para-institucional; es decir, un
reforzamiento estatal de la Doctrina de la Seguridad Nacional y Enemigo
Interno, que deriva de la famosa “paz con legalidad” del gobierno de
Iván Duque y que está encaminada a adelantar un proceso de pacificación
represiva de los territorios estratégicos. Actúan con la excusa de la
“seguridad interna”.
Ahora se inventaron las Zonas Estratégicas de Intervención Integral
(ZEII), coincidentes con los Espacios Territoriales de Capacitación y
Reincorporación (ETCR), que son los espacios piloto para iniciar la
reincorporación de los excombatientes. Estos espacios para la paz,
entonces se están usando para experimentar el reforzamiento de una
estrategia contrainsurgente de aislamiento del territorio y copamiento
militar del mismo, al tiempo que se contribuye a la recomposición del
paramilitarismo, con un propósito evidente de acelerar la expansión del
modelo de acumulación que articula cadenas legales e ilegales de
valorización de capital.
En ese contexto es que se producen los asesinatos de los que estamos
hablando. Las regiones más afectadas por los asesinatos están dentro de
la delimitación de las zonas que cubren los 170 municipios PDET, a los
cuales se les está aplicando el tratamiento criminal de la Política de
Defensa y Seguridad (PDS), que no es otro que el de la doctrina
contrainsurgente de la seguridad nacional. Y a los asesinatos le suman
falsos positivos como el que protagonizó Timochenko, a fin de adelantar
campañas tendientes a mostrar que los hechos de sangre son producto de
la división interna de las FARC.
Este caso lo pongo especialmente de presente porque lo que hicieron
con esos muchachos excombatientes; me refiero a Carlos Andrés Ricaurte y
Gerson Moisés Morales, fue una infamia. Los supuestos salvadores del
exjefe guerrillero lo que hicieron fue torturar y asesinar a personas
que seguían creyendo en el proceso. Ahí usted puede darse cuenta que una
de las razones que ha apresurado la decisión de retomar el camino de
las armas, es la guerra sucia, el terrorismo de Estado, y que las
explicaciones que se dan conjugando lenguaje de orden público, hablando
de “zonas rojas” donde imperan grupos criminales anarquizados, con
pugnas por control territorial, que de paso victimizan al Estado, no
hacen sino tratar de ocultar la responsabilidad del régimen.
–Algunas fuentes dicen que se tratan de asesinatos ejecutados por disidentes de las FARC.
-Ya he dicho que puede haber casos que no necesariamente obedezcan a
la marcha del terrorismos de Estado, pero no tengo elementos para
afirmar que las muertes de excombatientes o dirigentes comunitarios sea
producto de políticas trazadas por organizaciones “disidentes”. No
considero eso posible si es que bajo esa denominación estás incluyendo a
quienes en este momento por estar alzados en armas no pertenecen al
partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común pero vienen de las
raíces marulandistas. Y sobre eso, hay varias organizaciones que
enarbolan el nombre y las banderas de las FARC-EP del comandante Manuel,
que tienen sus propias direcciones y voceros y seguramente ellos podrán
responder con sus argumentos y con más detalle a esta pregunta tuya.
En lo que respecta a las FARC-EP, Segunda Marquetalia, ninguna muerte
ha sido ordenada por estructura alguna nuestra. No es esa nuestra
política por profundas que sean las contradicciones. Estas deben darse
en el plano de las ideas y no en otro. Entonces aprovecharía para
reiterar que en el sonado atentado contra Timochenko, que hasta donde se
sabe fue un falso positivo, no tuvimos que ver absolutamente en nada. Y
agregar que se alcanza a advertir en estos procedimientos, una extraña
maniobra tendiente a estigmatizar aún más a quienes siguen alzados en
armas por un lado, y al mismo tiempo una especie de treta tendiente a
restarle confianza al componente de exguerrilleros y personal de la UNP
que no marchan con el oficialismo gubernamental y el timochenquista.
