La Jornada
Editorial
Ayer por la mañana policías de
Estados Unidos irrumpieron en la sede de la embajada de Venezuela en
Washington y arrestaron a cuatro activistas a quienes el gobierno de
Caracas había confiado el resguardo de la legación, en enero pasado,
luego del rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países
debido al respaldo estadunidense a Juan Guaidó, quien se autoproclamó
presidente encargadoen el país sudamericano.
Desde hace varias semanas la Casa Blanca venía amagando con desalojar
la embajada con el propósito de entregarla a representantes de Guaidó,
quienes ayer festejaron la
liberaciónpolicial de la sede diplomática.
El hecho comentado sienta un precedente grave y, más allá de la
confrontación entre Washington y Caracas, agrega un elemento de
insoslayable toxicidad en las relaciones internacionales, por cuanto
constituye una abierta violación de los términos de la Convención de
Viena, particularmente los tres numerales del artículo 22 de ese
instrumento internacional:
1) Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado
receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la
misión.
2) El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar
todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión
contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la
misión o se atente contra su dignidad.
3) Los locales de la misión, su
mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de
transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro,
requisa, embargo o medida de ejecución.
Incluso en un rompimiento de relaciones, como es el caso, el instrumento internacional especifica (artículo 45) que
el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aun en caso de conflicto armado, los locales de la misión así como sus bienes y archivos.
Por lo demás, lo que parece ser la inminente entrega de la legación
diplomática a personeros de Guaidó significaría que el Estado receptor
–siempre en los términos de la Convención de Viena– se arrogaría el
insólito derecho de designar a los representantes del Estado
acreditante.
Así pues, el allanamiento perpetrado ayer por el gobierno de Donald
Trump es, más que un golpe en contra del gobierno de Nicolás Maduro, una
arbitrariedad que debilita la legalidad internacional y una violación
mayúscula de la letra y el espíritu de uno de sus documentos
principales.
Ello es razón suficiente para que la comunidad internacional –sus
autoridades y sus sociedades– expresen su condena inequívoca a semejante
atropello. Por vasto que sea el poderío militar, económico, diplomático
y mediático del vecino del norte, no debe permitirse que su actual
presidente imponga a la comunidad mundial términos de convivencia
propios de la ley de la jungla.
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