Honduras
El golpe de Estado en
Honduras promovido por la administración Clinton-Obama sirvió para que
el crimen organizado terminara de apoderarse del país, especialmente de
la costa norte, donde venían gestando sus feudos con la cooperación de
las fuerzas de seguridad y el poder judicial.
En mayo del 2012 aconteció la masacre de Ahuas, cuando helicópteros de la DEA ametrallaron a un grupo de mujeres y menores de edad Miskitos en el río Patuca. Días antes de la masacre el New York Times publicó un artículo intitulado “Lecciones de Irak ayudan a Estados Unidos a luchar contra la droga en Honduras”; dando lugar al inicio de una supuesta ofensiva contra el narcotráfico, tras décadas de la metástasis del crimen organizado a lo largo de México y Centroamérica, la cual se dio con la complacencia de la élite de poder local y de las fuerzas imperiales.
En la medida que el crimen organizado se fue apoderando de las instituciones gubernamentales a través de la compra de operadores de justicia, fuerzas de seguridad, además de aliarse con la élite de poder; se inició una ofensiva en contra del movimiento social que de cierta manera interfería con sus intereses y proyectos de "desarrollo".
El lavado de activos a través de minería, hidroeléctricas, plantaciones de palma africana y la “compra” de enorme tractos de tierra, reconfiguró el aparato productivo del país, que si bien creo algunas fuentes de trabajo, dio lugar a un incremento del feudalismo especialmente en las zonas rurales; además de intensificar la rapiña territorial que viene aquejando a Honduras desde hace décadas.
Las elecciones del año 2013 pasaron a la historia como la confirmación de la narco democracia en Honduras: compra de votos, y la alteración de las actas electorales, sirvió para que buena parte de las municipalidades y curules legislativos pasaran a manos de los carteles de las drogas.
Mientras tanto la persecución de los defensores de los bienes comunes se convirtió en una de las misiones estatales, para favorecer a la élite de poder y sus nuevos padrinos, de los cuales aprendieron que la violencia produce enormes réditos económicos.
En las últimas semanas los medios de comunicación hondureños -los que se plegaron al golpe de estado del 2009- aparecen haciendo eco a los señalamientos provenientes de la Fiscalía de Nueva York, donde efectúan señalamientos a políticos, banqueros y miembros delas fuerzas de seguridad que se habían puesto a las ordenes del crimen organizado, entregando el país al narcotráfico.
La gravedad de las denuncias presentadas por el gobierno de los Estados Unidos no causaron mayor impacto en Honduras, donde esa información desde hace años formaba parte de la ola de rumores en los que señalaban a miembros de casa presidencial como parte de las redes implicadas en el desmantelamiento de Honduras y su conversión en un mar de sangre.
El asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres -convertida en “ambientalista” por los medios de comunicación- demostró la intolerancia que padece la élite de poder en Honduras. El asesinato fue perpetrado por un oficial de “inteligencia” del ejercito, asignado como instructor en la Policía Militar, acompañado entre otros por un ejecutivo de la empresa DESA, la que pertenece al clan Atala-Faraj.
Todo parece indicar que aquellos que promovieron el asesinato de Berta auguran la desaparición del COPINH, ante su infatigable lucha por la defensa del territorio y la cultura Lenca, ademas del loable trabajo que han realizado en búsqueda de la aplicación de justicia en un país donde el 95% de los asesinatos quedaron en la impunidad y varios crímenes de personajes de alto perfil, fueron fraguados en los cuarteles de la colapsada policía.
La fracasada guerra contra las drogas promovida por los Estados Unidos desde hace más de cuatro décadas, muestra en el caso de Honduras el ejemplo clásico de un fracaso rotundo, que pudo haber sido un hecho premeditado. Los Estados Unidos comenzaron a intervenir de forma tardía, dando lugar a una putrefacción del aparato judicial y fuerzas de seguridad. Además de permitir en nombre de la gobernabilidad la asociación de
Estados Unidos con gobiernos evidentemente relacionados con el crimen organizado.
La república mafiosa que padecemos en Honduras en cierta forma es consecuencia de la enorme farsa en que se ha convertido la guerra contra las drogas. Al mismo tiempo que la persecución frontal que existe contra defensores de los bienes comunes -la mayoría provenientes de pueblos indígenas- nos ha dejado totalmente desprotegidos, ya que el colapso institucional existente en el país permite la eliminación de aquellos que se oponen a la dictadura civil.