Nadie debe dudar que la guerra sucia gubernamental está en marcha y
no es nada novedoso como método de opresión en nuestro país, por eso
ahora lo que haría sería un llamado radical a que la gente no se deje
matar en estado de indefensión. Hay que seguir peleando, resistir, no
abandonar por ningún motivo los sueños de cambio y de búsqueda de paz
con justicia social, y precisamente ese es el espacio que queremos
brindar en las filas de las FARC-EP, Segunda Marquetalia o decirles a
quienes se sientan perseguidos, que la lucha clandestina y armada es
absolutamente legítima sin importar la organización por la que opten,
siempre que ella reivindique los intereses populares.
-En este proceso de regreso a la opción armada, hubo una
dispersión de grupos que son acusados muchas veces de abandonar el
ideario político y abrazar actividades económicas ilegales. Que retrato
se puede hacer de las diferentes organizaciones que siendo herederas de
las FARC-EP siguen actuando con las armas? Hay diferentes motivaciones
detrás de ellas?
Es muy prematuro hacer caracterización de todas las agrupaciones que
reivindican el nombre de las FARC-EP. Pero lo que se puede afirmar con
certeza, es que la mantención de las condiciones de desigualdad, miseria
y exclusión política que generaron la violencia política en Colombia,
por cuenta del Bloque de Poder Dominante, justifican plenamente el
ejercicio del derecho legítimo a la rebelión armada, independientemente
que una organización insurgente u otra decida tomar el camino de la
lucha política abierta, desarmada.
Tras el proceso de paz entre Gobierno y FARC-EP, hubo sectores de
nuestra organización que desconfiaron de la palabra del gobierno y por
eso no se vincularon al mismo, o desistieron al momento de percatarse el
engaño que entrañaba el acuerdo de dejación de armas, y otros
alcanzamos a vivir la temprana traición de la implementación. Todos
tenemos identidad ideológica y política incuestionablemente. Pero todos
estamos en procesos de reconstrucción que tienen complejidades, porque
se desenvuelven en medio de la guerra y de las crisis propias que trajo
nuestra división interna.
Esta etapa deberá ser superada y quienes somos revolucionarios,
tenemos el deber de tomar el camino de la unidad para poder enfrentar
con mayor fortaleza a un enemigo pertinaz, sanguinario y muy poderoso
que es el Estado colombiano como instrumento de los Estados Unidos al
que está subordinado. Las actividades contra el régimen, enfrentar la
guerra que nos han impuesto durante décadas utilizando ingentes recursos
para aniquilarnos, nos obligan a fortalecernos política y militarmente,
para lo cual también requerimos de recursos que no nos los va a dar el
establecimiento, ni las ONGs, ni la comunidad internacional, ni
procedimientos cobijados por la legalidad. Como en toda guerra de
resistencia, independencia, liberación, antitiránica, etc. los recursos
que se han utilizado son ilegales.
–Siendo que hay otras estructuras que siguen movidas por
razones políticas, hay algún tipo de contacto o posibilidad en el futuro
de reorganización y unidad?
-Sí. Como le dije, no se trata solo de una necesidad sino de un deber
de revolucionarios, buscar caminos de aproximación, de unidad o al
menos de coordinación para avanzar hacia la conquista de propósitos de
emancipación como los que nos inspiran a todos y nos identifican con los
anhelos de justicia social con las mayorías. Eso de la unidad es un
asunto de orden estratégico, vital, para las FARC-EP, Segunda
Marquetalia.
-¿Hay también una reactivación de las estructuras civiles
políticas como el Partido Comunista Colombiano Clandestino y el
Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia?
