La Jornada
Editorial
La Confederación General del
Trabajo (CGT), principal central obrera de Argentina, y otros 70
sindicatos, realizaron ayer un paro general de 24 horas, el quinto
contra las políticas del presidente Mauricio Macri en menos de cuatro
años de gobierno. Debido a la adhesión de los sindicatos de
transportistas y camioneros, la jornada de protestas conllevó una
parálisis completa de las actividades: suspensión de vuelos, trenes,
autobuses y el Metro de Buenos Aires, así como cierre de bancos,
escuelas, tribunales, comercios y la reducción al mínimo de la atención
hospitalaria.
La contundente participación gremial y social en el paro responde a
la catastrófica situación económica por la que atraviesan los hogares
argentinos por las medidas de choque adoptadas por Macri: tarifazos en
energía eléctrica, gas doméstico y gasolinas; despidos masivos en los
sectores público y privado; cierre masivo de empresas de todos los
tamaños y, como resultado de todo ello, una precarización galopante que
ya tiene a 40 por ciento de los argentinos por debajo de la pobreza o la
miseria, además de una severa devaluación de su moneda y una inflación
de 56 por ciento. Para colmo, ante la debacle causada por sus propias
políticas, el macrismo ha recurrido a un endeudamiento que no sólo pone
en entredicho la viabilidad financiera del Estado, sino que debilita
severamente la soberanía de la nación y lo devuelve a los tiempos
oscuros en que se encontró bajo los dictados del Fondo Monetario
Internacional y otras instancias injerencistas.
La respuesta del mandatario a la manifestación de hartazgo social fue
sintomática de los reflejos de un gobierno identificado con la
dictadura militar que se apoderó del país entre 1976 y 1983. Lejos de
dirigirse a los ciudadanos o anunciar una rectificación urgente del
rumbo, el empresario realizó una visita a la sede de las fuerzas
armadas, en lo que se interpretó como una poco velada amenaza de echar
mano de la represión para sostener un proyecto que se encuentra
inocultablemente desfondado. Allí Mauricio Macri se hizo acompañar por
el fiscal Carlos Stornelli, un aliado cercano que ha sido clave en la
estrategia del gobierno de derecha para deshacerse de opositores
políticos mediante la fabricación de procesos judiciales. Stornelli se
encuentra en desacato a la justicia y se ha negado a comparecer en la
causa que se le sigue por su involucramiento en una red de extorsión,
espionaje ilegal y uso del poder para la persecución política, por lo
que la exhibición de cercanía con el mandatario transmite un mensaje de
impunidad para los fiscales y jueces que han sido cómplices de la
cacería la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de integrantes
de su familia y de varios de sus simpatizantes.
Más allá de esta peligrosa tendencia autoritaria, la bancarrota que
vive Argentina constituye la más clara demostración de la inviabilidad
del modelo económico neoliberal que llevó la nación austral a la mayor
crisis de su historia a principios de este siglo y cuyos saldos fueron
enmendados con grandes dificultades entre 2003 y 2015.
En vista del altísimo costo social que tienen los intentos de
perpetuar o reditar el neoliberalismo, cabe esperar que en el mediano
plazo las derechas neoliberales de Sudamérica pierdan toda posibilidad
electoral y que el espacio político ocupado por los adalides de la
libertad de mercado en la región sea recuperado por grupos y proyectos
que retomen lo mucho positivo y enmienden los yerros de los gobiernos
progresistas que estuvieron en el poder hasta hace unos años.
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