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Sputnik / Maria Plotnikova
El
Congreso argentino aprobó justo a tiempo para el comienzo de la carrera
electoral la reforma para volver a permitir que las empresas puedan
aportar dinero a los partidos y candidatos. Sputnik analiza cuáles son
las implicaciones políticas de esta medida.
Si
bien el kirchnerismo y los partidos de izquierda votaron en contra, la
nueva ley de financiamiento de la política fue aprobada con la mayoría
de las dos cámaras, con el apoyo al oficialismo del peronismo
alternativo o federal, que se plantea como "tercer espacio".
El
financiamiento mixto (público y privado) de las campañas electorales
había sido prohibido en una reforma de 2009 con el argumento de evitar
el lobby, o la supuesta compra de favores posteriores en caso de una
victoria, pero que también suponía una contención al fortalecimiento de
espacios de la oposición de aquel entonces, que las corporaciones
pudieran estar más interesadas en apoyar.
Ahora, la nueva ley volvió a ofrecer la posibilidad de que empresas y
personas físicas pongan dinero propio, con un tope de hasta 2% del
total de gastos de la campaña. La medida fue impulsada por el
oficialismo con premura para que fuera aplicable a la campaña 2019,
luego de que en las elecciones legislativas de 2017 se encontraran
listas apócrifas de personas que jamás habían aportado en apoyo al
oficialista frente Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.
Pero esa fuerza política no es la única que ha tenido dificultades para mostrar balances de campaña justificables.
"Es un tema extremadamente sensible y complejo
porque el sistema tradicional del financiamiento de la política tenía
como unidad al partido político. Eso hoy no tiene ninguna vigencia
porque lo que hay son coaliciones, alianzas de partidos que se mueven y
cambian con relativa velocidad. Hay siete peronismos, cinco
radicalismos, ocho izquierdas. No exagero", dijo a Sputnik el analista
político Enrique Zuleta Puceiro.
Además
de que el peso propio de los partidos ya no es el de antes, existen
fuerzas divididas como el peronismo, donde se espera que el Partido
Justicialista apoye la fórmula que lanzó la expresidenta Cristina
Fernández de Kirchner, con Alberto Fernández a la cabeza. Dicha
estrategia deja a los otros candidatos alternativos menos favorecidos
por la estructura tradicional.
Pero también es cierto que existe otro fenómeno en la política
moderna que es que tampoco pesa por sí misma la alianza electoral sino
los candidatos, los nombres. Así, las estructuras detrás de quienes
encabezarán las listas no necesariamente son significantes.
"Una fuerza puede tener el financiamiento pero
no el candidato, y hay candidatos que necesitan financiamiento pero no
tienen partido, como es el caso de [Roberto] Lavagna", dijo Zuleta Puceiro.
La nueva normativa daría transparencia a algo que, debido a su
período de prohibición, seguía ocurriendo en las sombras, además de
ofrecer trazabilidad. Es decir, permitiría no solo saber cómo se
financian las campañas sino además saber exactamente cuánto aportó cada
empresa y por quién apostó, haciendo visible los lazos.
"Es una ley penal más benigna que hace caer las
acusaciones del 2015 y 2017, si es aplicada en retroactivo, y a todo el
mundo le interesa eso: a los empresarios y a los políticos. Muchos de
ellos no han hecho otra cosa que recibir donaciones encubiertas porque
estaban prohibidas, pero que no tenían que ver con cohecho, captura del
Estado, compra de decisiones, de prebendas o ventajas", explicó el
consultor.
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