-Sí la hay. En la llamada Reunión Extraordinaria de Comandantes que
realizamos exactamente hace un año para relanzar el proyecto FARC-EP,
con el signo específico distintivo de Segunda Marquetalia, como ya te
dije en mi primera respuesta, nos refundamos como un proyecto que
expresaba continuidad con las antiguas FARC-EP marulandistas y
bolivarianas. Digamos que en lo fundamental las estructuras que existían
antes del fallido Acuerdo fueron también refundadas, de tal manera que
hoy en día tenemos un renovado Partido Comunista Clandestino, un
Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, estructuras de milicias y
frentes de masas.
Todavía no en la dimensión de antes, pero sí dentro de una dinámica
de mayor depuración derivada de la experiencia vivida y de la necesidad
que se nos impone de acentuar la compartimentación frente a la
agudización del terrorismo de Estado. Paso a paso vamos creciendo,
cualificando y tratando de coordinarnos con el movimiento comunista
internacional. Entonces, en este primer aniversario del relanzamiento
podemos decir que en todos los planos mencionados, el balance es
positivo, y lo principal es que ya hemos logrado hacer el despliegue
fundamental de nuestra pequeña gran organización guerrillera.
Se que había una propuesta histórica de las FARC de
substituir la producción de la hoja de coca por otros productos
agrícolas en el acuerdo de paz. ¿Eso está siendo cumplido?
-Lo pactado en materia de narcotráfico fue violado desde el momento
mismo en que inició la implementación del Acuerdo. El mismo gobierno de
Santos insistió en mantener la política venenosa, nociva, de las
fumigaciones por encima de la política de sustitución que es la que
contempla el Acuerdo, vinculada a la política de Reforma Rural Integral.
Luego Duque terminó de hundir tanto la Reforma Rural como la política
de sustitución, reactivando la llamada “guerra contra las drogas”, la
represión inhumana contra la gente humilde del campo como ocurre en El
Guayabero y Catatumbo, entre tantos ejemplos denunciados en las redes
sociales; es decir que asistimos a la reconfiguración de la fracasada
versión gringa de la lucha antinarcóticos, que incluye las
erradicaciones forzosas y las fumigaciones aéreas.
Hoy en día, la proliferación de los narco-cultivos sigue siendo el
producto de la negativa a darle tratamiento de orden social al problema.
El tratamiento militarista en términos de problema de orden público,
desatendiendo la solución de las necesidades que empujan a las inmensas
pobrerías del país hacia las economías ilegales, está en la esencia del
fracaso.
En lo que concierne a las FARC-EP Segunda Marquetalia, la posición
frente al problema de la proliferación de los cultivos de uso ilícito y
del narcotráfico, está más o menos planteada en el Acuerdo de La Habana.
Al menos su cumplimiento sería una buena base de inicio, pero ligándolo
con el conjunto de las soluciones sociales y en particular con la
Reforma Rural Integral, agregando una política de tratamiento penal
diferencial que no atropelle a las familias rurales que terminan
involucradas en esas economías más como víctimas que como cualquier otra
cosa.
Se les acusa de estar involucrados en el narcotráfico. ¿Cuál
es la posición de FARC-EP Segunda Marquetalia sobre este tema y como
piensan comportarse en relación a los productores de coca y
terratenientes?
-No somos narcotraficantes, somos revolucionarios estigmatizados y
usados como mampara del establecimiento para ocultar sus conductas
mafiosas y proseguir una guerra de acumulación de territorio y de
recursos estratégicos en favor de las trasnacionales y en especial en
favor de Estados Unidos, que entre otras cosas es por antonomasia la
cueva del narcotráfico.
Pero le recuerdo que el narcotráfico además de ser un problema social
que cruza al conjunto de la sociedad colombiana corrompiendo su
economía, sus costumbres, tradiciones y cultura, entre otros espacios,
es un problema de Estado que involucra también y sobre todo la
corrupción de sus instituciones. Esto es inocultable. Pero además habría
que precisar que no se trata de un problema local o nacional sino
transnacional, de un macro negocio capitalista que con otras economías
ilegales toca no menos de cinco punto del Producto Bruto Mundial.
