Miradas al Sur
Entre
1989 y 2013 fueron ejecutados 115 campesinos paraguayos por fuerzas de
seguridad y sicarios. Agronegocio, ilegalidad y complicidad estatal
están en la base de esta matanza, un modelo que se profundizó en los
últimos años.
Chokokue es una palabra en guaraní que significa
campesino, o agricultor, y es el nombre del informe que hace pocos días
publicó la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy)
acerca de los asesinatos de campesinos cometidos en ese país en los
últimos 24 años. El trabajo toma como fecha de comienzo de la
investigación el 3 de febrero de 1989, día en que el general Andrés
Rodríguez encabezó un golpe de Estado que destituyó al dictador Alfredo
Stroessner luego de 35 años de gobierno. Es a partir de allí que
comienza la llamada Transición Democrática, período que, según varios
analistas, aún está en desarrollo. La Codehupy señaló en su informe que
desde la caída del dictador hasta agosto de 2013, 115 campesinos fueron
asesinados por fuerzas de seguridad o sicarios al mando de grandes
terratenientes con el fin de amedrentar la lucha por la tierra. Un dato
que los investigadores vinculan directamente con el avance del
agronegocio y la concentración de la tierra producidos durante la
Transición Democrática.
Paraguay tiene un índice de
concentración de la tierra muy elevado. Según datos oficiales, el 2,6%
de los propietarios tienen el 85% de la tierra cultivable del país. Un
proceso que en las últimas dos décadas se ha acentuado. Entre 1991 y
2008, las fincas menores a 100 hectáreas de extensión disminuyeron en
un 15%, mientras que las más extensas aumentaron en un 43% ocupando
30.107.408 hectáreas cultivables del país. A esto se le suma el
fenómeno de las tierras malhabidas, campos que debían destinarse a la
reforma agraria y terminaron en manos de simpatizantes de la dictadura
stroenista o amigos de altas autoridades del Estado paraguayo. Entre
1954 y 2003 fueron adjudicadas de manera fraudulenta 7.800.000
hectáreas de tierra.
“En ese contexto de alta concentración de
la tierra, de una gran cantidad de tierras malhabidas, de una deuda
pendiente de la transición democrática que es la reforma agraria, los
diversos actos de atropello y violencia contra los campesinos se
producen en respuesta a los reclamos que los movimientos vienen
haciendo hace mucho tiempo”, explicó Enrique Gauto, secretario
ejecutivo de la Codehupy. “Son reivindicaciones que pasan por una
reforma agraria que incluya la recuperación de las tierras malhabidas y
el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades
campesinas. Es importante señalar que la reforma agraria en nuestro
país tiene rango constitucional.”
En su trabajo, la coordinadora
recopiló cada uno de los 115 casos detectados, incluyendo
reconstrucciones de los asesinatos, y documentos que prueban la
vinculación de los mismos con históricos sectores de poder. “Hay
claramente un plan impulsado por terratenientes, sectores de poder
político y económico para ir desplazando progresivamente a la población
campesina de sus tierras y apropiarse cada vez más del territorio
campesino”, explicó Gauto. “Estos sectores ven a la tierra como un
capital sumamente rentable y no tienen ningún reparo en avanzar en este
plan de ejecuciones. Desde el Poder Judicial y el Ministerio Público no
se investigan adecuadamente estos hechos y mucho menos se llega a una
condena a los autores morales. Hay un pacto tácito de complicidad entre
Ministerio Público, Poder Judicial y sectores de alto poder económico y
político”. El objetivo es entonces descabezar a los movimientos
campesinos, eliminar a sus líderes o principales referentes para
desmovilizar y generar miedo. “Hemos podido verificar el temor que
queda instalado en las comunidades donde se produjeron estos asesinatos
y la dificultad en encontrar personas que puedan asumir el papel de los
líderes que fueron ejecutados”, sostuvo el titular de la Coordinadora.
En
ninguno de los 115 casos se ha condenado a los responsables políticos.
