Rebelión/NCM
La
Casa Blanca está trabajando los detalles de un plan para proteger esta
frontera artificial en el Caribe, en tanto que varias agencias evalúan
formas de superar la crisis económica puertorriqueña y el Departamento
de Justicia está a la espera de certificar alternativas para un
plebiscito que podría restablecer el consentimiento formal al dominio
colonial. Esa atención, por tres frentes a la vez, no agota el
tema de Puerto Rico en las esferas de poder de Estados Unidos, que
incluye también desde las acciones de Wall Street para coaccionar al
gobierno isleño con las degradaciones del crédito, hasta la evaluación
ordenada por el Departamento de Seguridad de la Patria de la historia
de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) a fin de extraer
lecciones sobre cómo lidiar con el terrorismo.
Pero, al menos
por el momento, la crisis en esta pequeña nación isleña del noreste del
Caribe, equidistante de Guantánamo y de Caracas, parece resistir todos
los intentos por conjurarla. Así lo demuestran las bajas consistentes
en el empleo y el poco alivio que causa la baja relativa en la
violencia criminal al verificarse un incremento preocupante en el
corredor de contrabando de narcóticos entre Puerto Rico y la Florida.
Buena parte del problema tiene que ver con el carácter de Puerto Rico
de punto de ahogo antiestratégico, que si bien sirvió muy bien para
ayudar al lanzamiento de la aventura imperial estadounidense a final
del siglo diecinueve y principios del veinte, ahora parece más un
puente para corrientes desestabilizadoras de ese mismo dominio global.
Ahora, la situación de esta colonia repercute en el fortalecimiento de
un sector aventurero de Wall Street que trafica con despojos del
mercado marginal y en fortalecer a las pandillas de contrabandistas que
victimizan la Florida central.
Además, está el agravante de
que Puerto Rico, con cuatro veces más experiencia colonial de la que
EEUU tiene como imperio, sorprendió en 2012 cuando una mayoría absoluta
rechazó la condición de colonia y la proporción de los que votaron por
la anexión para convertirse en un estado de la Unión alcanzó menos de
la mitad de los que participaron. El deslegitimado gobierno autonomista
repudia el plebiscito de 2012, a la vez que busca cómo descarrilar a
los autonomistas que reclaman una nueva relación con EEUU mediante la
convocatoria de otra consulta, en tanto los anexionistas buscan otra
oportunidad para tratar de lograr que en una nueva vuelta su propuesta
logre una mayoría tal que no haya espacio para la duda.
Los
independentistas, por su parte, han catapultado una ofensiva
diplomática que ha logrado que aumente la presión internacional para
que EEUU acepte formalmente el resultado de 2012 e inicie un proceso
para la descolonización de Puerto Rico.
Fue precisamente en
ese año 2012 cuando el Departamento de Seguridad de la Patria de EEUU
recibió de un centro de investigaciones sobre terrorismo de la
Universidad de Maryland el estudio de las FALN. Ese trabajo analizó la
etapa de persecución policial, la vigilancia y el asecho para hacerles
fracasar y el efecto de las medidas de concesión de probatorias a los
apresados a fin de promover la desactivación de la lucha armada por la
independencia de Puerto Rico.
Pero el estudio advierte que el
silenciamiento de las FALN pudo haber tenido que ver con factores
ajenos a las acciones policiales y de inteligencia de EEUU, como el
apoyo generalizado de los puertorriqueños al dominio estadounidense y
la situación internacional por el fin de la Guerra Fría. Ahora, el
consentimiento de Puerto Rico se perdió y la ola internacional en
reclamo de su independencia vuelve a crecer, inclusive entre países
aliados de EEUU.
El Departamento del Tesoro, el Banco de la
Reserva y el comité amplio designado por la Casa Blanca se afanan en
supervisar la situación económica de Puerto Rico en busca de una
salida. Pero la quiebra de las corporaciones públicas de Puerto Rico
continúa acelerándose, la insuficiencia de fondos del Estado ya es un
hecho conocido por todos y las perspectivas económicas generales son
cada vez menos positivas.
Durante este verano han continuado
bajando el índice de actividad económica y la tasa de participación, en
tanto que en el mes de julio se produjo la pérdida dramática de 20.000
puestos de trabajo, o lo que es lo mismo, un empleo perdido cada dos
minutos. Puerto Rico se sigue manteniendo por debajo del millón de
puestos de trabajo y en los primeros 19 meses de gobierno autonomista
se perdieron 354.000 empleos y la creación de empleos acumuló sólo
290.000, según la base de datos del Departamento del Trabajo.
Por supuesto, el contrabando y la corrupción se presentan como opciones
para algunos sectores debido a la crisis económica prolongada y este
país, que desde la década de los cincuenta comenzó a ser usado por el
notorio Vito Genovese como punto de trasbordo de drogas, participó de
la marejada de asesinatos que asoló el Caribe en años recientes y
volvió a bajar sin que se conozca bien qué la produjo y la terminó. Al
bajar, el fenómeno dejó apuntaladas corrientes preocupantes, como el
caso de Curacao, donde se denuncia que pandilleros vinculados a agentes
corruptos de la Agencia de Control de Drogas (DEA) intentaron controlar
instalaciones portuarias y tendrían que ver con el asesinato del líder
independentista Helmin Wiels, o las operaciones de contrabando de gran
escala de Puerto Rico hacia EEUU.
Ante ese panorama, el plan
estratégico para la frontera caribeña –una gestión de años capitaneada
por el comisionado de Puerto Rico en Washington Pedro Pierluisi- deberá
atender la entrada de drogas a Puerto Rico e Islas Vírgenes y la salida
hacia EEUU. Eso trae complicaciones policiales, militares y políticas
muy distintas de los planes para la frontera suroeste con México o la
del norte, con Canadá, que defienden fronteras reales y no una
artificial a más de 1.000 kilómetros de la verdadera.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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