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"Uno
de los mayores problemas en la región son las amenazas que sufren los
defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, y que van en
aumento en países como Brasil y Honduras", dijo Knox, quien recomendó a
los Gobiernos "tomar más en serio" este asunto.
Si
bien en Brasil se están tomando medidas, continuó, los Gobiernos "deben
hacer mayores esfuerzos" para resolver la situación a la que se
enfrentan los ambientalistas, pues "ponen su vida literalmente en
riesgo", insistió el relator especial sobre Medio Ambiente y Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.
Knox, que visitó esta semana
Uruguay para evaluar cómo el Gobierno cumple las obligaciones
relacionadas con el ambiente, explicó que la violencia contra los
líderes ambientalistas se suele manifestar en "comunidades
marginalizadas, generalmente pueblos indígenas que ya están apartados de
la vida política y jurídica del país y que sufren mucha
discriminación".Lea más: Asesinos de Berta Cáceres siguen impunes un año después
Además, esas poblaciones viven en áreas de gran valor para la minería por los recursos minerales de que disponen o en lugares donde se quieren establecer plantaciones, "lo que genera conflictos con las poderosas fuerzas económicas".
Esos conflictos, añadió Knox, "se convierten en algo peligroso debido a la ausencia de un Estado de derecho fuerte".
"En
algunos países la debilidad del Estado de derecho es un problema
nacional, pero en otros se trata de una cuestión de áreas rurales
alejadas de las ciudades, que muchas veces no están sujetas a los mismos
mecanismos de control nacional", explicó.
Todos esos factores inciden en las altas tasas de homicidios, abusos, amenazas y violencia.
Datos
de diferentes organizaciones no gubernamentales indican que entre 2010 y
2015 fueron asesinados en Honduras 109 ambientalistas.Uno de los crímenes que despertó más repercusión internacional fue el de la reconocida dirigente indígena Berta Cáceres, asesinada a balazos en Honduras en marzo de 2016 dentro de su casa, pese a las medidas cautelares que había ordenado para ella la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un mecanismo de protección que se aplica a personas amenazadas.
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Cáceres intentaba proteger el territorio de las comunidades indígenas lencas del proyecto de la empresa DESA, que pretendía construir una central hidroeléctrica en el noroeste de Honduras.
Tan solo 12 días después de ese crimen fue asesinado Nelson García, otro activista del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el mismo al que pertenecía Cáceres, y hasta la actualidad los asesinatos contra ambientalistas en ese país no han cesado.
Acuerdo regional
Teniendo
en cuenta este contexto, Knox destacó la importancia de que los países
de América Latina y el Caribe apoyen el acuerdo regional sobre el
Principio 10, que busca facilitar la implementación de los derechos de
acceso a la información, participación y justicia en asuntos
ambientales.
Fue en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012 donde los países signatarios se
comprometieron a avanzar en la consecución de un acuerdo regional que
cuenta con el apoyo de la Comisión Económica de América Latina y el
Caribe (Cepal) como secretaría técnica.Según los datos de la Cepal, a finales de 2014 los países comenzaron la fase de negociación del acuerdo, "creando un comité de negociación con la expectativa de finalizarlo en diciembre de 2017".
Ese
acuerdo "establecería los estándares mínimos que cada país debería
cumplir para brindar información, brindar acceso a la participación
popular en la toma de decisiones y brindar soluciones efectivas" en la
materia, señaló Knox.
Europa, añadió el especialista, cuenta con
un tratado similar, el Convenio de Aarhus, que se firmó en 1998 con el
objetivo de regular los derechos de participación ciudadana en relación
con el ambiente.El Convenio de Aarhus (que debe su nombre a la ciudad danesa donde se firmó) incluye un proceso de solución de controversias internacional mediante el cual se pueden presentar demandas contra los Gobiernos si no cumplen con sus obligaciones.
Esa iniciativa, según Knox, se debería contemplar también en el acuerdo regional que están analizando los países de América Latina.
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Por último, Knox confió en que a finales de este año se concluya el acuerdo regional, que luego debe convertirse en un tratado vinculante.
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