Guatemala
es actualmente el país de Centroamérica y el Caribe con más personas
fallecidas por la pandemia de Covid-19 (más de 2,600) y con una tasa de
letalidad superior al 3.8%, una de las más altas en la región.
También es el tercer país con más casos de coronavirus (casi 70 mil).
El
primer caso en Guatemala se registró oficialmente el 13 de marzo. El
17 de marzo se decretó estado de calamidad pública[1] a nivel nacional
para la contención de la pandemia, con suspensión de garantías
constitucionales y toques de queda. La medida fue prorrogada cinco
veces.
También se decretó estado de sitio en varios municipios
del país, decisión que conllevó una creciente militarización de los
territorios y la detención de más de 50 personas, incluso autoridades
indígenas y periodistas.
Organizaciones de derechos humanos, como
la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Guatemala (Udefegua), denunciaron la falta de acceso a datos y fuentes
de información sobre la pandemia, así como la poca credibilidad de las
cifras brindadas por las autoridades de salud.
Crisis sanitaria y corrupción
“Estamos
ante la presencia de datos muy subestimados. Los hospitales están
colapsados, el sistema de salud está cada vez más deteriorado y las
autoridades sanitarias, pese a contar con el presupuesto más alto de su
historia, no logran hacerle frente a la pandemia”, dijo Jorge Santos,
coordinador general de Udefegua.
En efecto, las tasas de
ejecución del multimillonario presupuesto son bajísimas, algo que le ha
costado el puesto al titular de salud, Hugo Monroy. También fueron
cesados los viceministros técnico y administrativo por irregularidades
en la adquisición de medicamentos y material sanitario
A inicios
del mes de agosto, por ejemplo, la ejecución en el rubro de adquisición
de ventiladores, pruebas y equipos de protección personal era de apenas
un 4%, la del bono familia (unos 125 dólares) y el fondo de protección
al empleo no llegaba al 40%, y los desembolsos para el programa de
remodelación e infraestructura de hospitales y centros de salud
alcanzaban apenas el 16%.
Lo mismo ocurría con los fondos para hospitales temporales, cuya ejecución no llegaba al 15%.
Consintiendo al gran capital
A pesar de la situación, las autoridades guatemaltecas han comenzado
a reactivar las actividades económicas y a permitir la movilización en
casi todo el país.
“La impresión es que toda esta estrategia fue
dirigida a garantizar los privilegios a la oligarquía guatemalteca. Ha
sido una política criminal de ‘sálvese quien pueda’, en el marco del
autoritarismo, el retroceso democrático y del aumento progresivo de las
agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos”, advirtió
Santos.
Como ejemplo, el coordinador de Udefegua señaló tres
municipios de Izabal y dos de Alta Verapaz, donde se mantiene el estado
de prevención. El gobierno argumentó que la medida obedece a la
presencia de personas y grupos armados que llevan a cabo actos de
violencia. Sin embargo, para Jorge Santos el verdadero objetivo es
garantizar los intereses de compañías mineras y corporaciones
agroindustriales de la zona.
“La militarización ha significado
desalojos violentos, capturas, agresiones, abusos sexuales contra las
mujeres. Lo que se ha estado implementando son esquemas de control
social y represión, en procesos cada vez más difíciles para la auditoría
social y la observación en materia de derechos humanos.
El
gobierno del presidente Giammattei ha utilizado de manera perversa la
pandemia y la poca movilidad que tiene la población para sostener los
intereses de los grandes capitales. Todo esto a costa de la libertad, la
seguridad y la vida de las comunidades que, en vez de ser atendidas,
son agredidas y sus derechos son violados”, añadió Santos.
De acuerdo con el más reciente informe de Global Witness (descargue aquí
la versión en español), Guatemala se mantiene entre los países con la
mayor cantidad absoluta de personas defensoras de la tierra y los bienes
comunes asesinadas el año pasado (13).
Pacto de corruptos
El
denominado ‘pacto de corruptos’, que reúne a los ocho grupos
oligárquicos que controlan la economía, la política y la justicia en el
país, es parte de la estrategia de agresión contra quienes exigen un
cambio profundo en Guatemala.
“Son ellos que diseñaron y están
financiando la estrategia de ataques contra la democracia y los derechos
humanos. Quieren secuestrar el Estado y tomar control de la
institucionalidad para garantizar sus intereses y el sostenimiento de un
modelo económico que concentra riqueza, explota la fuerza de trabajo y
los bienes comunes, expolia territorios.
Los nuevos ataques de
estos días contra el Procurador de derechos humanos[2], el Fiscal
especial contra la impunidad y contra jueces y juezas del sistema de
mayor riesgo, son parte de esta estrategia de agresión contra
funcionarios que, bajo el marco de la honestidad y la defensa del estado
de derecho, han sostenido la lucha iniciada por la sociedad civil y la
Cicig[3]”, manifestó Jorge Santos.
Para el coordinador de
Udefegua, el presidente Giammattei ha venido profundizando el esquema de
agresión en contra de la débil construcción democrática en Guatemala.
Más agresiones
Entre
enero y junio de este año, Udefegua contabilizó 677 agresiones contra
defensores y defensoras pertenecientes a unas 70 organizaciones y
comunidades. Febrero, junio y mayo fueron los meses más violentos con
180, 152 y 126 agresiones respectivamente. En tan sólo seis meses hay un
aumento del 73% respecto al total de agresiones de 2019 (494). También
se registraron 13 asesinatos entre enero y mediados de agosto.
“Hubo
ataques a la libertad de expresión, desalojos extrajudiciales
violentos, muchos casos de criminalización, varios asesinatos y la
desaparición de un dirigente comunitario. Es decir, mientras la
población sufría los impactos de la pandemia, el gobierno y la
oligarquía arremetían violentamente contra la oposición política y las
personas defensoras de los derechos humanos.
Prácticamente el
comportamiento de agresiones y violencia contra las y los defensores
tiene el mismo ritmo de crecimiento exponencial que la pandemia. De
tener el mismo comportamiento durante los próximos seis meses, el 2020
se convertiría en el año de mayor nivel de violencia contra defensores y
defensoras en Guatemala”, concluyó.
Notas:
[3] Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
Fuente: LINyM
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