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sábado, 29 de abril de 2017

Nichos de la restauración liberal: la cuestión de la tierra en Argentina y Brasil



Camila Vollenweider y Lorena Freitez
CELAG


Hoy la derecha avanza restaurando privilegios y mecanismos de desposesión hacia los pueblos allá donde la izquierda dejó flancos abiertos. En América Latina los gobiernos progresistas de países como Argentina y Brasil mostraron transformaciones importantes en sus políticas sociales garantizando mecanismos de re-distribución de riqueza que en mucho abonaron en la mejora de la calidad de vida de sus poblaciones. Sin embargo, las tareas pendientes de estos gobiernos hoy se transforman en el hoyo negro por donde podrían revertirse los avances obtenidos. El principal flanco abierto que dejaron los progresismos en estos países se observa en la vulnerabilidad jurídica e institucional para transformar estructuralmente los regímenes de propiedad y uso de la tierra, dejando márgenes de maniobra que los grandes propietarios saben aprovechar. Saben que es justamente en el control de la posesión de medios estratégicos de producción donde radican sus posibilidades de dominio político sobre las mayorías.
En específico, los gobiernos kirchneristas y petistas avanzaron en la promoción de derechos de estos grupos sociales subalternos vinculados a la tierra y en la convocatoria de sus organizaciones para participar en la gestión estatal de sus problemáticas. Sin embargo, ni el problema de la distribución de la tierra –altamente concentrada en ambos países- se tocó sustancialmente, ni se modificó la matriz productiva extractivista que afecta directamente la vida de estas poblaciones.
Lo que ha sucedido en los meses que han pasado desde que Macri y Temer llegaron al poder, es que se ha dinamitado el avance logrado en materia de limitación de la capacidad de dominio absoluto sobre la tierra y sus productos por parte del gran capital. El Estado se ha puesto exclusivamente a su favor. Este patrón en los modos de gobierno de la derecha en el continente no asombran cuando se entiende que la única manera de sostener un sistema económico tan desigual como el capitalismo es garantizando el control de un aparato político de tal envergadura como el Estado. La derecha emplea vías institucionales para desposeer o privatizar "legalmente" bienes públicos y comunes, colocando en riesgo las posibilidades de garantizar la vida de la población y colocando en cuestión el control territorial de la nación. Vale destacar que esto sólo se puede lograr, por un lado, operando en el campo de la hegemonía, convenciendo a la población que esto es lo mejor para todos y que esta clase posee la superioridad intelectual y moral para hacerlo y, por el otro, gestionando la conflictividad y procesos de resistencia social que esto genera por la vía de la violencia (represión). Este ha sido el patrón histórico de reproducción de sus mecanismos de poder, aún cuando sus programas u ofertas públicas para ganar elecciones jamás lo develen.
Reveses jurídicos: Conservar los patrones históricos de concentración de la propiedad de la tierra
A seis meses de asumir la presidencia, Mauricio Macri modificó, por decreto, la Ley de Tierras Rurales sancionada por el gobierno anterior, con el que flexibilizó las restricciones a la compra de tierra por parte de extranjeros. Hasta entonces, la titularidad extranjera de tierras tenía el tope del 15%, se consideraba titular extranjero a quien poseyera un porcentaje superior al 25% del capital social de una persona jurídica y los titulares extranjeros así definidos no podían adquirir más de 1000 hectáreas cada uno –o equivalente- en la zona núcleo, la región pampeana. Con la nueva disposición -que llegó para contrarrestar la anterior ley que, según el gobierno "era una locura"- lo que se pretende es "destrabar las inversiones de afuera"; para ello, serán reconocidos como extranjeros aquellos que posean más del 51% del capital y las provincias deberán fijar dichas equivalencias y así establecer el límite de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito[1]. También se decretó que en las zonas industriales no habrá límite de compra de tierras por parte de extranjeros[2].
En Brasil existen propuestas similares en tratamiento legislativo: una es el proyecto de ley 4.059/2012, que propone la liberación casi irrestricta para la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros. Esta propuesta es una de las prioridades de la llamada bancada "ruralista" (lobby de los agronegocios) que fue presentada a Temer como interino, como parte de la negociación por apoyo de esta bancada al impeachment. Actualmente se encuentra en régimen de urgencia para su votación en la Cámara. La ley vigente data de 1971 e impone límites a la compra de tierras por extranjeros.