De los 91 asesinatos que han llegado a instancias judiciales, sólo en
ocho los autores materiales han sufrido alguna sentencia, aunque
ninguna firme. Otros 47 se encuentran en proceso, 14 se declararon
casos perdidos y no localizables, 16 fueron cerrados judicialmente, y
seis no fueron investigados. La mayoría de los autores materiales, el
67%, son sicarios parapoliciales. En algunos casos, se trata inclusive
de organizaciones civiles impulsadas por el Estado, como las
“comisiones de seguridad vecinal” implementadas por el presidente
Nicanor Duarte (2003-2008), responsables de varios ataques a
movimientos campesinos.
Las fuerzas de seguridad, en cambio, fueron las
responsables del restante tercio de las ejecuciones, en número cada vez
mayor luego de la aprobación de la reforma penal de 1997, sus sucesivas
ampliaciones en el 2008 y la Ley Antiterrorista promulgada en 2010, que
permite reprimir varias de las acciones que las organizaciones
campesinas llevan adelante, como los cortes de ruta. Más recientemente,
el actual presidente Horacio Cartes aprobó la cuestionada Ley de
Seguridad Interna, que permite al Ejecutivo, sin aprobación del
Parlamento, la militarización y declaración de Estado de Sitio en
enteras regiones del país con la excusa de la lucha contra la
insurgencia de Ejército del Pueblo Paraguayo. “Se han hecho denuncias
de atropellos en casas de campesinos y dirigentes, y persecuciones
sistemáticas a las organizaciones en el marco de esta ley”, explicó
Alberto Britez, del Movimiento 15 de Junio. “Esto tiene que ver
directamente con el avance del modo de producción capitalista en el
campo, el agronegocio. Este período de asesinatos tiene directa
relación con el de expansión del territorio sojero y ganadero.
En
muchos de los casos, los autores morales sospechados son dueños de
estancias, grandes empresas agroganaderas que contratan sicarios, o
capangas como les decimos nosotros. Esta expansión sojera ejerce
presión sobre los asentamientos de campesinos en el campo y población
indígena.” Según Britez, esta presión ha crecido exponencialmente bajo
el gobierno de Federico Franco a partir de 2012, y Cartes, que el
pasado 15 de agosto cumplió su primer año de mandato, mantuvo la misma
política. “Es la política de firma de convenios con grandes empresas,
habilitación de cada vez más semillas transgénicas de Monsanto que
inclusive quiere plantar soja en el Chaco Paraguayo, un territorio muy
árido. Entonces se da la compra de tierras campesinas e indígenas,
expulsión vía fumigación de las poblaciones, que no sólo aumenta los
casos de enfermedad, sino que ahuyenta a los campesinos”.
Gran
conmoción causó recientemente la muerte de Adela y Adelaida Álvarez, de
seis meses y tres años de edad respectivamente, a causa de las
fumigaciones en Huber Duré, departamento de Canindeyú. “Muchos
pobladores resisten en sus asentamientos y esto provocó que bajo el
gobierno de Cartes se haya rehabilitado una modalidad que ya se usaba
antes pero no era común, que es la protección policial para la
fumigación de los campos de soja. Esto genera una reacción natural de
la población y ha habido casos de enfrentamientos, inclusive con armas
de fuego, donde dirigentes campesinos fueron baleados”, explicó Britez.
La
Federación Nacional Campesina del Paraguay (FNC) es una de las
organizaciones más afectadas por los asesinatos. Desde 1989, 14 de sus
miembros han sido ejecutados. Marcial Gómez, secretario general adjunto
de la FNC, explicó que “la gran mayoría de las luchas campesinas que se
desarrollan en nuestro país son reprimidas violentamente por el Estado.
Es la lucha por un modelo de desarrollo nacional. Hoy tenemos un modo
de producción agroexportador empresarial basado en el monocultivo de la
soja. Esto expulsa al campesino del campo y va creciendo el latifundio
en pocas manos. Nosotros venimos organizando cortes de ruta y
ocupaciones de latifundios porque es la única forma de conquistar un
pedazo de tierra, defender a nuestras comunidades, u obtener pequeños
logros sectoriales. Pero lo que realmente importa es colocar en el
debate nacional un nuevo modelo de desarrollo. Basado en la
reactivación de la producción agrícola, la reforma agraria, el
desarrollo industrial, que son necesidades fundamentales para nuestro
desarrollo”.
Mini-documental radial sobre el mismo tema:
No hay comentarios:
Publicar un comentario