El reciente anuncio de
sanciones a Venezuela por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y
Canadá, marca otra etapa en la guerra de las grandes potencias contra el
avance político en América Latina. Son medidas tomadas por separado,
pero descubren una línea de acción adoptada en conjunto.
El
liderazgo de Hugo Chávez impulsó cambios en la correlación de fuerzas a
nivel político en América Latina. A finales de la década de 1990, el
imperialismo trató de impedir su triunfo electoral, y hasta el año 2012
trató de derrocarlo y de aniquilar su influencia en el continente.
Contra el gobierno encabezado por Nicolás Maduro, Estados Unidos ha
dirigido la guerra económica y el apoyo a quienes buscan el
restablecimiento de la derecha.
Barack Obama, tras declarar
(Orden Ejecutiva del 9 de marzo 2015) que Venezuela representa para
Estados Unidos “una amenaza inusual y extraordinaria”, anunció un
paquete de sanciones, y a este paquete se han sumado otros.
En
el inicio del presente año, Donald Trump propuso un bloqueo al petróleo
venezolano, y envió a Rex Tillerson (secretario de Estado hasta abril
pasado) a una gira por América Latina para formalizar el apoyo de los
gobiernos de Argentina, México, Perú y Colombia.
La Unión
Europea y el de Canadá, con sus sanciones, intentan estrechar el cerco
económico y otorgar a la acción política un carácter global, aunque la
oposición de China y Rusia (entre otros países con grandes economías)
constituye un obstáculo en el logro de esa meta.
¿La derecha en posición de ataque?
El hecho de que, a pesar de la crisis y de las carencias que ha
impuesto la guerra económica, más de 6 millones de venezolanos
sufragaran el pasado mes por Nicolás Maduro, revela hasta qué punto el
rechazo a las políticas elitistas ha penetrado en amplios sectores de la
población.
A la misma reflexión mueve el triunfo de Alianza
País en Ecuador. Lenin Moreno aplica una política abiertamente
neoliberal, pero esa realidad no despoja de su significación el voto
emitido a su favor, que fue contra los sectores de derecha y por la
continuidad de un proceso de avance político.
La derecha logró
posicionarse en Argentina y en Chile y mantener su posición en Colombia.
En Ecuador, impuso su programa a partir de la traición de un candidato
de la izquierda. Esto no significa, sin embargo, que esté destinado al
triunfo todo intento de revertir el avance político en América Latina.
¿Hasta cuándo logrará el poder mediático ocultar el sello de la
ilegitimidad impreso por jornadas de protesta como las que tuvieron
lugar la semana pasada en Argentina, por ejemplo.
El carácter antipopular de las políticas neoliberales es inocultable.
Las recientes protestas en Nicaragua, cuya alta carga de violencia es
colocada como costal a los sectores de izquierda, resultaron de medidas
abiertamente neoliberales tomadas por el gobierno encabezado por Daniel
Ortega Saavedra.
La pretendida imposición de un pago del 5 por
ciento de su ingreso mensual a las personas pensionadas y el aumento de
casi un uno por ciento a los asalariados, ambos cargos para reformar la
seguridad social, son medidas impopulares.
El aumento de la
carga a los empresarios, que también estaba contemplado, solo podría ser
aceptable si el gobierno estaba en capacidad de impedir que la carga le
fuera trasladada de manera directa a los trabajadores.
Las
medidas fueron revocadas y la violencia ha continuado en las calles, lo
cual hace pensar que la clase dominante tiene las manos metidas en estas
acciones, pero las concesiones en aspectos esenciales pueden ser
altamente costosas en momentos como este, algo que no debieron ignorar
Daniel Ortega y sus asesores.
Por la misma razón, uno de los
grandes retos del gobierno que se inicia en Venezuela, es la búsqueda de
mecanismos con alta participación popular para enfrentar la guerra
económica. El pueblo es afectado por esa guerra y debe ser palpable el
enfrentamiento a quienes la sostienen.