El campesinado también está siendo cercado por el gobierno Temer, en un país en el que el 1% de los establecimientos rurales concentra el 45% de toda el área rural[3]. Éste presentó el pasado año una medida provisoria (MP 759) en el Congreso para "facilitar la regularización fundiaria de tierras urbanas y rurales", que los afecta directamente. Según el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en la práctica "la medida da carta blanca al gobierno para vender tierras públicas, incluso aquellas donde ya existen campamentos o asentamientos enmarcados en la Reforma Agraria, incluso áreas ocupadas por familias de bajos ingresos en las ciudades". El motivo es que la propuesta altera la forma en cómo se otorgan las tierras públicas: en vez de una concesión para que la tierra pueda ser usufructuada con vistas a su función social y de forma hereditaria, como ocurre ahora, el gobierno pasa a otorgar una titulación que, entre otros aspectos, reduce los compromisos que el poseedor debe asumir con la tierra y permite que el lote sea vendido a terceros. También municipaliza el proceso de división de tierras previsto por la Reforma Agraria, lo que en la práctica se torna inviable porque generalmente son los propios latifundistas los que ocupan los gobiernos locales[4].
En el mismo sentido opina el Frente Nacional Campesino (FNC) de Argentina respecto de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena impulsada por el gobierno de Cristina Fernández y sancionada por el Legislativo en 2015. Esta Ley no fue reglamentada durante ese año y tampoco desde que asumió Mauricio Macri, pese a sus promesas de hacerlo cuando inició su gestión. Desde el FNC señalan que "sus políticas apuntan a hacer desaparecer a los pequeños productores, beneficiando únicamente a los pools de siembra, a los grandes establecimientos y a las corporaciones agroexportadoras. Es un modelo realmente injusto, que cada día genera mayores conflictos en relación a la tierra y al acceso al agua"[5]. Le faltó agregar que el gobierno argentino ha prometido impulsar nuevamente en el Congreso la llamada Ley de Semillas, que prevé el cobro de regalías por parte de empresas agroquímicas multinacionales que recientemente se han visto beneficiadas también con la aprobación reciente de seis nuevos transgénicos para la soja y el maíz (Syngenta, DowAgroSciences, Pioneer y Monsanto). El dato no sorprende habiendo al menos 30 funcionarios del gobierno Macri vinculados con la industria agroquímica transnacional[6].
Burocratización para acentuar la desposesión
Actualmente existen en Brasil 300 pueblos indígenas que abarcan a 817 mil personas, y 462 tierras indígenas regularizadas que representan cerca del 12,2% del territorio. Sin embargo, quedan aún 127 tierras en proceso de demarcación. Éste es altamente burocrático y, hasta hace pocos días, sólo involucraba a la FUNAI (Fundación Nacional del Indio, que demarca la tierra) al Ministerio de Justicia (que declaraba delimitada la tierra), y al presidente de la República (quien firmaba el decreto con la homologación). Ahora se le quita peso a la FUNAI, quien se encargaba de todos los estudios previos pertinentes, dado que la misma integrará un Grupo de Trabajo Especializado con integrantes otras áreas de gobierno (consultoría Jurídica del Ministerio de Justicia, Secretaría de Derechos Humanos y Secretaría de Igualdad Racial[7]), lo que, en la práctica, implica relativizar el peso de las decisiones de la FUNAI[8]. No sólo eso: el embate contra las políticas de protección de los territorios indígenas ha sucedido también a través del vaciamiento de la FUNAI comenzado desde la llegada de Temer –mediante cese de personal, recortes de cargos y reducción presupuestaria- y el freno, desde abril del pasado año, de la homologación presidencial a los casos de demarcación ya aprobados por el Ministerio de Justicia. Además de burocrático, es un proceso también político en el que se ven involucradas negociaciones del presidente con legisladores de la llamada "bancada ruralista", que se oponen a la demarcación por sus intereses en los agronegocios[9]. No está de más señalar que el Ministro de Justicia, Osmar Serraglio, era diputado miembro de esta bancada y director jurídico del Frente Parlamentario Agropecuario[10].
