José Steinsleger
La Jornada
La embestida del Poder
Judicial contra Cristina Fernández de Kirchner empezó a inicios de 2015,
pocos meses antes del triunfo de Mauricio Macri. Ofensiva que desde
entonces es minuciosamente monitoreada por las embajadas de Washington y
Tel Aviv en Buenos Aires.
En Sinceramente (Planeta, 2019), Cristina explica los
fantásticos entretelones de un poder del Estado cuya misión,
teóricamente, consiste en oficiar de guardián de las garantías
constitucionales que corresponden a todos los ciudadanos por igual:
“A la distancia –escribe– entendí que la difusión de datos falsos en
los medios hegemónicos oficialistas y la judicialización de ciertas
decisiones de gobierno […], se transformaron en un método de persecución
que iba más allá de los estrados judiciales”.
Cristina hace hincapié en
la campaña de ataque y demonización a escala regional contra las figuras que habían liderado los procesos nacionales, populares y democráticos en América del Sur durante la última década, y que con sus políticas habían cambiado favorablemente las condiciones de vida de millones de hombres y mujeres(p. 51).
Tales fueron los casos de Lula da Silva, Dilma Rousseff, Rafael
Correa y de ella misma, así como los de Jorge Glass y Amado Boudou, ex
vicepresidentes de Ecuador y Argentina, y decenas de funcionarios de
gobiernos progresistas encarcelados luego de juicios plagados de
irregularidades.
Cristina se refiere a la persecución permanente de ex gobernantes,
políticos y luchadores sociales, en el marco de una nueva táctica de
guerra no convencional que se conoce con el nombre de lawfare (o guerra jurídica). Táctica que en la dimensión mediática, un editorialista del diario Clarín definió como
periodismo de guerra.
El diputado del Parlasur Óscar Laborde sostiene que el concepto de lawfare fue empleado por primera vez en Unrestricted Warfare
(1999), libro de estrategia militar escrito por dos coroneles chinos, y
que en 2001 empezó a ser manejado en ámbitos diferentes al militar tras
la publicación de un artículo escrito por el general de la Fuerza
Aérea Charles Dunlap, de la Duke Law School.
Laborde explica que Washington ha sido uno de los principales
proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en
América Latina, y el Departamento de Justicia ha estrechado los vínculos
con los poderes judiciales de la región en la lucha
anticorrupción.
Una de las acciones más importantes –dice– fue el llamado proyecto
Puentes, que consistió en cursos de asesoramiento a varios integrantes
del Poder Judicial de Brasil, y otros países de la región. El alumno
estrella fue el juez Sergio Moro, quien impulsó la causa
Lava jato, y condenó a Lula a nueve años de prisión.
En sintonía con Laborde, el experto Guido Croxatto observa que los
tribunales de América del Sur vienen cruzando hace tiempo lo que el
filósofo alemán Jurgen Habermas llama una
barrera de fuego: la legalidad jurídica, la distorsión la legalidad estricta o
debido proceso.
Dice: “El neoconstitucionalismo (no positivista) tan de moda, que
legitima el activismo judicial conservador (del juez Moro, o el juez que
persigue a Cristina, Claudio Bonadio), bebe en las fuentes del realismo
jurídico norteamericano. En el ‘no garantismo’ […] La novedad es que en
América Latina el derecho positivo ha dejado de existir como lo
conocíamos […] La creciente judicialización de la política es un
corolario necesario del realismo jurídico […] El realismo va de la mano
del análisis económico del derecho, otro enfoque de moda en las aulas de
abogacía”.
Añade: “Este es el enfoque legal que proviene de la Escuela de Leyes
de Chicago, donde también se gestó gran parte del modelo neoliberal
aplicado en la región, con fuerza en Chile y Argentina en los 90, cuando
se expanden las universidades privadas que lo replican. El ‘realismo’ y
‘law and economics’ van de la mano” (
La judicialización de la política, Página 12, 14/7/18).
En suma, una
matriz mundial de corrupción y delincuenciaque a escala nacional, Cristina identifica en “…los rostros de los que se quieren presentar como cruzados contra la corrupción, son los mismos que formaron parte de la ‘Patria contratista’, y su apellido estuvo indisolublemente ligado a escándalos y negociados con el Estado: los Macri”.
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