El Acuerdo del Ecuador
con el FMI señala, entre las medidas que deben cumplirse en 2019:
"Monetizar activos que permanecerán bajo propiedad pública pero cuyos
derechos de concesión serán otorgados a socios privados. Este proceso
se realizará de manera absolutamente transparente, maximizando los
beneficios para el Estado, asegurando que la cobertura de servicios no
sea afectada y evitando pasivos contingentes en la presupuestación."
También en dicho acuerdo consta: <<Asociaciones público-privadas.
A fin de alentar la inversión privada, legislaremos un marco
institucional para asociaciones público-privadas siguiendo las mejores
prácticas internacionales. Consideramos que esto aumentará la
productividad, disminuirá las presiones presupuestarias y producirá
mayores ganancias por eficiencia, las cuales también impulsarán el
crecimiento de la productividad>>.
Los términos utilizados
en la carta de intención con el FMI (como “monetizar activos” de
propiedad pública) sirven para disfrazar un hecho esencial: la
PRIVATIZACIÓN de bienes y servicios del Estado.
Poco importa que
se diga “permanecerán bajo propiedad pública”, porque claramente se
especifica que los “derechos de concesión serán otorgados a socios
privados” (mediante concesión, asociación, alianza estratégica u otras
formas contractuales); y, desde luego, no es más que una cuestión de
palabras afirmar “maximizando los beneficios para el Estado”, y además
“asegurando” que la cobertura de sus servicios “no sea afectada”.
Para concretar las privatizaciones, el presidente Lenín Moreno ha expedido el Decreto 170 (16 de mayo de 2019), que:
1)
crea el Comité Coordinador de Gestión Delegada, que será el encargado
de encaminar las privatizaciones, disfrazadas con el concepto “gestión
delegada”, definido así: “se entiende por gestión delegada, a la -sic-
acciones realizadas por el Estado para obtener financiamiento en
condiciones favorables a través de la delegación de proyectos al sector
privado o a la economía popular y solidaria, con el fin de satisfacer el
interés público”; 2) crea una Secretaría ad-hoc como “unidad de
asesoramiento” para el presidente en esta materia; 3) dispone que en el
plazo de 30 días, los ministerios sectoriales deberán proporcionar al
Comité “una descripción general de los posibles proyectos para
monetización de activos del Estado que consideren pertinentes
desarrollar en sus respectivas carteras de Estado, con el
correspondiente análisis de viabilidad para la ejecución del mismo”.
Adicionalmente, esta información “deberá ser actualizada” al menos de
manera mensual. Cabe anotar que de acuerdo con el organigrama de la
Función Ejecutiva, hay 5 Consejos Sectoriales, 23 Ministerios y 4
Secretarías con rango ministerial.
Además, los considerandos del
Decreto dejan en claro que también se contemplará a los sectores
estratégicos (energía, telecomunicaciones, recursos naturales no
renovables, transporte, refinación de hidrocarburos, biodiversidad,
patrimonio genético, espectro radioléctrico, agua y otros) y a los que
están bajo responsabilidad del Estado (agua, riego, saneamiento, energía
eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructura portuaria y
aeroportuaria, otros), pues todos ellos “de forma excepcional” se podrán
“delegar” a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria.
En
definitiva, se prepara el desmantelamiento del Estado a favor del
sector privado y muy improbablemente a favor del sector de economía
popular y solidaria.
El proceso de “privatizaciones” en marcha es
inédito en la vorágine de la historia nacional republicana, iniciada en
1830. Ni Sixto Durán Ballén (1992-1996), quien fuera el gran
“privatizador” entre todos los gobiernos sucedidos desde 1979 hasta
2017, diseñó un esquema semejante.
De modo que el sistema de
“gestión delegada” en marcha se sumará a los grandes “hitos” de
beneficio privado en la vida del Ecuador contemporáneo: la sucretización
de las deudas empresariales en 1983 con Osvaldo Hurtado, la
resucretización de las mismas deudas con León Febres Cordero en 1987,
los “salvatajes” bancarios entre 1996 y 1999, el feriado bancario de
1999 con Jamil Mahuad, la dolarización económica con Mahuad y Gustavo
Noboa en 2000, y súmese a todo ello la “remisión” de intereses, multas,
recargos y exoneración de impuestos contemplados en la Ley de Fomento
Productivo de agosto 2018.
Vale añadir que hay datos ya
conocidos: de acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (SRI), 215
grupos económicos adeudan U$ 2.260 millones al Estado; son U$ 655
millones de perjuicio al fisco por empresas fantasmas; U$ 4.700 millones
salieron a paraísos fiscales (hay unos U$ 30 mil millones en esos
paraísos); en aduanas el perjuicio por facturas falsas es de U$ 2.100
millones; las 500 mayores deudas al fisco suman U$ 1.363,5 millones y
las 500 mayores deudas impugnadas U$ 2.937,6 millones.
A dos años
de gobierno, un nuevo triunfo privado está a las puertas y parece
imparable. Es de tal magnitud su voracidad, que al desmantelamiento de
bienes y servicios estatales para que pasen al régimen de “gestión
delegada” se suma la flexibilidad y precarización de las relaciones
laborales ya impulsada (revestida como “reformas” al Código del Trabajo,
pero arrasando con derechos históricos) y, además, el perdón, las
exoneraciones de impuestos y la gigantesca evasión, elusión e impunidad
tributarias.
Ecuador es un país que galopa para convertirse en un paraíso privado con liquidación del interés social y público.
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