En mayo del 2012 aconteció la masacre de Ahuas, cuando helicópteros de la DEA ametrallaron a un grupo de mujeres y menores de edad Miskitos en el río Patuca. Días antes de la masacre el New York Times publicó un artículo intitulado “Lecciones de Irak ayudan a Estados Unidos a luchar contra la droga en Honduras”; dando lugar al inicio de una supuesta ofensiva contra el narcotráfico, tras décadas de la metástasis del crimen organizado a lo largo de México y Centroamérica, la cual se dio con la complacencia de la élite de poder local y de las fuerzas imperiales.
En la medida que el crimen organizado se fue apoderando de las instituciones gubernamentales a través de la compra de operadores de justicia, fuerzas de seguridad, además de aliarse con la élite de poder; se inició una ofensiva en contra del movimiento social que de cierta manera interfería con sus intereses y proyectos de "desarrollo".
El lavado de activos a través de minería, hidroeléctricas, plantaciones de palma africana y la “compra” de enorme tractos de tierra, reconfiguró el aparato productivo del país, que si bien creo algunas fuentes de trabajo, dio lugar a un incremento del feudalismo especialmente en las zonas rurales; además de intensificar la rapiña territorial que viene aquejando a Honduras desde hace décadas.
Las elecciones del año 2013 pasaron a la historia como la confirmación de la narco democracia en Honduras: compra de votos, y la alteración de las actas electorales, sirvió para que buena parte de las municipalidades y curules legislativos pasaran a manos de los carteles de las drogas.
Mientras tanto la persecución de los defensores de los bienes comunes se convirtió en una de las misiones estatales, para favorecer a la élite de poder y sus nuevos padrinos, de los cuales aprendieron que la violencia produce enormes réditos económicos.
En las últimas semanas los medios de comunicación hondureños -los que se plegaron al golpe de estado del 2009- aparecen haciendo eco a los señalamientos provenientes de la Fiscalía de Nueva York, donde efectúan señalamientos a políticos, banqueros y miembros delas fuerzas de seguridad que se habían puesto a las ordenes del crimen organizado, entregando el país al narcotráfico.
La gravedad de las denuncias presentadas por el gobierno de los Estados Unidos no causaron mayor impacto en Honduras, donde esa información desde hace años formaba parte de la ola de rumores en los que señalaban a miembros de casa presidencial como parte de las redes implicadas en el desmantelamiento de Honduras y su conversión en un mar de sangre.
El asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres -convertida en “ambientalista” por los medios de comunicación- demostró la intolerancia que padece la élite de poder en Honduras. El asesinato fue perpetrado por un oficial de “inteligencia” del ejercito, asignado como instructor en la Policía Militar, acompañado entre otros por un ejecutivo de la empresa DESA, la que pertenece al clan Atala-Faraj.
Todo parece indicar que aquellos que promovieron el asesinato de Berta auguran la desaparición del COPINH, ante su infatigable lucha por la defensa del territorio y la cultura Lenca, ademas del loable trabajo que han realizado en búsqueda de la aplicación de justicia en un país donde el 95% de los asesinatos quedaron en la impunidad y varios crímenes de personajes de alto perfil, fueron fraguados en los cuarteles de la colapsada policía.
La fracasada guerra contra las drogas promovida por los Estados Unidos desde hace más de cuatro décadas, muestra en el caso de Honduras el ejemplo clásico de un fracaso rotundo, que pudo haber sido un hecho premeditado. Los Estados Unidos comenzaron a intervenir de forma tardía, dando lugar a una putrefacción del aparato judicial y fuerzas de seguridad. Además de permitir en nombre de la gobernabilidad la asociación de
Estados Unidos con gobiernos evidentemente relacionados con el crimen organizado.
La república mafiosa que padecemos en Honduras en cierta forma es consecuencia de la enorme farsa en que se ha convertido la guerra contra las drogas. Al mismo tiempo que la persecución frontal que existe contra defensores de los bienes comunes -la mayoría provenientes de pueblos indígenas- nos ha dejado totalmente desprotegidos, ya que el colapso institucional existente en el país permite la eliminación de aquellos que se oponen a la dictadura civil.
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