Plaza Pública
El conjunto de casos investigados por el Ministerio Público (MP) y la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), más
allá de los hechos y procesos jurídicos que han desencadenado, evidencia
dos factores de carácter estructural e histórico íntimamente
relacionados que contribuyen a explicar el proceso económico, la
dinámica y la disputa política en el país.
El primer factor se
relaciona con el carácter del capitalismo. Estudios históricos y
recientes han demostrado cómo la clase capitalista ha gestado un Estado
para garantizar sus objetivos de acumulación de capital y la
reproducción de su dominio. Esto lo ha hecho a través de la aprobación
de leyes, la determinación de políticas y la implementación de diversos
mecanismos y dispositivos jurídicos, políticos, económicos y
extralegales para apropiarse de tierras, fuentes de agua, minerales y
metales que constituyen bienes comunes, así como de recursos públicos a
través de privatizaciones, concesiones y elusión y evasión fiscales, por
ejemplo. Todo ello, operado a través de empresarios-políticos que han
gobernado o cumplido funciones de alto nivel gubernamental y de
operadores que han sido colocados en los organismos del Estado y que
controlan el engranaje del sistema político. En esta dinámica también
han participado y se han visto beneficiados pequeños y medianos
empresarios, contrabandistas, evasores y funcionarios corruptos, que han
operado por su cuenta y riesgo o íntimamente ligados con las
principales articulaciones del poder económico. Esto constituye parte de
lo que autores como David Harvey han denominado «acumulación por
desposesión».
El segundo factor se relaciona con los intereses
que configuran y articulan el sistema político. Estos intereses son a)
la reproducción de las condiciones para la acumulación de capital, legal
e ilegal, y b) el enriquecimiento ilícito de capitalistas y de quienes
funcionan como sus operadores, muchos de ellos políticos que han hecho
de la política partidaria una actividad rentista, de enriquecimiento
personal. No obstante los fundamentos ideológicos y las ambiciones de
poder de quienes controlan los partidos predominantes en el sistema
político, su práctica ha estado regida por los intereses de acumulación
de capital. Allí yace su carácter de empresas electorales, dirigidas a
operar, intermediar, agregar y representar tales intereses, y a negar,
combatir y criminalizar a los sujetos mayoritarios de la sociedad que no
encuentran otro camino que luchar por su intereses, demandas y
necesidades a través de la protesta y la movilización social.
Los
factores antes descritos han quedado documentados en los casos
desnudados por el MP y la Cicig. El caso Odebrecht, uno de los
presentados más recientemente, evidencia el carácter corrupto de las
relaciones entre la empresa transnacional, empresarios pertenecientes a
uno de los principales grupos corporativos locales y un conjunto de
operadores políticos de alto nivel que actuaron desde los partidos
políticos para beneficiarse de una concesión fraudulenta para la
construcción de una obra pública inconclusa. El caso revela cómo se
gestó la relación ilegal que articuló políticos y partidos políticos
aparentemente en disputa: PP, Líder, UNE, Reformador y FCN-Nación. Son
estos políticos y empresarios los que se fueron trasladando a otros
partidos y acomodándose en ellos en la medida en que avanzaron la crisis
política y la contienda electoral en 2015 y ellos terminaron
articulados en torno al partido y gobernante actuales, como sustento de
la actual gestión gubernamental y legislativa. Su objetivo: lograr
impunidad para empresarios, políticos y funcionarios capturados e
investigados por corrupción y crimen durante los tres últimos períodos
gubernamentales, incluido el actual.
Dado lo anterior, la
articulación política gobernante es la continuidad del pacto de
impunidad y de corrupción integrado por importantes grupos de la clase
dominante, por buena parte de la llamada clase política y por
mafias organizadas. En este momento, uno de sus propósitos es tomar todo
organismo estatal para detener y revertir los procesos judiciales y de
investigación en marcha. Esto explica la elección de la junta directiva
del Congreso, la destitución del jefe de la SAT, el relevo de aquellos
ministros gestores de la embajada de Estados Unidos interesados en el
avance de la investigación criminal, la designación de un nuevo fiscal
general afín y la eventual salida de la Cicig del país.
Esto es
lo que configura en buena parte el estado actual de la disputa política.
Quienes integran el pacto de impunidad y de corrupción están pujando
por consolidar su fuerza y renegociar con Estados Unidos los términos
para el avance del protectorado que cada vez más define al Estado
guatemalteco y que se intenta consolidar a través del Plan de la Alianza
para la Prosperidad del Triángulo Norte.
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