En Colombia uno de los espacios más contaminados es el capital
financiero, pero reitero que esto dentro de un entramado que toca al
conjunto de las instituciones, de tal manera que colocar a las
guerrillas como chivo expiatorio no resuelve nada, es un mero asunto de
propaganda contrainsurgente que equivocadamente se vuelve a repetir por
parte de un gobierno gansterizado como el de Iván Duque, que no termina
de aclarar sus vínculos con el narco Ñeñe Hernández, con Memo Fantasma y
otros fantasmas raizales de la mafia uribista.
Ligando con la respuesta a su pregunta anterior, le reiteraría que
nuestra posición en busca de una solución, retomando una antigua
propuesta de Manuel Marulanda Vélez, no como jefe de un cartel de narcos
sino de una organización rebelde, quedó planteada en los debates de La
Habana y plasmada en el traicionado acuerdo de paz. Esta solución
vincula cultivos de uso ilícito, producción y comercialización de
drogas, proponiéndose principalmente asumir y tratar el consumo con un
enfoque de salud pública; la persecución estatal debe dirigirse contra
organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y a la
comercialización.
Debe haber en el tratamiento al problema de las drogas un
reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de
coca, y se deben promover procesos completos y concertados de
sustitución de cultivos de uso ilícito por otros cultivos alternativos,
implementando además políticas de tratamiento penal alternativo para los
campesinos que como ya dije son más que todo víctimas de este tipo de
economías. Por ello insistimos en que cualquier política seria, debe
estar vinculada al desenvolvimiento de la reforma rural integral, tal
como se explica en lo acordado respecto a los puntos 1 y 4 de lo que
fuera la Agenda de los Diálogos de La Habana, todo lo cual, si se
observa bien, está construido sobre las demandas históricas del
movimiento social popular colombiano.
-¿Cómo analizáis las acusaciones de Nicolás Maduro de que Colombia está detrás del intento de incursión armada en Venezuela?
-Para saber que Colombia está involucrada en un plan de incursión
armada mercenaria o de cualquier otro tipo contra Venezuela, no haría
falta que lo diga el Presidente Nicolás Maduro. Ese es asunto cada vez
más evidente y que se ha expresado desde mucho antes de la era Duque
Márquez.
La conspiración en la que Colombia es azuzada como perro de presa por
su amo yanqui para desestabilizar a Venezuela, ha sido permanente desde
que el chavismo llegó al poder. Se puso en evidencia, por ejemplo, con
la confesión pública que al respecto hizo a principio de 2009 Rafael
García, lugarteniente de Jorge Noguera, Director del entonces aún
existente Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el primer
mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez.
García explicó cómo su jefe en el año 2003 creó un grupo clandestino
al que le dieron la misión de infiltrarse en Venezuela con la excusa de
ubicar miembros de la subversión colombiana refugiados en aquel país.
Este grupo operaba desde Norte de Santander y la Guajira con pleno apoyo
de Departamento Administrativo de Seguridad. Las operaciones
clandestinas dentro de Venezuela, las orientaba su director Jorge
Noguera coordinando con los paramilitares del llamado Bloque Norte en un
plan dirigido a desestabilizar al gobierno venezolano. Por entonces,
sectores de la oposición venezolana, sobre todo del denominado Bloque
Democrático, propusieron que apoyarían las actividades de
narcotraficantes y paramilitares colombianos en Venezuela, a cambio de
que estos los apoyaran en derrocar al gobierno de Hugo Chávez.
Para principio de década la oposición venezolana diseñó un plan para
Boicotear el aparato productivo venezolano; adelantar una ofensiva
contra el gobierno de Chávez en los medios de comunicación; asesinar
líderes del gobierno para crear zozobra en el país; asesinar al Ministro
del Interior y de Justicia Jesse Chacón, al Fiscal General Isaías
Rodríguez, al Vicepresidente José Vicente Rangel y al Presidente Chávez.
