Panamá
Polo Ciudadano
En medio de un ambiente
de expectativas y falsas esperanzas promovidas por los medios de
comunicación, el presidente electo, Laurentino Nito Cortizo, ha tomado
sus primeras decisiones y hecho sus primeras declaraciones que dejan
entrever el carácter marcadamente de derecha neoliberal y proempresarial
de su futuro gobierno. La designación de la mitad de su gabinete
ministerial, el más importante relacionado con seguridad, economía y
relaciones exteriores confirma claramente por donde va a discurrir su
gobierno.
¿Quiénes son los ministros de Nito?
La
designación más cuestionada ha sido la de Rolando Mirones en el
ministerio de Seguridad. Mirones fue jefe de la Policía Nacional durante
el gobierno de Martín Torrijos, entre 2005 y 2008, y como tal fue
responsable de la dura represión al movimiento sindical y el asesinato
por la espalda, en una instalación hospitalaria, por la policía, del
dirigente del Suntracs Al Iromi Smith. Previamente fue viceministro de
Economía (2004-2005) durante las cuestionadas reformas a la Caja de
Seguro Social. En declaraciones a los medios ya ha hablado de “mano
dura” dejando entrever que no solo se refiere a la delincuencia.
Héctor Alexander, futuro ministro de Economía, es un “Chicago boy” de
la escuela más neoliberal de Panamá, el equipo de Nicolás Ardito
Barleta, desde 1976. Fue ministro de Economía con el gobierno
fraudulento de Barleta y durante las reformas antiobreras del Código de
Trabajo bajo el gobierno de Eric Delvalle (1985-88), bajo la tutela del
general Manuel A. Noriega. Con ese bagaje, repitió de ministro de
Economía con el gobierno de Martín Torrijos.
Alejandro Ferrer,
designado por Nito en Relaciones Exteriores, viene del bufete Alemán,
Cordero y Lee, cuyos fundadores son Jaime Alemán, hermano del que fue
ministro con Varela, Álvaro Alemán, y por Jorge Federico Lee, ex
ministro de Trabajo entre 1985-86, es decir, otro funcionario de Barleta
y del general Noriega. Ferrer fu ministro de Comercio e Industrias con
el gobierno de Martín Torrijos (2004-08). Estuvo como funcionario de la
embajada panameña en Washington, representante de Panamá en la
Organización Mundial de Comercio (OMC) y luego viceministro de Pérez
Balladares.
Los ministros, Rafael Sabonge, de Obras Públicas, y
José A. Rojas Pardini, consejero de “inversión privada”, son ambos
socios del grupo inmobiliario URBE, y representantes de los intereses de
la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC). El ministro de Comercio e
Industrias, Ramón Martínez, viene de la directiva de Credicorp Bank,
relacionado con los Harari y Btesh.
José G. Carrizo,
vicepresidente y ministro de la Presidencia, ya se sabe que fue abogado
de Minera Petaquilla, empresa acusada de destruir el ambiente y
apropiarse de las prestaciones de los trabajadores. Doris Zapata,
ministra de Trabajo, la única mujer hasta ahora (pese a que Nito había
hablado de “paridad de género”), es vicepresidenta del PRD y la única
que procede del aparato político de ese partido. Fue ministra del MIDES
con Martín Torrijos. Bernardo Meneses, director del IFARHU, tiene en su curriculum haber sido becario del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Ojo con las reformas constitucionales, exigimos Asamblea Constituyente
Pasadas las elecciones del 5 de mayo, un sector empresarial vinculado a
la Cámara de Comercio presionaba para una reforma constitucional express,
cuyo contenido el pueblo desconoce, aprobada por la Asamblea Nacional
saliente y la entrante, a lo que Cortizo parecía dispuesto. Si este
proyecto se detuvo lo fue porque el presidente saliente le exige al PRD
primero aprobar los últimos nombramientos que propuso, y no han pasado
el consenso de la Asamblea en la Corte Suprema de Justicia y la
Autoridad del Canal.
Ahora Cortizo se inclina por el método de
reforma de dos períodos de la nueva Asamblea y un referéndum, a partir
del texto desconocido de la llamada Concertación Nacional, organismo
designado de a dedo por Varela, presidido por el oligarca Enrique de
Obarrio, y que no tiene en sus funciones capacidad de reformar la
Constitución Política.
El movimiento popular panameño debe
cerrar filas exigiendo la convocatoria a una Asamblea Nacional
Constituyente electa por el pueblo, como se hizo en 1945, y que produjo
la Constitución de 1946.
Las jubilaciones y la “caja” bajo amenazas
La Cámara de Comercio, en su documento Agenda País 2019-2024, le exige a
Cortizo dividir al Caja de Seguro Social en dos entidades, una de salud
y otra que maneje las jubilaciones, sin volver al sistema solidario que
durante décadas hizo exitosa la institución. El movimiento sindical, a
partir de sus representantes en la Junta Directiva, debe convocar de
urgencia a empezar a construir la unidad en defensa de la CSS y las
jubilaciones. De lo contrario, se repetirán los errores de 2005, cuando
en la “mesa de diálogo” se terminó avalando la “ley de la muerte”.
Es urgente un Frente Popular unitario
El movimiento sindical y popular panameño tiene mucha experiencia
acumulada en estos años de régimen seudo democrático, salido de la
Invasión de 1989, para pecar ahora de inocentes y dar períodos de gracia
y “luna de miel” al próximo gobierno, dizque a “a ver qué hace”. La
esencia empresarial, derechista y neoliberal del gabinete ministerial no
deja lugar a dudas de que será otro gobierno antipopular.
El
Polo Ciudadano reitera su llamado a la constitución de un Frente Popular
unitario para enfrentar con la movilización las medidas que vienen y
ser la base para la construcción de un proyecto político alternativo
hacia el futuro inmediato, en el que la experiencia del Frente Amplio
por la Democracia (FAD) aportará mucho, al margen de si se logra o no el
reconocimiento legal de dicho partido.
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