El doble rasero
El imperialismo impone sanciones a Nicaragua, pero pretende instalar un
gobierno que tome, y no revoque, medidas neoliberales como las que
pretendió tomar Daniel Ortega. Y más aún, que reparta la carga entre
trabajadores y pensionados y no afecte a los empresarios, porque rebajar
los impuestos al gran capital es lo que manda la derecha, no
aumentárselos.
Para ese gobierno, cambiaría el calificativo a
las acciones de represión. Ya lo hizo en Honduras, cuando en diciembre
pasado aupó la reelección de Juan Orlando Hernández en una elección (de
algún modo hay que llamar al adefesio electorero) abiertamente
fraudulenta. 34 muertos causó la represión a las protestas contra el
fraude, pero Juan Orlando Hernández es un demócrata reconocido como tal
por el imperialismo. ¡El colmo del retorcimiento!
Igual que con
las sanciones a Venezuela, son medidas que afectan a la población y los
estrategas lo saben. Es inocultable, pues, el sello clasista de estas
políticas.
Arrodillar a Venezuela es una vieja meta, y Donald
Trump y sus aliados europeos tratan de lograrla incrementando las
carencias y sacrificando a la población.
El imperialismo actúa contra los pueblos. ¿Cómo calificar un crimen de semejante magnitud y alcance?
Es palpable también el caso de Colombia, donde han sido asesinados en
el presente año (sin incluir los casos ocurridos después del 10 de mayo)
47 líderes sociales y 22 exguerrilleros, y el gobierno encabezado por
Juan Manuel Santos ha ignorado la denuncia, documentada por
organizaciones sociales, de que hay organismos paramilitares en acción y
cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de empresarios
colombianos.
Hay que citar, además, la política de exterminio
de jóvenes en Argentina. En menos de dos años, los cuerpos argentinos de
represión mataron 725 jóvenes argentinos. Es el saldo de la represión
ejercida en momentos distintos y mediante métodos distintos (hasta
atropellan con vehículos a grupos que protestan).
El poder
mediático y la estructura social clasista contribuyen a invisibilizar
políticas de este tipo, pero hay que denunciarlas como criminales por
definición y esencia.
Fuera de la región, pero no menos
escandaloso, es el caso de la masacre en Palestina. Estados Unidos vetó
en la Organización de las Naciones Unidas la condena por la masacre al
criminal gobierno de Israel.
Luis Almagro, secretario de la OEA
y siervo fiel de Estados Unidos. Hace unos días, reaccionó ante el
traslado a Jerusalén de la embajada de Estados Unidos y de otras
embajadas latinoamericanas diciendo que “Jerusalén es la capital de
Israel”. Volvió a ignorar el costo en sangre, ¡porque hasta ahí llega su
seguidismo y su compromiso con Donald Trump!
Hablemos de futuro
El ordenamiento neoliberal se sirve de la represión abierta en y de veladas políticas de exterminio con sello clasista.
No es casual que Mauricio Macri se reuniera personalmente con un
policía (Luis Chocobar) acusado de ejecutar a un joven sospechoso. En
los casos de Colombia, México y Honduras, el compromiso de los
gobernantes con políticas de este tipo también es notorio, pero eso no
es tema de análisis en la prensa dominada por el gran capital, porque
son políticas a favor de la propiedad.
Estados Unidos, Canadá y
la Unión Europea, no cercan a estos gobiernos ni apoyan acciones de
boicot contra ellos, porque los tienen como peones.
Ellos se
han prestado a convertirse en obstáculos para la construcción de la
Patria Grande, y a mantener a la Organización de Estados Americanos como
un organismo al cual todavía le cabe el calificativo de Ministerio de
Colonias.
Los procesos revolucionarios de América Latina tienen
el reto de superarse a sí mismos y de sacar de sus entrañas grandes
males, pero la derecha es parte del problema, no de la solución. La
prueba es que sus políticas son contrarias a los intereses de las
mayorías… La humanidad seguirá buscando vías contrarias al capitalismo…
No lo van a impedir las grandes potencias.
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