El Ministerio de Agroindustria argentino, comandado por el terrateniente Ricardo Buriayle, también ha comenzado el proceso de vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar. Este recorte motivó la renuncia, en octubre del pasado año, de 12 funcionarios de la cartera, incluyendo a su titular. Desde el Consejo Asesor de la Agricultura Familiar señalaron por entonces que "el presupuesto previsto por la Secretaría de Agricultura Familiar para 2017 es una sentencia de muerte porque en el mejor de los casos incorporaría 195 millones de pesos para un sector que desde 2015 reclama más de 1.500 millones para hacer realidad la reparación histórica que plantea la ley"[11].
La población quilombola[12] en Brasil también viene sufriendo los retrocesos del gobierno Temer: apenas asumido, quitó la atribución de la demarcación de tierras quilombolas al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria para otorgársela al poco idóneo Ministerio de Educación y Cultura; ahora, ha suspendido por tiempo indeterminado toda legalización de estos territorios, lo que no sucedía desde 1995. El argumento es que el Supremo Tribunal Federal tiene en estudio una demanda de inconstitucionalidad del decreto presidencial que definió los procedimientos para la demarcación, presentada en 2004; entre otros aspectos, la demanda postula que debe ser el Congreso quien apruebe las demarcaciones –un Congreso en el que el lobby de los agronegocios es, como el evangélico y el militarista, muy poderoso[13].
La violencia para controlar la resistencia a la desposesión
Además de la pérdida de importancia a nivel institucional que habían conseguido las distintas agrupaciones sociales vinculadas a la tierra, tanto Brasil como en Argentina [14], la represión de las fuerzas de seguridad estatales y paraestatales no sólo continúa, sino que se ha incrementado.
En Argentina, sobre todo las regiones sur y norte del país han sido escenarios de violentas represiones por parte de las policías provinciales ante diversos reclamos campesinos e indígenas. A pesar de la promesa de campaña de Macri de "vamos a trabajar juntos para atender las necesidades de los pueblos originarios"[15], la situación de este colectivo dista mucho de lo prometido. Sin dudas uno de los casos más notorios fue la represión a la comunidad mapuche Pu Lof, en la provincia de Chubut, el pasado mes de enero por parte de la policía provincial –cuyo gobernador es afín a Macri- y la gendarmería nacional –dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación-. Como en otras oportunidades, los mapuche reclaman por la restitución de tierras apropiadas por grandes terratenientes, como Luciano Benetton, que posee un millón de hectáreas en la Patagonia[16]. En el último año también se han registrado casos de represión estatal y/o paraestatal hacia campesinos e indígenas en Formosa, Buenos Aires, Santiago del Estero, Salta y Neuquén, entre otras provincias.
En Brasil, la violencia en el campo también se ha recrudecido, tanto por el accionar de las fuerzas de seguridad de los Estados y por el de las fuerzas parapoliciales con que cuentan muchos latifundistas, como por el vaciamiento de los organismos fiscalizadores. En 2016, el año en que asumió Temer, fueron registrados 1295 casos de conflicto violento por la  tierra en Brasil, resultando con 61 asesinatos –lo que representa un crecimiento del 22% respecto del año anterior-. Fueron registradas 74 tentativas de homicidio, 200 amenazas de muerte, 571 agresiones y 228 encarcelamientos. Estas cifras han llevado a afirmar que se trata de un récord en el número de violaciones en el campo, el número más elevado desde 1985 [17].
Notas:
[7] Estas dos últimas con rango de Ministerio hasta la llegada de Temer al poder.
[12] Poblaciones descendientes de esclavos huidos de las plantaciones que tienen su propio ordenamiento político
[14] Durante el kirchnerismo, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino participaron de la gestión de la Secretaría de Agricultura Familiar. También existió buen nivel de diálogo con el Frente Nacional Campesino.
[16] Otros destacados terratenientes extranjeros son Douglas Tomkins (350 mil hectáreas en corrientes, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego), Lewis con 18 mil hectáreas en Rio Negro y Ted Turner (5 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego). En los últimos años se ha incrementado la presencia de empresarios chinos y saudíes en Neuquén y el Chaco, respectivamente. http://hojadenoticias.com/2017/el-conflicto-por-la-extranjerizacion-de-la-tierra-no-se-reduce-a-un-tema-de-etnia/
@mcvollenweider, @lorenafreitez
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