Petrolera Exxon Mobil. Foto: alphagamma.eu
La petrolera Exxon Mobil presentó una demanda en un tribunal federal
de Estados Unidos contra Cuba-Petróleo, propiedad del Estado cubano, y
la empresa CIMEX S.A., por una refinería, gasolineras y otros activos
incautados en 1960, meses después de la revolución encabezada por Fidel
Castro.
El gigante petrolero estadounidense es la primera gran corporación en demandar a Cuba
desde que el gobierno del presidente Donald Trump puso en vigor una
sección inactiva de la Ley Helms-Burton de 1996, incrementando la
presión sobre los gobiernos de La Habana y Caracas.
Bajo el Título III de la Ley, suspendido por los presidentes
anteriores, los ciudadanos, la mayoría cubano-estadounidenses, pueden
presentar demandas en cortes de Estados Unidos contra compañías que se
beneficien o hagan negocios con La Habana en propiedades nacionalizadas
por el gobierno tras la revolución de 1959.
“El demandante presentó documentación contra
la Corporación CIMEX S.A. y la Unión Cuba-Petróleo (…) por tráfico
ilegal de propiedad confiscada en violación del Título III de la Ley de
Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba (LIBERTAD) de 1996”, dice la demanda archivada en el tribunal del Distrito de Columbia.
La refinería Standard Oil en la bahía de La Habana, ahora operada por CUPET con el nombre “Ñico López”, fue la primera propiedad de Estados Unidos nacionalizada, luego de que la empresa se negara a procesar petróleo de la Unión Soviética debido a tensiones con Washington.
CIMEX S.A. opera estaciones de servicio en la isla con CUPET.
En la década de 1960, Estados Unidos certificó 5 mil 913 reclamos contra Cuba por valor de mil 900 millones de dólares,
de las cuales Standard Oil y Mobil tenían una reclamación cada una por
un total de 245 millones, según el Consejo de Comercio y Economía
Cuba-EE.UU., una organización con sede en Nueva York experta en
reclamaciones.
Un portavoz de Exxon Mobil dijo que, como práctica, la compañía no hace referencia a litigios pendientes.
Una norma cubana aprobada en 1996 sostiene que la ley Helms-Burton estadounidense es “ilícita, inaplicable” y considera “nula” toda reclamación de persona natural o jurídica en tribunales de Estados Unidos.
(Con información de Reuters)
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