Todo esto lo confesó García diciendo, además, que era el enlace de
Jorge Noguera con el Bloque Norte, sirviéndose de mensajeros como el
entonces senador Jorge Castro Pacheco, hermano de Augusto “Tuto” Castro
Pacheco, uno de los hombres de mayor confianza del paramilitar Jorge 40.
En la cabeza de la estructura criminal estaban también, según lo
precisó García, el Ministro del Interior y de Justicia de Colombia,
Fernando Londoño Hoyos y la entonces Ministra de Defensa, actual
Vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez.
Mas recientemente, los choques diplomáticos que en sintonía con
Washington genera el Gobierno de nuestro país son descarados en sus
afanes intervencionistas. Evidentemente el Gobierno colombiano, por
ejemplo, jugó contra el país hermano, actuando como marioneta principal
dentro de la opereta del conciliábulo del llamado “Grupo de Lima”.
La cancillería de nuestro país sostiene desde la posesión de Duque
como Presidente, una ferviente campaña para deslegitimar y derrocar al
Presidente Nicolás Maduro, especialmente desde el tablado de la OEA
contando con personajes lacayos de Washington como Luis Almagro.
El Gobierno colombiano, en todo esto, hace parte de los planes del
Pentágono y el Comando Sur para aplastar la Revolución Bolivariana. Y
tal afirmación tampoco es necesario que la haga el gobierno venezolano
para saber que es verdad, porque está consignado en el manual “Venezuela Freedom 2 Operation”,
que de manera específica establece el objetivo de derrocar al
Presidente Nicolás Maduro mediante una operación militar que
patrocinaría la Conferencia de Ejércitos Latinoamericanos y tendría el
respaldo de la OEA. Todos los confabulados seguirán intentando concretar
su objetivo, tal cual se vio con el despliegue de aventuras como la del
frustrado desembarque de mercenarios contra-revolucionarios por La
Guaira, etc.
-¿Tienen constancia de maniobras militares dentro de
territorio colombiano, entrenamiento militar o preparación para ese tipo
de acciones?
-La política guerrerista antivenezolana es gubernamental, no es algo
personal del presidente Duque. Creo que todo lo que le he dicho es
constancia de las intenciones hostiles contra la República Bolivariana
de Venezuela. O usted alguna vez había visto tanta agresividad en la
frontera común utilizando como cortina y factor de desestabilización
supuestas acciones humanitarias, como ocurrió con la protagonizada en el
puente internacional y áreas aledañas de Cúcuta, incluyendo conciertos,
manipulación de artistas y de conciencias con medios de comunicación
corporativos que alentaban el derrocamiento, el golpe de Estado y la
violencia en general contra un país que lo que ha hecho es prestarse
para que en Colombia se adelantara un proceso de paz?. De verdad que si
Venezuela estuviera en una actitud pendenciera tendría suficientes
razones para reaccionar, porque el gobierno colombiano
irresponsablemente ha generado innumerables causas para iniciar una
confrontación.
–El gobierno de Iván Duque les acusa de colaboración con Nicolás Maduro. ¿Qué hay de cierto en eso?
-No creo que Venezuela necesite de la colaboración de una
organización insurgente respecto a la cual su gobierno lo que ha hecho
es alentarla a pactar la paz con el régimen al que enfrenta. Y agréguele
a esto, que las FARC-EP, Segunda Marquetalia, apenas están iniciando
una etapa de reconstrucción de sus estructuras y de su despliegue en
función de los cambios políticos y sociales que con urgencia requiere
Colombia, y en ello una de las líneas trazadas por nuestra Dirección es
trabajar por la hermanación de los países bolivarianos, y no por que se
suscite una guerra de la que lo único que saldría sería devastación y
más lutos para ambos pueblos, los cuales al fin de cuentas son uno
mismo.
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